Crisis en el IFE

La advertencia a Andrés Albo, presidente consejero provisional del “autónomo” Instituto Federal Electoral, llegaba desde San Lázaro con brutal claridad. Le prohibían tomar decisiones importantes o hacer nombramientos de funcionarios de cualquier nivel.

Ni siquiera podía cambiar un chofer o una afanadora.
“Si lo hace, lo vamos a considerar como un golpe de estado, y su cabeza rodará por el Periférico”, decía a Vértigo un legislador que participa en las negociaciones para la renovación del IFE.

Minutos antes, ese legislador había repetido el mismo mensaje en charla telefónica con uno de los consejeros electorales. Los diputados, patrones reales en el IFE, tenían acotado, amenazado, amarrado a Albo. “Que ni se mueva, porque le rompemos la madre”, le había dicho el legislador al consejero.

La idea era mantener la parálisis en el IFE, hasta que los coordinadores parlamentarios de los llamados “partidos históricos” –PAN, PRI, PRD-- logren “el máximo de consenso posible”, como marca la Ley. El pivote de esta estrategia era la no promulgación del Cofipe. Hacerlo significaría obligar a los disminuidos consejeros a tomar decisiones. “Hay que promover que no se publique hasta finales de enero”, sugería el legislador.

La terquedad del PRD de imponer al ministro de la Suprema Corte de Justicia y amigo de El Peje, Genaro Góngora Pimentel, combinada con la exigencia de Los Pinos al PAN de llegar a un consenso con los demás partidos, tenían al Instituto al borde de una crisis institucional. El asunto era muy grave.

Vuelta para atrás. Jueves 20 de diciembre. Luís Carlos Ugalde anunciaba su decisión de renunciar al IFE, a pesar de que el Cuarto Transitorio de la Reforma Constitucional, violado con cínica naturalidad por los diputados, quienes no cumplieron con los plazos que elevaron a rango constitucional, preveía la permanencia del actual Consejo, hasta el nombramiento del nuevo consejero presidente y otros dos consejeros electorales.

Destacó Ugalde:

“Durante los últimos 17 meses, el IFE ha vivido amenazado. Estas amenazas se materializaron cuando el Congreso aprobó una reforma constitucional que estableció la remoción anticipada de los consejeros electorales…Y más adelante: “El IFE no puede ser sujeto de los vaivenes y desacuerdos de los partidos políticos. Merece respeto porque lleva a cabo una función central en beneficio de los ciudadanos. La dignidad del IFE está por encima de los intereses de los partidos.”.

Los miembros del bloque cercano a Ugalde habían discutido entre ellos –y con Luís Carlos-- la posibilidad una renuncia masiva. La terquedad del PRD de imponer a Góngora Pimentel, les brindaba la posibilidad de devolver la bofetada al Congreso, que tan mal los había tratado. Pero la propuesta no progresó. El apego al hueso, y las cuentas por pagar podían más que las ganas de revirar a los diputados
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A las 13 horas del lunes 17 de diciembre se reunió el Consejo General del IFE, ya sin Ugalde. El único punto de la agenda era la elección del presidente consejero provisional. Uno a uno habían llegado los consejeros al salón de sesiones. Sus rostros reflejaban tensión, fatiga, molestia, frustración.

El fin de semana había sido muy difícil. Divididos en dos bloques de cuatro, habían negociado, bajo presión exterior, todo el fin de semana, hasta alcanzar un acuerdo mayoritario. Andrés Albo presidiría temporalmente el Consejo General.

El acuerdo para votar mayoritariamente a Albo venia acompañado de la firma de nueve compromisos asumidos por los consejeros electorales para respetar las reglas básicas de trabajo, dirección, toma de decisiones y acuerdos. En el documento, firmado por los ocho, los consejeros asumían el compromiso de guardar civilidad y probidad en las discusiones que se lleven a cabo.

El texto preveía, además, que los presidentes de comisiones permanecerían como titulares de las mismas, salvo en el caso de renuncia, y que se mantendrían en sus cargos los funcionarios actuales.

Una cláusula llamaba poderosamente la atención. Para lelvar cualquier proyecto de acuerdo a la sesion del consejo general se requerirá de una mayoría de seis de ocho votos. Era una forma de los dos grupos de atarse mutuamente las manos.

La renuncia de Ugalde había dejado huérfano al grupo de consejeros integrado por Alejandra Latapí, Teresa González, Arturo Sánchez y Andrés Albo. Ya no eran mayoría frente al bloque de consejeros antiugalde, conformado por Lourdes López, Marco Gómez. Rodrigo Morales, y Virgilio Andrade.

Albo no representaba la mejor opción. Los consejeros lo sabían. No se dirige la palabra con tres de los cuatro consejeros - Lourdes López, Marco Gómez, y Rodrigo Morales-; sus relaciones con María del Carmen Alanis, ex secretaria ejecutiva del IFE y actual presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son “pésimas”.

Para colmo, como presidente de la Comisión de Fiscalización del IFE tiene “encapsulado” y en el limbo el tema de los 281 mil spots no reportados por los partidos, al que nadie le quería entrar por las posibles consecuencias.

“La designación es equivocada”, manifestó Lourdes López, al razonar su voto en contra de Albo. La consejera dijo también que el gran “pecado” en el IFE era la división de su Consejo, y lanzo una advertencia al grupo que apoyó la candidatura del ahora presidente provisional. “Jamás convalidaré su hegemonía con mi voto”.

Y sin embargo, el vacío creado por el fracaso de las negociaciones en San Lázaro para nombrar al nuevo presidente consejero obligaba a ambos grupos a entenderse. Los amigos de Luís Carlos proponían a Albo; el otro bloque a Virgilio Andrade. Este cedió en sus pretensiones, y quedó el candidato del grupo pro Ugalde. Con ese acuerdo llegaron a la sesión.

La mesa en forma de herradura instalada en el salón de sesiones de Consejo poco a poco se llenaba. La silla vacía de Luís Carlos Ugalde era reflejo de la peor crisis institucional del Instituto en sus 17 años de existencia. Descabezado, dividido, vulnerado en su autonomía, el IFE sufría de la incapacidad de los partidos de ponerse de acuerdo sobre un consejero presidente definitivo.

El impasse había quedado momentáneamente superado gracias al generoso gesto de Andrade. Integrante del llamado bloque antiugalde –Lourdes López, Marco Gómez, Rodrigo Morales y él mismo—este risueño licenciado en derecho, egresado del ITAM, había declinado la víspera, en un “acto de responsabilidad.”

El gesto de Andrade había relajado un poco la tensión. “Hubiera resultado desastroso si nos levantamos con la noticia de que en el IFE tampoco nos ponemos de acuerdo”, comentó a este semanario el consejero Gómez Alcanzar, luego de calificar la decisión de Virgilio como “un acto de responsabilidad.”

-- ¿Porque cedió?—preguntamos a Andrade.

-- No es que haya cedido. Me propusieron. Después de dialogar con todos era propio reconocer la necesidad de desbloquear la situación. La fundamental era darle continuidad al órgano de autoridad, mas aun cuando se trata de una situación provisional, pero simbólicamente relevsnte

Los miembros del bloque cercano a Ugalde habían discutido entre ellos –y con Luís Carlos-- la posibilidad una renuncia masiva. La terquedad del PRD de imponer al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, les brindaba la posibilidad de devolver la bofetada al Congreso, que tan mal los había tratado. La propuesta no progresó. El apego al hueso y las cuentas por pagar podían más que las ganas de revirar a los diputados

Llegó la votación Albo se excusó. Ganó por 4 votos contra tres. Ya como presidente aseguro sin mucha convicción. "El IFE es una institución de Estado que recorrerá el periodo de su presidencia provisional con armonía de trabajo, y visión a futuro",

“La presidencia provisional del IFE debe representar la garantía de que el Instituto no interrumpirá su marcha, ni el cumplimiento de sus responsabilidades, durante el tiempo que tome la Cámara de Diputados para nombrar un Consejero Presidente, como lo ordena la Constitución”, puntualizó.

El Fracaso de San Lázaro.

Eran las 13:15 horas del jueves 13 de diciembre. Esa medianoche vencía el plazo marcado por la reforma electoral constitucional para elegir a los nuevos consejeros electorales del IFE. Los coordinadores parlamentarios de las principales fuerzas políticas en el Congreso, PAN, PRI y PRD, no habían podido consensuar los nombres del sucesor de Luís Carlos Ugalde, ni de los otros dos nuevos consejeros electorales que deberían llegar al edificio de Periférico y Viaducto.

La suerte parecía echada. “Ya revisamos la convocatoria; no hay nada que nos obligue a elegir ahora los consejeros del IFE. Si para las dos de la tarde no hay acuerdo, clausuramos el período de sesiones y nos vamos”, decía Héctor Larios a los diputados del PAN, en reunión plenaria celebrada en San Lázaro.

Era la primera señal clara de que las cosas andaban muy mal. El fracaso estaba en puerta. El esfuerzo de semanas se derrumbaba. Los vetos que los partidos históricos habían impuesto a los aspirantes con los que tenían facturas pendientes complicaban las cosas. La fractura del grupo parlamentario del PRD sellaba la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

Los diputados panistas salieron del conclave amordazados. Habían recibido la instrucción de Larios de no hacer declaraciones a los reporteros que los aguardaban fuera del auditorio del Edificio E del Palacio Legislativo, donde se realizaba la reunión.

Apenas terminó ese encuentro, los teléfonos de los coordinadores parlamentarios comenzaron a sonar. Les informaban que a las 13:30 horas iniciaría la reunión de la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno de la Cámara de Diputados. Algunos iban con la idea de que los coordinadores de “La Divina Trinidad” –así llama el convergente Alejandro Chanona a los jefes de bancada del PRI, PAN y PRD. ya tenían un arreglo. Error. Allí se enteraron de la bomba que Larios soltaria posteriormente a los reporteros

“No hemos podido llegar a un amplio consenso y a petición del PRD hemos decidido clausurar el periodo de sesiones el día de hoy y postergar la decisión que nos mandata este artículo cuarto transitorio el próximo año, a más tardar en la primera semana de febrero del próximo año”, dijo el panista.

Era un fracaso a todas luces. Los titulares de los principales cotidianos reflejaban al día siguiente la envergadura del petardo. “Dejan al IFE en el limbo”, se leía en la principal de Excélsior; “Partidos causan crisis”, encabezaba El Universal; “El PRD retiene a Ugalde en el IFE”; se leía en Milenio; “Dejan en suspenso a relevos en el IFE”, decía Reforma

Emilio Gamboa, coordinador de la fracción del PRI, había revelado que el perredista Javier González Garza, fue el que solicitó que la elección de los nuevos consejeros se pospusiera hasta febrero del 2008. Quería tiempo para procesar el asunto al interior de su dividida bancada.

“Lo que estamos buscando es que salga con el mayor consenso posible”, subrayaba el yucateco, en un esfuerzo por convencer a los escépticos que se optó por el camino correcto. El priista repitió, una y otra vez, lo mal que se hubieran visto el PAN, el PRI y el PVEM si sacan solos el nombramiento de los tres nuevos consejeros. “Hubiésemos tenido que hacer a un lado a la segunda fuerza en la Cámara de Diputados”, manifestaba.

González Garza se prodigaba también para justificar el fracaso. “No pudimos tener un acuerdo en este tiempo. Y lo que la Junta de Coordinación valoró es que había que tratar de llegar a un mejor acuerdo. Es preferible el que hagamos bien el proceso, a que salgamos divididos”, agregaba.

El Güero hacía notar el tema de los vetos. Los suyos y los de los demás. “Hay que quitarlos todos para poder discutir abiertamente, y darnos el espacio para hacer eso”, recalcaba.

El panista Rogelio Carvajal, quien jugo un papel determinante a lo largo de todo el proceso, achacaba el fracaso al respaldo empecinado del PRD al ministro de la Corte. “Lo que nosotros tratamos de negociar es un acuerdo que genere el máximo consenso posible, Así lo dice la convocatoria que hemos expedido en la Cámara de Diputados, pero ese hombre es insostenible”, puntualizó
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El fracaso de las negociaciones entre los coordinadores parlamentarios hacia lucir la famosa “consulta pública”, organizada por los diputados para dar la impresión de que la ciudadanía participaba en el proceso de elección del nuevo consejo general del IFE, como una simulación.

Los ciudadanos habían respondido a la convocatoria con entusiasmo. La Comisión de Gobernación entrevistó a los 105 aspirantes que superaron el primer corte, y entrego a la Junta de Coordinación Política una lista final de 39 candidatos.

La lista tenía que ser depurada por la Junta, pero apenas se dio a conocer, comenzaron a trascender los vetados. El PRI tachó a los ex consejeros electorales Jaime Cárdenas García y Mauricio Merino Ochoa. No les perdona haber votado a favor de la millonaria multa –1000 millones de pesos—que les impusieron por el Pemexgate. Cárdenas, además, no era del gusto de los panistas. Apoyó públicamente el “voto por voto”.

María de los Ángeles Fromow, ex titular de la Fepade, quedó fuera por el veto del PRD. Los amarrillos le reprochan su “complicidad” frente al lo que consideran un “fraude” en las elecciones presidenciales del 2006. También a Fernando Ojesto, ex presidente del Trife, lo vetaron con idénticos argumentos.

La cerrazón del PRD, aferrado en imponer al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, como presidente consejero del IFE, terminó por dar al traste con las delicadas negociaciones. Los perredistas demandaban lo imposible. No se conformaban con nombrar uno de los tres nuevos consejeros electorales. Querían poner en el cargo de presidente consejero del IFE a un amigo cercano a López Obrador, autor del proyecto del famoso tribunal constitucional, confiados en que la necesidad del gobierno de Felipe de legitimarse, obligaría al PAN a aceptar sus exigencias.

Se equivocaron. “¡Sobre el cadáver del PAN! ¡Góngora no pasa!”, había declarado a Vértigo, la víspera, el diputado calderonista, Manuel Minjares, integrante de la cúpula parlamentaria del blanquiazul, antes de pedir licencia para irse como subsecretario de la Función Pública.

Ya para entonces, Minjares daba color. “Preferimos quedarnos sin nuevos consejeros, así están las cosas”, puntualizaba. “Ellos son los que quieren cambiar a los consejeros. Nosotros no tenemos prisa”, secundaba el Rogelio Carvajal, uno de los más activos opositores al nombramiento de Góngora.
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La salida de Ugalde era cosa de horas. Ya solo esperaba el nombramiento de su sucesor para entregar la oficina. De repente todo cambió. El fracaso de las negociaciones en la Cámara de Diputados lo colocaba frente a una situación radicalmente distinta.

El artículo Cuatro Transitorio de la Reforma Electoral Constitucional preveía su salida el 13 de diciembre, pero también señalaba que los consejeros electorales y el presidente consejero del IFE, en funciones a la entrada en vigor del decreto, continuarán en sus cargos, en tanto la Cámara de Diputados daba cumplimiento al proceso.

La noticia provocó confusión y sorpresa en la sede del Instituto Federal Electoral. Apenas lo podían creer. Los consejeros electorales ya se habían despedido de Ugalde. El presidente consejero del IFE ya estaba incluso amarrado para impartir la cátedra Robert F. Kennedy en la Universidad de Harvard. Su salu

El jueves por la noche, el presidente consejero del IFE reflexionaba sobre el circunstancial dilema: quedarse unos meses más. Los partidos lo habían tratado con la punta del pie, cómo lo escribió al día siguiente el analista Leo Zuckerman en su columna Juegos de Poder que publica en Excélsior.

“Ugalde ya había avisado a sus nuevos empleadores que llegría a comienzos de enero a trabajar. Pero ahora los diputados, como si el presidente del IFE fuera su empleada doméstica, le piden que se quede un poco mas. Solo hasta febrero. Vaya falta de profesionalismo de los partidos”, apuntó Zuckerman.

Hacia el mediodía del viernes, Ugalde se encontraba reunido en sus oficinas con los consejeros electorales. Su renuncia era un hecho. Se hablaba de que podía haber dos o tres más.

Se legisló “por agravio”: Ugalde

Luís Carlos Ugalde acababa de presidir su última sesión como presidente del Consejo General del IFE. “Me voy con la satisfacción de haber entregado toda mi energía y mis capacidades”, había dicho, antes de levantarse de su asiento. “Es una de las experiencias mas intensas que puede tener un mexicano”, aseguraba, Se sentía la rabia, la congoja, la impotencia ante el dictado de los partidos, aunque se declaraba “tranquilo”.

En silencio había escuchado los reproches de los representantes del PRD, PT, y Convergencia en el IFE, que lo acusaban de todos los males electorales yu de la polarización de los mexicanos. Había recibido con emoción el reconocimiento y la gratitud de los demás consejeros electorales. Una larga fila de asesores, colaboradores y empleados del Instituto se le acercaban para darle un abrazo, decirle al oído una palabra de aliento, o simplemente para despedirse.

Pedimos hablar con él para esta charla con Vértigo. Abelardo Martín, su eficiente director de comunicación social, le comunicó la petición. La aceptó. “Te espero en quince minutos en mi oficina”, nos dijo. Martín encaminó al reportero hasta el edificio de la presidencia, y nos dejó en la pequeña sala de espera, donde acabó por realizarse la entrevista.

En su último discurso, el todavía presidente consejero del IFE –está previsto que se vaya esta semana-- había llamado la atención sobre la necesidad de que prevalezca el interés ciudadano sobre el interés de los partidos, de los medios y de los particulares. “Hay que colocar a los ciudadanos como el actor principal de la democracia, y no al revés, a los partidos como los principales beneficiarios de la democracia”, dijo este hombre que el próximo mes de enero viaja a los Estados Unidos para impartir, en la prestigiada Universidad de Harvard, la cátedra Robert F, Kennedy.

-- ¿Ve riesgos de que se imponga una partidocracia en el país y que la democracia beneficie a los partidos, y no a los ciudadanos?— le preguntamos de entrada.

--Sí, veo en los próximos años un riesgo de partidocracia, es decir, la nueva Reforma Electoral protege a los partidos, se basa exclusivamente en el principio de equidad, y no considera el principio de libertad de los individuos a participar, opinar, estar informados. Ninguna reforma electoral puede ser buena, si no amplia, protege y fortalece a los ciudadanos
Quiero comentarte lo siguiente: hace 30 años México tuvo una concentración del poder excesiva en la figura del Presidente y hubo un periodo llamado presidencialismo, en donde el Ejecutivo no rendía cuentas y no tenía contrapesos. Los partidos lograron desmontar eso desde el Congreso y fue un gran paso hacia la democracia.
Hoy el riesgo es que los partidos, como nuevos actores influyentes de la vida política, puedan desde el Congreso, colocarse como quienes gobiernan, sin tener contrapesos.
Me parece que eso en México y el mundo se conoce como partidocracia, cuando los partidos gobiernan desde el Congreso sin suficientes mecanismos de control y regulación, y que los ciudadanos pasan a segundo término, las instituciones autónomas pasan a segundo término.
Esa es la reflexión más importante para los próximos 20 años, cómo lograr que un esquema plural como el mexicano, los partidos respondan a los ciudadanos, rindan cuentas, entre otros, y creo que esta es la discusión nueva para los próximos 15 o 20 años; ya se está notando en muchos medios de comunicación.
El riesgo que corremos es que con el paso del tiempo (los partidos) no rindan cuentas y no tengan un ente regulador que los vigile con suficiente autoridad. Esa creo que es la principal preocupación. Por eso hoy, en mi último mensaje lo que dije es: no olvidemos lo más importante de la democracia, que deben ser los ciudadanos.
Ahora que está esta discusión de si los medios de comunicación o los partidos tienen razón, creo que ninguno de los dos debe tener razón. Quien debe tener razón es el ciudadano. Hemos observado un debate a nivel de si los medios protegen sus intereses o si los partidos protegen los suyos. Sin embargo, creo que la razón es qué beneficia más al ciudadano. Lo que se está viendo es que los partidos están en contra de los medios y viceversa, y eso no lleva a buen puerto.

-- Hay un párrafo de su discurso que me parecía que estaba aludiendo a las nuevas reglas del COFIPE y las restricciones que impone a los gruipso ciudadanos para que se expresen en época de elecciones. Es el que dice: es necesario evitar soluciones que mejoren las condiciones de la competencia, en detrimento de las condiciones para que los ciudadanos se informen, opinen y participen.

-- La equidad es la principal preocupación de la Reforma Electoral, y es entendible que así sea, porque en el 2006 hubo muchas acusaciones de que había faltado equidad, pero creo que la equidad debe ser balanceada con la libertad. Es decir, libertad y equidad deben ser los principios que guíen el desarrollo democrático del país.
Pero si tú solamente privilegias mucha equidad; es decir, prohíbes que los ciudadanos opinen, restringes a los medios de comunicación, puedes acabar maximizando la equidad y limitando la libertad individual. Quiero ser muy claro en decir que aquí no estoy hablando de los concesionarios, ni de la televisión, ni la radio, estoy hablando de los ciudadanos.
Equidad a toda costa sin importar su impacto sobre la libertad de los ciudadanos puede constituir un muro que separe a los partidos de los ciudadanos, y que quite a la democracia un ingrediente importante que es la expresión libre de ideas.
Cuando en la Reforma Electoral se plantea que ningún particular puede expresar, a través a través de los medios, su punto de vista, te das cuenta que es una reforma hecha por el fenómeno de los empresarios en 2006.
Pero pregunto ¿qué pasa si en el 2012 la asociación nacional de mujeres en contra de la violencia y de la violación quieren hacer conocimiento de que un partido o un candidato en el pasado cometió violencia familiar?
¿Acaso estaríamos prohibiendo a un grupo de mujeres que buscan combatir la violencia contra las mujeres, expresar su punto de vista? ¿Qué pasa si pasado mañana un grupo ecologista quiere denunciar que un partido político va a provocar un desastre ecológico en la sierra de Chiapas ¿Estaremos en contra de que lo dijera en televisión y radio? Creo que no.
Esta reforma está muy cercana a los agravios del 2006, y cuando tú legislas muy cercano a un agravio, no ves lo que al país le conviene en los próximos 20 años. Por eso digo que deben combinarse de manera virtuosa equidad y libertad, pero creo que la Reforma Electoral puede limitar el derecho de los ciudadanos a estar informados.

-- ¿Cree que se cometió una arbitrariedad con Luís Carlos Ugalde?

-- No, creo que para tratar de solventar los agravios del 2006, se hizo una reforma de largo alcance que contiene cosas buenas y contiene cosas malas, que contiene cosas que son regulables y cosas que no se van a poder aplicar. Cuando tú tratas de resolver el futuro con base en el fenómeno de la coyuntura, puedes estar excediéndote en temas que a la larga no son correctos.
¿Qué pasa si en el 2006 quienes se hubiesen expresado en los spots, no hubiesen sido los empresarios, sino los indígenas de Chiapas para denunciar la discriminación. Te aseguro que no habría habido tal discusión sobre el particular. Por eso creo que la mejor ruta es no prohibir que hablen ciudadanos o los grupos, sino darles voz y recursos para que aquellos que quieran expresarse se expresen.
Los legisladores están preocupados en que como los empresarios tienen dinero, son los únicos que pueden pagar spots y por lo tanto, otros que no pueden pagar spots están en desventaja. Mejor que les demos las condiciones para que todos puedan expresar su punto de vista.
Lo más virtuoso sería mecanismos para que todos puedan opinar, sindicatos, mujeres, indígenas, ecologistas, empresarios. Creo que esto es una reforma que prohíbe, en lugar de promover la expresión de los diversos grupos de la sociedad.

Incierto futuro de la Chiquillada.

Fue una dura batalla entre David y Goliath, pero en esta historia ganó Goliat. La rebelión de La Chiquillada (PVEM, Nueva Alianza, PT, Convergencia y Alternativa) fue sofocada por la llamada Divina Trinidad (PAN, PRI, PRD), que impuso su aplastante mayoría en el Congreso para hacer avanzar el Cofipe.

El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales incluye cambios al sistema de coaliciones que hace incierto el futuro de los llamados “partidos emergentes”, algunos de los cuales han sobrevivido y ampliado su representación parlamentaria, gracias a las caras alianzas que han hecho con los llamados “partidos históricos”.

El documento final establece que los partidos ya no podrán aparecer con un emblema único en las boletas electorales. De no haber cambios en el proceso legislativo que apenas comienza, cada partido irá con su propio logotipo en las boletas electorales.

Si no logra el 2 por ciento de la votación nacional en la elección de diputados, pierde el registro, y deberá entregar al Estado los bienes adquiridos con financiamiento público. De este modo, los partidos chicos quedan en la indefensión. Los más afectados son el PT, Convergencia y Alternativa.


En las negociaciones, los representantes de la Divina Trinidad no se conmovieron con nada. Ni las advertencias de los chiquitos de que presentarán una acción de inconstitucionalidad; ni la cohesión mostrada por estos en las negociaciones.

Los del G-5 lucharon hasta el final. El pasado jueves reventaron la reunión de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso (CENCA), convocada para dar el visto bueno al Cofipe, antes de mandarlo al Senado, cámara de origen. No les funcionó.

Los grandes hicieron a un lado sus compromisos de inclusión, y en una reunión sin quórum de la Cenca, le entregaron el documento, vía el senador Pedro Joaquín Coldwell, a la diputada perredista, Ruth Zavaleta, presidenta de esa Comisión. “Con calzador, pero el documento entró”, dijo un funcionario.

A los “partidos históricos” tampoco los conmovió la posibilidad de perder a sus aliados tradicionales o potenciales: El PRI al Verde; el PRD al PT y Convergencia; y el PAN a Nueva Alianza.

“Es un paso atrás que nos pude llevar a cancelar la pluralidad democrática”, definió el diputado Miguel Ángel Jiménez, coordinador de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, en charla con este semanario. Acusó: “los tres partidos grandes buscan secuestrar el sistema electoral mexicano.”

A lo largo de la negociación, las principales fuerzas políticas pusieron sobre la mesa la llamada “clausula de vida eterna” (así la bautizo el diputado externo del PAN, Diódoro Carrasco). Esta cláusula permitiría que un partido grande le preste al chico el porcentaje de votos que necesita para alcanzar el umbral del 2 por ciento, a cambio de apoyos posteriores en tal o cual región

Carrasco estaba convencido de que la famosa cláusula iba a destrabar la negociación. Falló. El rechazo de La Chiquillada, al menos en público, fue unánime. “La toman o la dejan”, les dijo el senador priista Pedro Joaquín Coldwell, vicepresidente de la subcomisión redactora de la CENCA a los coordinadores del G-5. Lo dejaron.

“Se las regalo. Si creen que con el dos por ciento nos van a silenciar, están equivocados”, dijo al reportero Alejandro Chanona, coordinador de los diputados de Convergencia. Miguel Ángel Jiménez, de Nueva Alianza, lo secundó: “Es una propuesta sumamente vergonzante”
La ruptura entre la Divina Trinidad y La Chiquillada se veía venir. El martes pasado se reunió la Cenca, después de 15 días de no haber sido citada. PAN, PRI y PRD llegaron al cónclave con un documento planchado que el G-5 no conocía.
En todo había consenso, menos en el sistema de coaliciones. Los “partidos históricos” presumían que se había llegado al “máximo de consenso posible” previsto por la Ley para la Reforma del Estado. 115 Senadores de 128 senadores respaldaban el nuevo Cofipe. El 88 por ciento de los diputados también. No habría marcha atrás.
Grandes y chicos se hicieron de palabras. El tono subió. Porfirio Muñoz Ledo, consejero de la Cenca, abogado del G-5, interpeló una y otra vez a Carlos Navarrete. “Señor consejero, aquí estamos entre pares”, reviró en seco el coordinador de los senadores del PRD para acallar al combativo ex embajador.
Muñoz Ledo narra el episodio (El Universal, 1-12-07):
“Ahí se nos hizo saber que nuestra tarea (como consejeros) había concluido, y por tanto el informe —que no habíamos presentado— sería discutido en instancia superior. Reaccioné bautizando tal marrullería como el apagón legislativo.
“Añadí que la razón del atropello no era nuestra incapacidad para concretar acuerdos —como se sugirió—, sino que los estábamos logrando al margen del mandarinato. Desde la cúspide quiso silenciarse a quienes no fuésemos “pares” —esto es, legisladores en funciones— en olvido de los derechos y procedimientos marcados por la ley y de que los presidentes de los partidos, algunos ahí presentes, son parte en la negociación, aunque no ocupen un escaño en el Congreso.
“En recuerdo de una pegajosa melodía pregunté: ¿qué cosas suceden en el apagón? Ocurre que, en contradicción incluso con las posiciones oficiales de sus frentes y partidos, las cúpulas legislativas han decidido imponer en su beneficio una definición estrecha y equívoca de las coaliciones.
“Se les llama así a lo que son sólo candidaturas comunes y se priva a éstas de prerrogativas de representación y acceso a la propaganda. Se habla de “flexibilizar” las alianzas, cuando en realidad se las restringe.”
Los coordinadores de la Chiquillada, salvo el PVEM; abandonaron la reunión. Era la primera señal grave. El aviso de que nada cambiaria.
Entre los grandes, el PAN era el que con más determinación pugnaba por mantener los cambios en el nuevo Cofipe. “Están intransitables”, nos dijo el diputado del PRI, Carlos Chaurand. No era sorprendente. Salvo en el 2000, con el PVEM, las coaliciones han jugado en su contra.
El PRI recogió al Verde después de su rompimiento con Vicente Fox. Esta alianza poco le aportó a nivel federal. No recuperó la presidencia de la Republica y su representación en el Congreso se achicó. Es la tercera fuerza parlamentaria. El PVEM, en cambio, nunca había tenido tantos legisladores.
El caso del PRD es aparte. Mantiene como aliados al PT y Convergencia en el llamado FAP (Frente Amplio Progresista) que arropa al legitimo. La permanencia de esta alianza quedó también en entredicho.
Ricardo Cantu, coordinador del PT, lo dijo en conferencia de prensa:
“Es un golpe no solamente al FAP, sino a cualquier tipo de alianza político-electoral en México, porque los partidos históricos piensan que las alianzas solamente se pueden hacer con algún partido emergente, y alguno de ellos y no es así.

“En varios estados hemos sido aliados Convergencia y el PT, sin que haya algún otro partido histórico, hemos sido aliados con Alternativa, entonces no solamente quieren meter en la Ley una camisa a su medida, sino que impiden la política de alianzas en México. Las democracias contemporáneas tanto en Europa como en América Latina, han logrado avanzar y dar gobernabilidad gracias a que se hace una política de alianzas flexible.

“Con esto, la están limitando, la hacen prácticamente inviable y por supuesto el FAP recibió un fuerte golpe, pero no nada más el FAP, sino cualquier otra alianza de cualquier tipo, la alianza tradicional que se ha dado entre el PVEM y el PRI también recibiría un golpe muy fuerte, y las alianzas que se han dado entre nosotros los partidos emergentes.

Pero el convergente Alejandro Chanona matizó:

“El Frente está por encima del PRD, PT y Convergencia, hoy en su redefinición forma parte de un movimiento democrático y progresista de México en donde seguramente si en un futuro inmediato tuviéramos algún desencuentro, tendríamos que valorar quien tiene el patrimonio del Frente, en esa lógica, voy a separarlo, y como decía un compañero del PRD, yo también soy un ferviente admirador y aliado de los Frenteamplistas de este país”.

“Vamos a ver qué pasa…”, remató.