Año complejo, difícil, de luto nacional.




Adiós al 2008.



El 2008 quedará en la memoria colectiva como un año complejo, difícil, cargado de acontecimientos y sorpresas. Fueron 12 meses dominados por dos temas torales para la sociedad mexicana: la crisis que nos vino de fuera, que nos augura un 2009 muy complicado; y la inseguridad que nos hace sentir a merced de la delincuencia.

En el ámbito internacional, el acontecimiento político del año fue, sin duda, la histórica elección de Barak Obama como presidente de Estados Unidos. Eran legión los que afirmaban que su condición de negro en el país del Ku Klux Klan hacía imposible que Barak le ganara a Hillary Clinton la candidatura demócrata, primero; y la elección presidencial al Republicano, John McCain, después.

Pero el deseo de cambio en la Unión Americana fue infinitamente mayor a los prejuicios raciales que prevalecen en ese país, y el senador afroamericano por Chicago se impuso con amplio margen al blanco McCain, héroe de la guerra de Viet-Nam, representante del stablishment.

El mismo día de la victoria de Obama, México entero fue sacudido por una tragedia que relegó a segundo plano las elecciones en Estados Unidos. Ese 4 de noviembre, a las 18:46 horas, un Lear Jet, procedente de San Luis Potosí, se estrelló en Las Lomas de Chapultepec, el elegante barrio de la Ciudad de México.

A bordo venían Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación y amigo del presidente Calderón; José Luis Santiago Vasconcelos, ex fiscal antidrogas, y siete personas más. Todos murieron. Otras seis personas que se encontraban en tierra perdieron también la vida. El saldo fue de 15 muertos y más de 40 heridos.

Las investigaciones, dadas a conocer puntualmente por Luis Téllez Kuenzler, Secretario de Comunicaciones y Transportes, determinaron que se trató de un accidente provocado por la impericia de los pilotos, que no estaban familiarizados con la aeronave. El sospechosismo endémico que padecemos hizo que muchos se apresuraran a alimentar la tesis del atentado, sin tener la menor prueba.

LUTO NACIONAL.

El 2008 fue un año de luto nacional por el asesinato de Silvia Vargas Escalera y de Fernando Marti; dos adolescentes, casi niños, que perdieron la vida a manos de secuestradores sin escrúpulos. El cuerpo de la hija de Nelson Vargas, ex titular de la Conade, fue encontrado en una casa de la delegación Tlalpan, 14 meses después de su secuestro. A Silvia la reconocieron por la dentadura.

Sus plagiarios pertenecen supuestamente a la banda de Los Rojos, que encabeza Raúl Ortiz, alias El Azul, quien escapó del hospital de Xoco cuando recibía atención médica. Si cabeza vale 2 millones de pesos.

El azul es hermano de Óscar Ortiz, quien trabajó como chofer de la familia Vargas Escalera. Fue detenido como resultado de una denuncia anónima que aportó elementos para su ubicación y detención, en respuesta a los desplegados de búsqueda y recompensa emitidos por la PGR.

Las investigaciones del asesinato del joven Marti y su chofer apuntan hacia una organización criminal conocida como Banda de La Flor que encabeza, supuestamente, Sergio Humberto Ortiz Juárez, alias El Apa, un ex policía judicial.
TERRORISMO CONTRA LA POBLACION.

En el inventario del 2008 queda registrado también el primer atentado terrorista contra la población civil. Sicarios del crimen organizado arrojaron dos granadas en la plaza de Morelia, en plena celebración del grito de Independencia. Ocho muertos y más de 100 heridos dejó la explosión de los artefactos.

Semanas después fueron capturados Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea. A los tres se les acusa de ser los autores del atentado, ordenado supuestamente por el cártel del Golfo para “calentar la plaza” a otra banda criminal, La Familia, que tiene una amplia base social en Michoacán.

En el 2007 hubo ataques a instalaciones de Petróleos Mexicanos, reivindicados por el EPR, y una bomba desactivada en el estacionamiento de la Torre Mayor de la Ciudad de México. No hubo victimas que lamentar. El atentado hizo crecer los temores de una nueva etapa, más violenta, como sucedió en la Colombia de los años 80, cuando el gobierno de ese país lanzó una ofensiva contra los carteles de la droga.

La violencia imparable del crimen organizado nos deja en el año que se va una cifra record de ejecutados que nos coloca a nivel de país en guerra. El mismísimo procurador, Eduardo Medina Mora, reconoció, a principios de diciembre, que ya iban 5 mil 376 muertos los caídos en esta guerra de dos frentes –entre bandas del narco, pero también entre el estado y la delincuencia organizada.

El saldo rojo representa un incremento del 117 por ciento en relación con el 2007. Ese año murieron 2 mil 477 personas. Las cifras de la PGR, en los dos primeros años de Calderón en el poder, registraran ya 8 mil 150 asesinatos.

NEWS DIVINE.

El año que se va nos deja otro lamentable acontecimiento que puso al descubierto no solo la brutalidad policiaca, sino la torpeza de las autoridades: la tragedia en la discoteca News Divine y sus 12 muertos, 9 de ellos muy jóvenes.

En el operativo conjunto de la Secretaria de Seguridad Pública capitalina, y la PGJDF, realizado la tarde del 20 julio, se cometieron un sinfin de abusos en contra de los jóvenes y adolescentes, criminalizados por divertirse y beber cerveza.

Durante las investigaciones que siguieron a la tragedia, una treintena de jovencitas revelaron a la CNDHDF que fueron maltratadas y obligadas a desnudarse frente a médicos legistas.

Pero el 2008 también fue el año que iluminó México, el año en que la sociedad despertó y se movilizó para exigir a las autoridades que cumplan con la tarea fundamental de proteger a los ciudadanos. El año de la frase “si no pueden renuncien”, pronunciada por Alejandro Marti, el padre de Fernando, que exhibió el cinismo de algunos funcionarios.

CAÑONAZOS DE 450 MIL DOLARES.

En la memoria del 2008 quedará plasmado el grado de corrupción al que han llegado los altos mandos policíacos a los que no les importó poner en riesgo la vida de otros agentes, ni erigirse en obstáculo para la captura de las bandas del crimen organizado a las que supuestamente deben combatir.

Noe Ramírez Mandujano, ex fiscal antidrogas, Fernando Rivera Hernández, encargado del área de inteligencia de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada; Miguel Colorado, coordinador General Técnico de esa dependencia, entregaron información reservada a integrantes del Cartel de los Beltrán Leyva, a cambio de cuantiosas sumas de dinero. La PGR habla de cañonazos hasta de 450 mil dólares.

El escándalo, descubierto por el diario El Universal cuando el periodista Raymundo Riva Palacio era todavía su director, obligó al gobierno federal a poner en marcha la famosa Operación Limpieza.

El presidente Calderón dijo que el objetivo de esa operación es entregarle a los mexicanos instituciones de procuración de justicia y de seguridad que estén limpias y comprometidas con el interés nacional, y no con ningún otro”.

CRISIS Y COCHINERO

La crisis y la recesión aparecieron también en el 2008, un año de volteretas en los precios del barril de petróleo, de pérdida de una parte del valor de nuestro peso; el año de la caída de las bolsas de valores, entre ellas la mexicana; de una contracción económica que nos asfixia, y que ya dejó a miles de mexicanos sin empleo y sin perspectivas; una crisis que nuestras autoridades vieron como un simple “catarrito” y que va camino de una pulmonía.

Fue también el año de la reforma energética; de la toma de tribuna en ambas cámaras, y de las adelitas en la calle. El de los foros en el Senado y la aparente caída de Andrés Manuel López Obrador. El del cochinero en el PRD, y la victoria de los Chuchos. El año en que el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, dejó de ser rehén del autollamado presidente legítimo; el de los encuerados del Movimiento de los 400 pueblos y el taparrabos con la foto del senador Dante Delgado.

Narcos mexicanos, peores que la mafia siciliana



Aprueban Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica.


En los peores 10 años de lucha contra la mafia siciliana, en Italia, murieron, en ajuste de cuentas, mil personas. En el último año de este gobierno, han muerto más de 4 mil personas en el combate al crimen organizado. Sólo en un año en México, han muerto cuatro veces más personas que en una década en Italia.
Los reveladores datos, que han llevado a la sociedad mexicana a la impotencia y el miedo, fueron mencionados en la Cámara de Diputados por Marina Arvizu, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Social Demócrata, durante la sesión, el pasado jueves, en la que fue aprobada la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública
La Ley se aprobó con 355 votos a favor del PRI, PAN y PRD; y 39 en contra de legisladores del Frente Amplio Progresista.
La Ley establece un sistema importante de coordinación en los tres niveles de gobierno, pero también la creación de un Consejo Nacional de Seguridad que desde un principio se buscó que encabezara el Presidente de la República, por la importancia que tiene actualmente el tema de la seguridad.

El Consejo quedó conformado, además, por los secretarios de Gobernación, de Seguridad, de Marina, y los gobernadores, así como por otras autoridades. El primer propósito de la iniciativa fue logrado: El presidente de la República encabezara el Consejo Nacional de Seguridad.
En el estira y afloja, sin embargo, los diputados federales por poco dejan a Genaro García Luna, secretario de seguridad pública, sin facultades. Le quitaron la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad, pero también la posibilidad de nombrar al secretario Ejecutivo del Consejo; el manejo de los recursos; y la evaluación y certificación de los cuerpos policíacos.
“El pataleo final para lograr el consenso fue el resguardo de la información (Plataforma México.) También se lo querían quitar”, aseguró a Vértigo un integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, quien participó en las negociaciones. Al final prevaleció la cordura y Plataforma México se queda en la SSP.
El diputado del PRI, Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad, explico el espíritu de la Ley. “Desde un principio se buscó que existiera un centro de certificación y evaluación de todas las policías, de todos los elementos que ingresen a las fuerzas de la seguridad.
“No se admitió que fuera el mismo órgano encargado de la seguridad, el encargado de evaluar. Se buscó que fuera un centro ajeno, para que no fuera juez y parte.”
Dijo mas: “para nadie es un secreto que la mayor parte de las policías están infiltradas por la delincuencia. En las áreas municipales, es una verdadera calamidad el control que tienen las bandas delictivas.
“En lo sucesivo, ningún policía, ningún miembro de las fuerzas de seguridad, llamémosle procuradurías o policías, podrá ingresar al sistema, si no hay una adecuada evaluación y certificación en que se tomen en cuenta todas las modalidades que debe tener un hombre para poder portar un arma y ser representante de la seguridad de nuestro país.”

* * *
A esta Ley se sumó la abrumadora mayoría de los diputados del PRD. Andrés Lozano Lozano subió a la tribuna para posesionar a este partido frente al dictamen. “No podemos tener intereses políticos, ni partidistas, en materia de seguridad pública. El actual Sistema Nacional de Seguridad Pública en mucho está en crisis, porque no existe una coordinación entre la Federación, los estados y los municipios.
“No hay la confianza para que los estados integren una sola base de datos criminalísticos, policíacos ni de armamento” subrayó.
Edgar Armando Olvera Higuera, PAN, completo: “La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos permitirá tener un sólo escudo contra la delincuencia organizada. Sabemos que esta ley no es la solución a un problema de raíz; sin embargo, es herramienta y arma para que los gobiernos estatales y municipales pongan en orden a su cuerpo de seguridad pública y presten un servicio eficaz para todos los ciudadanos.

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Apenas termino la votación, nos acercamos a Rivera Bedoya para que abundara sobre las bondades de la nueva Ley. Su cara era de satisfacción. Sus palabras también. Fueron muchas horas de negociación, de desvelo, de jaloneos entre las distintas fuerzas políticas. Al final se llego al consenso.
“La Ley lleva cosas muy valiosas, como es el consenso de que el Presidente presida el Consejo Nacional de Seguridad. Es un órgano tan importante y los gobernadores son titulares de los poderes ejecutivos locales. Buscamos, entonces, que los gobernadores se sientan entre pares, y no en un segundo, o tercer nivel”, dijo a este semanario.
Abundó: “Legislamos para que haya un Programa Nacional para evitar los delitos, no solo perseguirlos, sino evitarlos, tomar todas las medidas necesarias. El problema fundamental fue el Centro de Información. Algunos diputados no querían que se ubicara dentro de la Secretaría de Seguridad Publica, pero al final se logró, por consenso, que se resguardara esa información por la Secretaria”
Otro de los temas que retrasó la aprobación de la Ley era la centralización del control de los Estados en cuanto a recursos. “Estaban los vientos de la Ley muy bravos contra los estados. El secretario técnico, quedo con un gran poder para vigilar, para sancionar, para quitarles los recursos, claro, con aprobación del Consejo”
-- ¿Cuál es la principal aportación de la nueva ley a la seguridad? le preguntamos al diputado del PRI.
-- Tengo confianza en que esta ley va a abatir el problema de los malos policías. Hay un filtro muy grande para el ingreso, para la permanencia de la Policía. Hay responsabilidades muy graves para los funcionarios que violen las disposiciones, que violen las reglas de admisión o que certifiquen indebidamente.
-- ¿Cuáles serían las sanciones?
-- En un principio se hablaba hasta de 10 años de cárcel, pero se redujo.
-- ¿Cuánto se redujo?
-- De uno a cuatro años, a quienes omitan, quienes faciliten que alguien obtenga una certificación sin tenerla. Entonces va a ser un filtro muy importante, ahorita lo más grave, ya lo han dicho aquí, es que cada diez ciudadanos, siete no confían en la policía. Hay que buscar un modelo de policía confiable en el país, que esté en todos los niveles de gobierno también en el ministerio público. Que los peritos, ministerios públicos, todos estén certificados. Creo que eso es lo más importante.
Rivera Bedoya volvió al tema de la coordinación de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad. Recordó que en la nueva Ley es establece como delito el hecho de que algún estado o municipio se rehúse a dar información, o maneje mal los recursos para seguridad. “El Consejo, a través de los gobernadores, puede tomar medidas en ese aspecto”, dijo.
-- ¿Cómo se resolvió el tema de los dineros?
-- En el sentido de que no se puede privar a ningún estado de la República sin previa audiencia y causal fehacientemente comprobado.

El Congreso quedó a deber





El plazo de 100 días “no aplica en las Cámaras”: legisladores.



La cuenta regresiva terminó el sábado 29 de diciembre. Se cumplieron los 100 días de plazo de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el pasado mes de agosto. Los legisladores quedaron a deber en las tareas que les fueron encomendadas en el famoso documento leído por el entonces secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa, el único funcionario que con honestidad asumió el reto lanzado por el empresario Fernando Marti: si no pueden renuncien.

Diputados y senadores, es cierto, trabajan en los últimos días a marchas forzadas en algunos de los compromisos plasmados en el famoso documento suscrito por el Presidente Calderón, los gobernadores, representantes del Congreso. Pero el sábado llegaron a Palacio Nacional, sin haber concretado ninguna de las leyes reglamentarias del decreto constitucional en materia de seguridad y justicia, aprobado hace cinco meses.

El Acuerdo Nacional urgía legislar contra el narcomenudeo; establecer mecanismos en la Ley de Ejecuciones de Sanciones Penales, para impedir la preliberación de plagiarios y de aquellos delincuentes que cometan actos ilícitos con violencia. Se solicitaba también aprobar una Ley General contra el Secuestro, y otorgar más recursos a estados y municipios para combatir la criminalidad.

En esto último si alcanzaron el objetivo. Hay más recursos para la seguridad. Pero intereses partidarios y disputas que rayan en lo pueril, impidieron que las leyes se aprobaran antes de que venciera un plazo fijado en el Acuerdo que, por lo demás, no reconocen.

“El plazo no es aplicable al Poder Legislativo”, dijo a Vértigo el diputado del PRI, Cesar Camacho, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja. “El único plazo válido es el fin del periodo ordinario, que es el 15 de diciembre, aunque eventualmente, por los días de sesión, pudiera ser el 11 de diciembre.”

El diputado panista, Christian Castaño, coincidió en que el debate parlamentario sobre temas medulares, como son seguridad y justicia, no puede sujetarse a los 100 días. “No podemos arriesgarnos a tener errores u omisiones, y sacar leyes al vapor, para que luego nos digan ‘mira como legisla el Congreso”, puntualizó.

Otro priista, Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, profundizó: “la Ley requiere de debate, de análisis. No podríamos sujetarnos a determinados plazos en la elaboración de las leyes, por razones mediáticas o de conveniencia”, dijo.

Rivera recordó que, en el tema de seguridad, el Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente Calderón, tiene muchos pendientes. “Allí está Chihuahua, que es un estado en llamas; está baja California, está todo el país. Vivimos una situación de extremo peligro. Se han cumplido algunos aspectos, pero no podemos decir que se ha resuelto”, destacó.

El mismísimo coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón, les dijo a los reporteros de la fuente que las cámaras pretenden hacer leyes buenas “y no para salir en los medios o justificar algunas cosas.”

* * *

“¡No me digas mentiras…!”, tronó el diputado César Camacho, en la ríspida conversación telefónica que sostenía con el senador del PAN, Alejandro González Alcocer. Le dijo mas: “Si eres honrando, la Ley de Seguridad no es mía. Dices que Rivera la quiere llevar allá, y que Chucho (Murillo Karam) la quiere traer acá. No es así, pero si así fuera, no es mi bronca”

A Camacho no le había gustado nadita que el panista ex gobernador de Baja California hubiera declarado a Vértigo que las negociaciones sobre las leyes de seguridad y justicia estaban paralizadas por una bronca entre priistas.

“Hay una guerra de protagonismos entre diputados y senadores del PRI. Cesar Camacho quiso llevarse a la Cámara de Diputados la Miscelánea Penal y enviar al Senado la Ley de Seguridad, pero los priistas de aquí no lo permitieron. Eso nos tiene paralizados desde hace dos meses”, aseguró al semanario el legislador azul.

“Eso es grilla barata; es triste que se trate de politizar un tema tan serio como es la seguridad”, reviró el diputado del PRI, Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad en San Lázaro. Rivera achacó el retraso en la aprobación de la Ley de Seguridad a la poca disposición del gobierno federal, y del PAN, para ceder a las cuatro demandas del PRI y el PRD.

Estas cuatro exigencias son: que el presidente de la República presida el Consejo Nacional de Seguridad Publica, y no el Secretario de Seguridad Pública; 2) Que el Instituto para Evaluar y Certificar a los cuerpos policíacos sea autónomo; 3) que no se vulnere la soberanía local con la retención de los recursos, en caso que algún gobierno estatal o municipal rehúse coordinarse con la Federación; y 4) la creación del Instituto de Prevención del Delito

“La Secretaría de Gobernación está obstruyendo, porque de allí depende la estructura del Consejo Nacional; algunas disposiciones del control que quieren tener sobre los estados, y el sistema de información y prevención del delito”, aseguró Rivera Bedoya.

La bronca mayúscula son los dineros. La Ley obliga a coordinarse a los tres niveles de gobierno. Si un estado, o un municipio, se rehúsa a hacerlo, la Federación podría retenerle los recursos de seguridad, para alinearlo. “Es un mecanismo de presión fáctica. No puede haber ese margen de discrecionalidad. Esto puede devenir en la pretensión federal de imponer determinada medida”, advirtió Camacho.

Larios, el panista, considera que el fondo del asunto es que los gobernadores se rehúsan a transparentar el uso de recursos, que en varios estados ni siquiera se han ejercido. Datos del gobierno federal aseguran que en el 2008 hay un subejercicio de 7 mil millones de pesos.

“Ellos dicen que la Federación quiere imponerse a los estados, mediante esa facultad de retener los recursos cuando no se quiera coordinar. Le echan la culpa al gobierno federal de que no hay avances en materia de seguridad, y luego ves las cuentas que no han sido tocadas; recursos que públicos que vienen de partidas asignadas a seguridad y a los gobiernos estatales o municipales, no ejercen”, precisó Christian Castaño.

En el Senado, paralelamente, se anunció la posibilidad de no clausurar el periodo de sesiones el 11 de diciembre próximo, como se tenía previsto, y alargarlo el tiempo que sea necesario para legislar la Miscelánea Penal, la Ley de Extinción de Dominio y, quizás, la Ley para Combatir el Narcomenudeo.

La Ley que está a punto de aprobarse en la Cámara de Diputados es la de Seguridad Publica. Lleva un 97 por ciento de avance, según el panista Edgar Olvera, secretario de la Comisión de Presupuesto. Un grupo de trabajo, integrado por dos diputados de cada partido, trabajó durante el fin de semana para resolver las cuatro diferencias y tener el dictamen listo para el lunes 1 de diciembre.

“La expectativa es que el martes suba a tribuna y con dispensa de trámites --primera y segunda lectura—se apruebe ese mismo día”, precisó Camacho.

Adiós a los viejos moldes de la izquierda.





Va Jesús Ortega por un “socialismo moderno”.


“No quiero volver al pasado”, decía a Vértigo Jesús Ortega, presidente electo del PRD, la víspera del anuncio de Alejandro Encinas de que no aceptaría la secretaría general del partido, que por estatuto le corresponde. Este hombre, que por muchos años trabajó para ocupar la posición que asumirá el próximo 29 de noviembre, cuando se celebre la sesión del Consejo Nacional, adelantaba también que va por la unión de la izquierda progresista; y que pretende transformar al PRD en un partido socialista moderno, “como los que hay en Brasil, en Chile, en España”.

Sus palabras reflejaban la determinación de desterrar los viejos moldes de la izquierda; los dogmas y las consignas. Menos movilizaciones y plantones en la calle; más política y respeto a las instituciones del país; menos caudillismo y más dirección colectiva; menos debate alrededor de Andrés Manuel López Obrador y más discusión sobre el proyecto de partido.

Su llegada a la presidencia nacional del PRD representaba un vuelco en la postura de ese partido frente al gobierno de Felipe Calderón. En una entrevista con Pedro Ferriz de Con, Chucho no tuvo empacho en reconocer que “Calderón es constitucionalmente el presidente de la República”. El de Nueva Izquierda aclaró, sin embargo, que jamás abandonará su postura de considerar que hubo inconsistencias graves que mancharon las elecciones presidenciales del 2006.

En la plática con Vértigo, Jesús se mostraba satisfecho de haber cumplido un sueño largamente acariciado. Días antes, en una sentencia que sorprendió a más de uno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo había declarado triunfador en la cuestionada elección para renovar la dirigencia nacional del partido, celebrada ocho meses atrás.

A lo largo de la charla, de unos 20 minutos, Jesús dejó claro que va por una política incluyente; una dirección horizontal, una apertura a las clases medias. El político de Aguascalientes quiere ir más allá de lo que la analista Denise Dresser llama “los enojados”, que conforman el voto duro del PRD, para dotar al sol azteca de una vocación mayoritaria.

Sabe de la importancia de mantener unido el partido, pero también está consiente de que es el sueño imposible. Su prudencia, sin embargo, lo llevó a ensalzar la decisión de Encinas. “Me congratulo que ni él ni nadie hayan adoptado la decisión de separarse del PRD. Quedan anuladas y desaparecidas las especulaciones que corrieron con profusión acerca que el PRD se iba a dividir irremediablemente”, dijo Ortega en rueda de prensa realizada poco después del anuncio de su contrincante interno.

Abundó: “Hubiera sido mucho mejor que asumiera la responsabilidad de la secretaría general. Coincido con algunos compañeros de Izquierda Unida que esa hubiera sido una solución mejor. Pero eso no implica que se rompan vínculos, relaciones, pláticas, negociaciones. Mantendré con él una interlocución constante y directa. Es el principal dirigente de Izquierda Unida”.

***

“¡Esa es la congruencia que necesitamos!”, gritaba extasiada una de las tantas seguidoras de Alejandro Encinas, congregadas en el salón Don Diego, del Hotel Sheraton Alameda, poco después de que el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal hiciera publica su decisión de permanecer en el partido, sin asumir la secretaría general.

El ambiente que se respiraba era de entusiasmo entre las radicales huestes allí concentradas. El grito de “¡Encinas, Encinas!” rubricaba la aprobación de la decisión tomada. Alejandro emergía ahí mismo como el líder de una nueva corriente perredista, cuyo objetivo inmediato será “recuperar el partido desde dentro”.

Encinas se mostraba crítico, duro, intransitable con los que, dijo, cometieron el fraude en casa:

“Renuncio a la secretaría general del Partido de la Revolución Democrática fundamentalmente por dos cuestiones. No nos ganaron la presidencia nacional del partido y no nos ganaron sus aliados, sino el gobierno de facto y el Estado que ha querido imponer una dirección en nuestro partido

“Yo no puedo avalar una decisión de Estado; no puedo caer en la simulación; no puedo esconder la basura debajo del tapete; ni ser cómplice los que cometieron tropelías e irregularidades…”

Era casi una declaración de guerra civil contra los chuchos y sus aliados internos.

Encinas proseguía “no nos vamos porque no le vamos a dejar el partido a quienes se han enquistado en su burocracia; porque somos mayoría y porque lejos de abandonar la trinchera, vamos a dar la pelea desde dentro para rescatar el proyecto político, los principios y los valores que nos dieron origen”.

Cada frase, cada oración, cada palabra arrancaba en la mayoría de los presentes expresiones de aprobación. Los más realistas, sin embargo, se preguntaban si todo aquello no representaba abandonar la plaza.

“¿No estaremos pecando de ingenuos?”, preguntaba espontáneo el senador obradorista, Ricardo Monreal, presente también en el salón Don Diego. El zacatecano hacía un ejercicio de ecuación política para llegar a la conclusión de que los equilibrios se romperán en el seno del partido, sin la presencia de Encinas en la dirección nacional.

Monreal preguntaba: ¿Quién se queda con la burocracia del partido? El mismo respondía: “Los Chuchos….” ¿Quién va a decidir las candidaturas? “Los Chuchos….” ¿Quién va a manejar las prerrogativas? “Los Chuchos…”.

Pero el senador Carlos Navarrete, destacado integrante de la corriente triunfadora, aseguró al reportero que sí van a subir a los integrantes de Izquierda Unida, el grupo que respaldó la candidatura de Encinas, a las decisiones del partido. “En la Comisión Política Nacional hay trece lugares, caben perfectamente. Allí se va a diseñar la estrategia política y se van a procesar las candidaturas”

El tema de la secretaría general y de la permanencia en el PRD se había discutido la noche del lunes 17 de noviembre en una reunión “en corto” con Andrés Manuel López Obrador, celebrada en sus oficinas de la calle de San Luis Potosí. La decisión de no salirse del PRD habría sido del legitimo; la de no aceptar la secretaria general de Alejandro Encinas, reveló uno de los participantes en ese cónclave.

En el juego de suma y resta, los que no están de acuerdo con el abandono de la plaza ven perdedor al movimiento obradorista, “Se van a romper los equilibrios; Hortensia es del Foro Nuevo Sol, que ya pactó con Jesús” lamentó uno de los leales a López Obrador.

Y es que Hortensia Aragón, ex compañera de fórmula de Encinas, integrante del grupo de la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, quedará en el cargo de secretaria general del partido. “Mi actitud no será de acompañamiento, ni de dama de compañía”, dijo Aragón, al anunciar, conjuntamente con Ortega, que acepta el lugar que su compañero de fórmula rechazó.

Monreal no era el único integrante del movimiento obradorista que se mostraba preocupado por la decisión de Encinas. “Alejandro no se ha dado cuenta de la importancia que tiene el cargo”, lamentó Dolores Padierna, dirigente de IDN, quien hasta el último minuto empujó para que el ex jefe de Gobierno se quedara con la secretaría general.

--¿Y ahora que sigue?—le preguntamos también al diputado Raymundo Cárdenas

-- Lo que diga Jesús Ortega—repuso mordaz.

--¿Y además?

-- Nos vamos a ir debilitando, hasta transitar a otro espacio--, aventuró.

-- ¿Al FAP?

Raymundo asintió con la cabeza.

Sesión record en San Lázaro, 40 horas.






El Presupuesto de la crisis.




El diputado del PRI, Javier Guerrero, llevaba muchas horas sin descansar. La noche de martes a miércoles había sido larga, tediosa, desesperante. Pero el secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja lucía entero. Nada en su aspecto reflejaba fatiga. Un regaderazo, ropa limpia y de vuelta al trabajo.

Él y sus compañeros de comisiones habían pasado la noche entera en el Palacio Legislativo. Otros diputados, con menos responsabilidades en la elaboración del gasto para el 2009, habían abandonado a las tres de la mañana, cuando se decretó uno de los recesos. Regresaron cinco horas después, pero solo para reiniciar otro largo periodo de espera.

Horas y horas de negociaciones para ajustar el gasto para el 2009, hacerlo aceptable para la mayoría de diputados. La tarea de Javier Guerrero era ajustar los números. Revisar lo que llegaba de las distintas comisiones. Ponerle aquí, quitarle allá.

El esfuerzo de todos fructificó al final. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2009 fue aprobado en el pleno por aplastante mayoría –436 votos a favor; 44 en contra—, luego de una sesión de más de 40 horas, interrumpida por múltiples recesos, que se alargaban sistemáticamente. Los legisladores de Convergencia, y perredistas leales a Andrés Manuel López Obrador no aprobaron el decreto.

El gasto aprobado representa una bolsa de 3 billones 45 punto 5 mil millones de pesos. Esto representa un 13.1 por ciento más, en relación con el presupuesto aprobado para este año. Los diputados autorizaron un déficit del 1.8 por ciento del PIB. El tipo de cambio promedio del dólar quedó en 11.70 y el precio de la mezcla mexicana de petróleo se proyecto en 70 dólares por barril.

“Tenemos seis ramos muy fortalecidos, con tendencia de crecimiento y consolidación, que son en este orden: seguridad, campo, infraestructura hidráulica y carretera, educación, salud y combate a la pobreza o desarrollo social. Esos son los ramos eje integrados en el presupuesto del 2009”, dijo a Vértigo el legislador del PRI.

Y muy orondo presumió: “Ha habido un esfuerzo importantísimo de trabajo técnico y político, la comisión de Presupuesto ha cumplido con un diseño muy exhaustivo desde que iniciamos con la revisión del ejercicio del gasto, a mitad de año.

El panista Raúl Padilla, presidente de la Comisión de Presupuesto, hizo un desglose de los ajustes que se le hicieron al decreto: Se destinan casi 44 mil 500 millones de pesos al gasto en infraestructura; la asignación de recursos para el desarrollo social asciende a alrededor de 2 mil millones de pesos. Por lo que respecta a salud, se logró una ampliación por alrededor de 6 mil 168 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento de 16.5 por ciento respecto a lo aprobado en el año anterior.

En materia de educación, se adicionaron recursos cuya suma asciende a los 14 mil 800 millones de pesos. La Universidad Nacional Autónoma de México recibió una ampliación de presupuesto por 700 millones de pesos, mientras que el Instituto Politécnico Nacional, otra por 450 millones de pesos.

“La sociedad ha demostrado su exigencia por el combate a la inseguridad pública. Por ello se propuso asignar recursos en materia de seguridad pública por aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos más al presupuesto”, dijo Padilla, al posicionar el presupuesto.

El campo también resultó beneficiado con los ajustes. El Pleno aprobó recursos adicionales por un monto de 21 mil millones de pesos para el desarrollo rural.

El presupuesto para el 2009 se aprobó en condiciones de deterioro de la economía mundial. Se avisora una fuerte presión el empleo, a partir de la idea de que miles de mexicanos que buscaron mejorar su situación económica en los Estados Unidos tendrán que regresar por falta de oportunidades.

Se proyecta también una dramática disminución de tres grandes fuentes de ingreso para México: petróleo, exportaciones y remesas.

Esta situación obligó a los arquitectos del presupuesto a ajustar a la baja las pretensiones presupuestales de los órganos autónomos, el Poder Legislativo y las distintas dependencias gubernamentales. Dos casos resultaron particularmente polémicos: el IFE y el Senado de la República.

Al Instituto Federal Electoral se le recortaron 750 millones de pesos a sus pretensiones originales. De nada valieron las advertencias de Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE, de que no iban a poder realizar con éxito su tarea en el 2009, que es un año electoral. “no estamos en jauja, sino pueden que renuncien”, declaró el diputado priista, Jorge Estefan Chidiac.

Su colega José Rosas Aispuro, integrante de la Comisión de Hacienda, recordó que no sólo se le recorta al IFE, sino a la CNDH y a las dos Cámaras.

“Ciertamente en el IFE no van a tener los recursos que ellos quisieran, pero me parece que si hace un esfuerzo, como todo mundo lo tendremos que hacer, estos recursos alcanzarán para atender las necesidades del proceso electoral del 2009. Dijo Rosas Aispuro.

Abundó: “todos tenemos que hacer un esfuerzo. Me parece que es muy irresponsable que en el IFE se diga que no van a poder realizar su tarea, porque no se les van a dar los recursos que ellos están pidiendo”.

A los senadores no les gustó que los diputados recortaran 350 millones de su presupuesto para el 2009. Los meros chipocludos en Xicoténcatl se trasladaron al Palacio Legislativo para hacer un “reclamo informal” –formalizarlo sería un suicidio—por el ajuste. Alegaron que la Cámara alta construye una nueva sede y que necesitan esos millones. Tampoco les sirvió de mucho.

El panista Edgar Ramírez Pech, secretario de la Comisión de Presupuesto, se mostró critico ante la actitud de los integrantes de la Cámara Alta “Los senadores no se van a morir, ni van a pasarla tan mal, si hacemos un poco de ahorro”, comentó a este semanario.


Los diputados, a instancias del priista Carlos Rojas, también ajustaron a la baja su presupuesto. Recibirán 200 millones de pesos menos de lo planteado originalmente.
A algunos no les gustó el pequeño gesto de austeridad. Chon Orihuela, secretario de la Comisión de Energía, consideró que el recorte va en detrimento de la calidad de los trabajos en el Poder Legislativo. “Soy secretario de una Comisión y solo tengo un asistente al que le pago 15 mil pesos”, se quejó.

Marco Bernal, dirigente de la CNOP priista, tampoco está de acuerdo. “Gamboa, el Güero y Larios ya se volvieron populistas; se equivocan si creen que apretando el presupuesto de la Cámara van a solucionar la economía del país”, critico.

Rojas logró 200 firmas de diputados que pidieron a la Cámara baja no incrementarse el Presupuesto. “¿Para que lo subimos, si ya nos vamos?” Preguntó José Murat, uno de los que respaldó la medida. La legislatura termina en septiembre del 2009. El ex gobernador de Oaxaca, por cierto, andaba que no lo calentaba ni el sol. A las 23 mil escuelas indígenas que hay en el país, les iban a dar originalmente un fondo adicional de 280 millones de pesos, pero quedó solo en 20 millones. “Eso no alcanza ni para pizarrones”, dijo.

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El único grupo que voto en contra del presupuesto fue el de Convergencia. Alejandro Chanona, jefe de esta bancada, subió a la tribuna para explicar su postura. “Nos oponemos a configurar un Presupuesto 2009 con criterios partidistas de pura rentabilidad política y electoral. Por el contrario, Convergencia privilegia la visión de un Presupuesto como medio para fomentar el desarrollo incluyente del país.

“Sabemos que el modelo social, volcado al modelo a ultranza ha fracasado; porque se somete al desarrollo de los países, al afán de lucro, a la especulación y a la irresponsabilidad de la ganancia fácil. Este modelo sólo ha conducido a la desigualdad extrema, al privilegio de pocos y a la exclusión social de millones”.

También los diputados obradoristas sufragaron en contra. Mónica Fernández, integrante de esa corriente, presentó una moción suspensiva que fue rechazada por la mayoría de los legisladores. Ella también subió a la tribuna para sustentar su postura.

“Es bien sabido que el Presupuesto de Egresos de la Federación es la expresión numérica del modelo económico, y lo que hoy se pretende someter a votación es un presupuesto que satisface las necesidades del modelo económico neoliberal que sólo ha generado pobreza, falta de crecimiento y desempleo.

Es un Presupuesto que permite que el Estado continúe rescatando a los ricos y poderosos, a costa del bienestar de la gente… Más aún, a pesar de la dramática disminución del poder adquisitivo del salario, derivado del incremento de los precios de la canasta básica, no se aceptó la creación de un plan para la defensa de la economía popular”, finalizó.

¿Despojo a México?




La fantástica historia de la Isla Bermeja.


La historia es fantástica. Habla de la “desaparición” de la isla Bermeja, ubicada a 150 kilómetros al norte de Yucatán y Campeche. El tema no es menor. Implica la disputa con Estados Unidos de yacimientos de petróleo del orden de 22 mil 500 millones de barriles de crudo, según un punto de acuerdo elaborado por senadores del PAN.

El documento, que espera turno para subir a la tribuna de la Cámara Alta desde hace tres sesiones, exige al Ejecutivo Federal un informe completo, donde se explique “sospechosa inmersión” de la isla, que estuvo localizada en el Golfo de México latitud 22°33´ Norte y longitud 91° 22´ Oeste, y se la trago el mar.

No ha faltado la descabellada versión de que Estados Unidos hundió deliberadamente esta isla para apoderarse de los yacimientos petroleros en aguas profundas. “¿Cómo van a hundir una isla sin que nos diéramos cuenta? Yo estaría más inclinado a pensar que si existió y que algún movimiento telúrico en el fondo del mar hubiera cambiado las situaciones”, dice a Vértigo el senador panista Felipe González, uno de los firmantes del citado punto de acuerdo.

Al guión de esta historia la han agregado la misteriosa muerte del senador panista José Ángel Conchello, quien en 1997, durante las negociaciones bilaterales sobre estos lindes, denunció con insistencia la desaparición de la Isla Bermeja de nuestro territorio nacional. Criticó con inusual con dureza las negociaciones del gobierno mexicano con Estados Unidos para dividir el famoso Hoyo de Dona, donde supuestamente se ubica la riqueza petrolera.

Conchello murió la década pasada en un extraño accidente que nunca se aclaró, pero antes de su desaparición acusó al gobierno del presidente Ernesto Zedillo, y a otras autoridades, de haber pactado la entrega de de la zona a empresas norteamericanas. El legislador del PAN denunció una y otra vez , las “obscuras” negociaciones que culminaron con la firma del tratado Clinton-Zedillo, en el cual México y Estados Unidos pactaron establecieron sus fronteras marítimas en el Golfo de México.

“En los alrededores de la isla se localizaron más de 22 mil 500 millones de barriles de hidrocarburo y existe la sospecha de que funcionarios mexicanos contaban con información privilegiada sobre la riqueza que se encuentra en su fondo marino”, dice el texto suscrito por los senadores del PAN, Luis Alberto Coppola Joffroy, Humberto Andrade Quezada, Sebastián Calderón Centeno, Juan Bueno Torio y Jaime Rafael Díaz Ochoa.

Investigadores de la época consideraban que si la medición para fijar los límites marítimos hubiese partido de la Isla Bermeja, la mayor parte de la Dona Occidental sería ahora para México. Los lindes, sin embargo, se establecieron a partir del arrecife de Los Alacranes, como punto de referencia.

Esta delimitación formó dos polígonos irregulares entrampados en las aguas profundas del Golfo de México, los hoyos Occidentales, negociados entre México y Estados Unidos; y los hoyos Orientales que tienen que ser negociados entre México, Estados Unidos y Cuba.

“Pero si se consideran las mismas 200 millas desde las costas de Estados Unidos, se observa con mayor transparencia el despojó que le fue causado a México”, dice el texto de los senadores.

Felipe González asegura que hay una total cerrazón de las autoridades alrededor del caso. “Lo raro es que de repente pedimos información y nos dicen que no, que no existe la Isla Bermeja”, asegura. El legislador está consiente que a la Cámara Alta le toca saber el impacto en los acuerdos sobre mar territorial y explotación de petróleo en aguas profundas, que tendría el hecho de que ya no se reconozca que existe una isla mexicana llamada Bermeja.

“La isla existió, tenemos documentos. El punto de acuerdo va acompañado de un mapa donde se localiza, es un mapa de los años 50s o 60s. Ahí marcan la latitud donde se encontraba la isla”, puntualizó.

El senador priista, Francisco Labastida Ochoa, ex secretario de Gobernación, reconoce que no tiene ningún elemento para afirmar que existió. “A veces esos islotes desaparecen, ocurre con frecuencia, es algo que sucede cuando la marea está baja y se tapa cuando la marea está alta”

“Hasta donde recuerdo –prosiguió Labastida- es necesario que las islas estén permanentemente habitadas para fijar mar patrimonial. Tiene que tener un tamaño y una dimensión para poder marcar límites. Si esta isla existiera, el mar patrimonial se extendería y en consecuencia los recursos potenciales del subsuelo también se extenderían”.

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La Cartografía Histórica de las Islas Mexicanas, editada por la Secretaría de Gobernación en los tiempos en que el titular era el desaparecido Fernando Gutiérrez Barrios, dice de la Bermeja:

“Es una de las islas que más aparece en los mapas antiguos de los siglos XVI y XVII, aunque algunos especialistas destacados como García Cubas y Muñoz Lumbier ponen en duda su existencia. Sin embargo, en los islarios más actualizados se le ubica a los 22°33´ de latitud norte y 91°22´ de longitud oeste de Greenwich. Está aproximadamente a 27 millas del norte de Cayo Arenas”.

El documento de los senadores, que aún no ha sido votado, pide a la Secretaría de Marina que vuelva a inspeccionar la zona en que se ubicó la isla y que en la tarea utilice instrumentos de alta tecnología, con el objeto de conocer el estado y el grado de deterioro en que se encuentra geológicamente el lugar en que se localizaba la “ya que existen sospechas sobradas de que su inmersión fue provocada por la influencia del hombre”.

La isla, se dice, está actualmente a 40 o 50 metros bajo la superficie marina, por lo que ya no es considerada una isla, comentan los embajadores Miguel Ángel González y Alberto Szekeñey. Ambos diplomáticos, que presumiblemente saben de más sobre la desaparición de la Bermeja, deberían explicar el fenómeno, subrayan los senadores panistas.
El asunto ya fue recogido por el Gobierno Federal. A mediados de la semana, la canciller Patricia Espinosa, adelantó que pedirá apoyo a la Secretaría de Marina para que proporcione información técnica sobre la existencia o no del islote.

La Marina ya indagó en el pasado sobre esa isla mexicana. Un documento firmado por el contralmirante Néstor E. Yee Amador, director general de Oceanografía Naval, indica que en una inspección realizada el 5 de septiembre de 1997 por el buque H-04 Onjuku se reconoce que no se encontró en las coordenadas establecidas ningún rastro de la isla Bermeja.

Y sin embargo, la agencia central de inteligencia (CIA) de Estados Unidos consigna en su Atlas la existencia de la isla, y aporta fotografías para alimentar el sitio de Internet de algunas empresas turísticas de aquel país.

Ubicar la isla “nos permitiría arrojar la frontera de México más al norte y conquistar una mayor parte (del Golfo de México) para el interés mexicano frente a Estados Unidos, que quería arrojar su frontera más al sur con base en las islas Dernier”, según el investigador Fabio Barbosa Cano, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

El Peje alista movilizaciones.




La Reforma Energética va…




La voz del senador Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, rayaba en la euforia. “Es la reforma más importante, después de la expropiación petrolera”, decía a Vértigo el ex candidato presidencial del PRI, apenas minutos después de que se aprobaran en comisiones tres de los siete dictámenes que integran la reforma energética.

En la trinchera del PRD –versión Nueva Izquierda—justificaban el optimismo de Labastida. “En estos últimos días se han intensificado las interlocuciones del PRD con las bancadas del PRI y el PAN en el Senado, y a través del coordinador parlamentario dl PAN en el Senado, hemos abierto una interlocución con el gobierno federal”, anunciaba Carlos Navarrete, coordinador del grupo parlamentario del amarillo en el Senado, en reuda de prensa.

Las palabras de Navarrete traducían un radical cambio de actitud en el grupo mayoritario de ese partido. El no reconocimiento del gobierno del presidente Felipe Calderón era cosa del pasado para los perredistas de Nueva Izquierda, la corrente mayoritaria en ese partido

“Con la interlocución ---agregaba Navarrete—hemos logrado vencer resistencias y convencer de que el país requiere en estos momentos un mensaje desde el Senado de un acuerdo que le dé un nuevo impulso al Congreso de la Union; que le de un mensaje a la población mexicana que nuestras fuerzas políticas se pueden poner de acuerdo para evitr un desencuentro como que ocurrió aquí en abril pasado”.

Muchos meses de tensión, movilizaciones, toma de tribunas en el Congreso, 23 larguísimos foros en el Senado, habían precedido este momento, en el que por fin se asomaba la posibilidad real de plasmar en la Ley la capital Reforma Energética, concebida para detener la estrepitosa caída de la producción petrolera, darle a PEMEX autonomía frente a la Secretaría de Hacienda, y volver a hacer competitiva la más grande de las empresas paraestatales.

Los acuerdos alcanzados al cierre de esta edición dejaban claro que no habrá “privatización” en refinación, transporte y almacenamiento. Los dictámenes establecían, además, la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para hacer de PEMEX una empresa más eficiente; el fortalecimiento de la Secretaría de Energía, y un Consejo Nacional de Planeación Energética, cuya tarea será establecer políticas a largo plazo en la materia.

“Los tres primeros dictámenes nos permiten avanzar en las facultades que va a tener la Secretaria de Energía; avanzar en las facultades de la Comisión Reguladora del Petroleo; avanzar en una política de ahorro y llegar a acuerdos sustanciales en los cuatro dictámenes que vamos a ver en los días siguientes”.

Dos puntos, sin embargo, amenazaban el anhelado consenso: los famosos contratos incentivados, donde habrá dinero de particulares en exploración; pero también en la creación de las famosas filiales paraestatales, promovidas por el PRI con el apoyo del PAN. Ambas propuestas son rechazadas abiertamente por el PRD.

“El tema de las filiales y de los contratos son fundamentales para nuestro voto a favor de la reforma energética”, alertaba Navarrete, “Si aceptan eliminarlos, habremos ganado, habremos contundentemente cerrado cualquier posibilidad de privatización del petróleo”, puntualizaba.

Pablo Gómez, integrante de la Comisión de Energía

La información en torno a las filiales fue confusa a lo largo de la semana. Primero se manejó que el PRI retiraba la propuesta en aras de los acuerdos. Luego se dijo que insistiría, “Ya tienen un acuerdo PRI y PAN”, revelaba, en corto, el perredista Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energia.

-- Se manejó que el PRI había renunciado a las filiales en aras de un acuerdo. ¿No es correcto entonces que hayan retirado la propuesta? Preguntamos a Labastida.

-- Lo que dijimos es que sabemos sumar, que si no tenemos otro partido que nos apoye en este planteamiento, no lo sacamos. Para nosotros son filiales estratégicas. Estratégicas quiere decir, como está definido en la Constitución, que son 100 por cieto de capital nacional.
* * *

Los acuerdos en el Senado, por el contrario, fueron como una palanca de alerta para Andrés Manuel López Obrador, el principal detractor de la reforma; y sus 60 brigadas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. A mediados de la semana, el autollamado legitimo convocó de urgencia a una asamblea informativa en la que advirtió que en cualquier momento iniciarían “acciones de resistencia civil”, ante la inminencia de la aprobación de los dictámenes.

La presión obradorista se reflejó también en la Cámara Baja. El diputado Alejandro Sánchez Camacho, pejista de hueso colorado, declaró: “estamos en alerta roja; en la cual no se descartan varias acciones. Por cuestiones de estrategia, no podemos detallarlas con mucha exactitud. Lo que sí podemos aseverarles, es que nos estamos preparando para paralizar el Congreso de la Unión, si esto es necesario”.

El pejista puso énfasis en el tema de mayor conflicto: los contratos incentivados. “son contratos de riesgo. Son de la misma parentela, nada más que los quieren hacer creer que es una propuesta diferente”, dijo.

En ese acto, que marco la reaparición de Navarrete después del episodio frente a la Torre de PEMEX en que fue agredido por los fundamentalista del amarillo, el senador Pablo Gómez, reetieró su rechazo a los contratos incentivados y las filiales de PEMEX.

“No aceptaremos, bajo ninguna circunstancia, alerta, alerta, ni filiales con o sin capital privado, que el PAN propone con capital privado y el PRI con capital público. Filiales, no; contratos pagados con el petróleo, aunque sea en efectivo, no, no, lo diremos no aunque tengamos que hacer lo que sea”, advirtió.

La amenaza pejista fue rechazada por la mayoría de los legisladores de los otros partidos. “Cualquier atentado en contra del funcionamiento del Congreso es un atentado contra la democracia”, advirtió el senador panista Gustavo Madero, presidente de la mesa directiva del órgano legislativo. Otro legislador azul, José González Morfin, vaticinó que los que se oponen a todo “van a quedar aislados”.

En el PRI tampoco ve con muy buenos ojos la actitud del legitimo. Labastida advirtió que PEMEX no puede seguir como está. “No es bueno que dejemos sin solución los problemas”, dijo.

Y dio ejemplos: cuando se inició la administración de Calderón, el país producía tres millones 250 mil barriles diarios de petróleo. Hoy estamos sobre dos millones 800 mil. El pronóstico es que la producción petrolera va para abajo. Se estima que en el año 2012 puede llegar a dos millones 200 mil barriles.

“Si la producción petrolera en México cayera en el orden de un millón de barriles por día, a 70 dólares por barril, como se prevé en el presupuesto, estaríamos perdiendo 70 millones de dólares por día. Son veintitantos mil millones de dólares al año. Es una enorme cantidad de dinero”, ilustró.

El sinaloense recordó que el 40 por ciento de los ingresos del gobierno federal se obtienen de la venta del petróleo. De ahí se paga el 40 por ciento del salario de los maestros, del ejército, de la policía, de los médicos, de las enfermeras, se hacen carreteras… es decir, pondríamos en riesgo la atención de las necesidades más elementales de apoyo al campo. Prácticamente en todos los rubros está el petróleo.

Las previsiones en el Senado indican que el próximo lunes serán dictaminados los cuatro dictámenes faltantes. Dos de ellos son de capital importancia: La Ley Orgánica de PEMEX; y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional. Los siete dictámenes serían llevados al pleno para su discusión, y aprobación en su caso, el martes 21 de octubre.

El presupuesto original “se hizo humo”



El paquete económico para el 2009, a revisión por la crisis.






El Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2009, enviado por el Ejecutivo al Congreso a mediados de septiembre, se hizo humo. La crisis financiera mundial y sus consecuencias sobre el crecimiento económico de México obligaran a revisar el gasto a la baja y a hacer ajustes a la Ley de Ingresos.

Las proyecciones de crecimiento descienden del 3 por ciento al 1.8 por ciento. El precio calculado para el barril de petróleo es de 75 dólares, en lugar de los 80.3 dólares que contenía el documento inicial. El tipo de cambio promedio para el 2009 es de 11.20 pesos por dólar, en lugar de los 10.60 pesos que proyectaba el documento original.

El gobierno, además, se vio obligado a romper la disciplina fiscal. La Secretaria de Hacienda anuncio el pasado jueves que en el nuevo paquete económico para el 2009 incluye un déficit de de 1.8 por ciento, debido al programa para impulsar la economía que someterá al Congreso, que será financiado con deuda

El gasto para el 2009 se cifra en 2 billones 793 mil 100 millones de pesos.

“Va a ser un presupuesto totalmente distinto. No podemos planteárnoslo en los mismos términos, como si nada estuviera pasando en el entorno internacional ni en el entorno nacional”, dijo a Vértigo Javier Guerrero García, diputado del PRI, secretario de la Comisión de Presupuesto, y uno de los principales encargados de revisar con lupa el nuevo Presupuesto que envíe la Secretaría de Hacienda.

Guerrero promete que los diputados revisarán el gasto con responsabilidad, lucidez, profesionalismo, más allá del debate ideológico y la negociación política.

En la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto, hay voces que se levantan para pedir una ampliación de los plazos para aprobar el paquete económico para el 2009. La ley obliga a aprobar la Ley de Ingresos el 20 de octubre próximo –en el caso del Senado es hasta el 30 de octubre- y el Presupuesto el 15 de noviembre.

“Deberíamos tener un acuerdo político. Es una situación extraordinaria. Hay que esperar el tiempo que sea necesario, sin rebasar el mes de diciembre, obviamente”, dice a este semanario el diputado del PRD, Antonio Soto, uno de los más entusiastas promotores de la ampliación de los plazos.

“¿Por qué tiene que ser a fuerza el día 20 de octubre? ¿Por qué no podemos esperar hasta el 15 de noviembre? Eso te da un tiempo mayor para tomar decisiones más acertadas. De todas maneras los mercados están convulsionados”, dice Soto, representante del amarillo en la Comisión de Hacienda.

Su propuesta, sin embargo, no parece tener mucho futuro. No la ha consensuado ni siquiera con su grupo parlamentario, mucho menos con las fracciones del PAN y del PRI.

El priísta Javier Guerrero no parece estar muy de acuerdo con Soto. “Lo habremos de discutir, pero te puedo adelantar que si ampliamos los plazos y violamos la Ley, lo que mandamos es una señal de negativa que altera la confianza de los mercados”, consideró el coahuilense, en la entrevista.

Abundó: “el problema no es declaraciones. Tenemos que ver los indicadores, buscar que es lo que más le conviene al país. No es un asunto tampoco de envolverse en la bandera y ponerse como salvadores de la patria, sin elemento, sin datos reales. El PRI va a actuar con responsabilidad, y va a hacer lo que se tenga que hacer, independientemente de que sea popular o antipopular”, aseguró.

Otro priísta, Jorge Estefan Chidiac, fue más preciso: los mercados no van a cambiar el 25 o el 30 de octubre, es un tema que lleva meses y que pueden seguir pasando meses. Lo que hay que cumplir son los plazos que dice la Ley.

El reportero habló también con Gabriel Reyes Orona, abogado, ex procurador fiscal. El hombre, que asesora a la Comisión de Hacienda de la Cámara baja, tampoco simpatiza con la idea de estirar los plazos. “Yo considero que lo que tiene que haber en los mercados es certidumbre de que la ley sigue y que la ley se aplica. Comenzar con acuerdos parlamentarios es un mensaje de inseguridad”, dice.

Y pregunta: ¿qué van a hacer ahora? Van a argumentar que la modificación legal que hicieron hace poco para fijar los plazos está mal, digo de que da tiempo, sí da tiempo, pero ¿para qué una reforma legal?

“Lo que estoy proponiendo en la Comisión de Hacienda, de entrada, es que no violen la ley, porque la ilegalidad no es buena fuente de nada, eso por un lado y por otro lado lo que les decía yo, prevean diferentes escenarios, prevean. Digo puede haber rangos, se puede dar”, dijo.

A Javier Guerrero lo interrogamos sobre los sectores donde se aplicaran los ajustes a la baja. Respondió: “estamos en eso, en cuanto al gasto. Es evidente que tenemos que enderezar los sectores que vienen caídos y hacer una revisión de las prioridades que mandó el presidente. Hay una asignación importante en seguridad pública, que es el sector favorecido por la coyuntura”, dijo.

Y aclaró “no estoy hablando de rebajar montos, pero si de revisar a profundidad la propuesta del Ejecutivo”.

Los diputados están consientes de la necesidad de enderezar sectores tan importantes como el campo, la educación y la infraestructura. “En el caso concreto del campo, tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo, no sólo para dar el monto, sino para ver que pasó este año. Tuvimos problemas de subejercicios importantes, de coordinación, de operación en el sector, insensibilidad, burocratismo, reglas de operación complejas que se confunden con actitudes facciosas y partidistas.

“El campo reclama recursos, pero también responsabilidad, eficiencia, compromiso”, remató.

Los legisladores de oposición, sobretodo, están convencidos de la necesidad de blindar los recursos destinados a programas sociales, para evitar su utilización electoral en el 2009, año en que los mexicanos iremos a las urnas para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados, 6 gobernaturas, alcaldías y congresos locales.

Revisarán también los fondos petroleros; qué pasa con los fondos de estabilización, con las asignaciones a sectores víctimas de la inercia, como el paraestatal.

“Esa es un poco la tarea para la semana que viene. Tengo confianza que para el 20 de octubre, los diputados vamos a hacer muy buen esfuerzo para darle claridad a la coyuntura y a las decisiones que estaremos tomando en el Congreso en materia de ingreso y de gasto”, sintetizó.


Chidiac considera que la mayor certidumbre que se puede dar en estos momentos de convulsión en los mercados es que se procese un paquete sensato que deje ver claramente que no se pone en riesgo al país y que el gasto se va a ajustar a los niveles de ingresos que se justifiquen.

Nadie en San Lázaro se atreve a hacer pronósticos. “Ni el mago Merlín si viviera, sabría cuando va a haber claridad”, señaló Chidiac.

Javier Guerrero coincidió “no sería capaz de establecer un pronóstico de si esto va a durar tres meses, o seis meses. Podemos tener un periodo de crisis de más de dos o tres años”, puntualizó.

El IFE, otra vez en la encrucijada.





La partidocracia ataca de nuevo.




No podemos dejar de aplicar sanciones por prudencia política. “Ya lo hicimos en el 2006 y nos acusaron de omisión, la labor del IFE es aplicar la Ley”, recordó el consejero electoral Marco Gómez Alcanzar, al explicar a Vértigo los criterios que guiaron la imposición de cuantiosas multas a los partidos que violaron el Cofipe en el proceso electoral 2005-2006.

Los partidos no solo anunciaron su decisión de impugnar las sanciones ante el TEPJF, sino que, a través de sus diputados, solicitaron implícitamente la remoción de Gómez y de Virgilio Andrade de sus asientos en la Comisión de Quejas y Denuncias que elaboró el dictamen con las multas, en un polémico exhorto al IFE con fuerte olor a represalia.

El punto de acuerdo, aprobado por el PAN, PRD, PT, Convergencia y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, en la sesión del jueves 2 de octubre, exhorta al Consejo General del IFE para que desde el inicio, y durante el proceso federal electoral 2008-2009, se apegue a los principios constitucionales de “legalidad, objetividad, certeza, independencia e imparcialidad.”

Aunque el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, firmo el punto de acuerdo elaborado en a Junta de Coordinación Política, la diputación del tricolor, junto con la del PVEM, votaron en contra por considerar que viola la autonomía del Instituto federal Electoral.

Los diputados que aprobaron el exhorto al IFE consideran que los criterios para castigar a los partidos son “inexactos e incongruentes”, y contienen violaciones a las garantías del debido proceso; con criterios distintos para el cálculo del monto de sanciones”. Según los legisladores, los criterios que siguió la Comisión de Quejas y denuncias del IFE no garantizan el apego a los principios constitucionales de la actividad electoral

El exhorto provocó molestia entre los consejeros electorales. Andrade y Gómez de plano lo rechazaron por injerencista. Son decisiones que le competen exclusivamente al Consejo General del IFE”, precisó Gómez.

* * *

El PRD fue el partido más castigado. Le impusieron una multa de 57 millones de pesos por el plantón en el corredor Reforma-Zócalo que encabezó Andrés Manuel López Obrador. El FAP le iban a imponer una multa adicional de 13 millones por la toma de tribuna antes de la toma de protesta de Felipe Calderón, pero al final quedó en amonestación.

El PAN deberá pagar 37 millones de pesos por el envío de un millón de tarjetas de navidad en diciembre del 2005, firmadas por el entonces candidato Felipe Calderón, en plena tregua electoral. La multa al PRI fue de 12 millones de pesos por, entre otras cosas, repartir dinero en un mitin en Oaxaca y por recurrir a la vieja práctica del acarreo.

Las sanciones fueron aprobadas por el Consejo General del IFE, luego de una maratónica sesión, de casi 14 horas, que inicio el lunes 29 de septiembre, en la que llovieron descalificaciones a Andrade y Gómez, por su osadía.

“Esa rudeza innecesaria no la merecemos…”, reviró, molesto, Marco Gómez, luego de que el diputado federal del PRD, Javier Hernández, dijera en esa sesión que de los integrantes del Consejo General del IFE que sancionaron la elección del 2006, no hay uno solo que se salve.

“Fueron responsables de poner al país al borde de un problema, de un conflicto social que atentó contra la vida de los ciudadanos”, acusó el perredista.

Al IFE se le reprochó no solo la imposición tardía de las multas, sino también de violar el derecho de manifestación, y de echar más leña al fuego a un país dividido políticamente.

“No podemos dejar de sancionar a los partidos por pura prudencia política”, insistió el consejero Gómez, quien también respondió al tema de la tardanza. Recordó que el Consejo General del Instituto registró un largo y doloroso proceso de renovación parcial que le impidió hacer la tarea. “En esas condiciones era prácticamente imposible cerrar el proceso del 2006”, alegó.

Y solicitó al reportero publicar el artículo 3, inciso b, del Cofipe, para entender las sanciones aprobadas. Dice textual ese articulo: “son obligaciones de los partidos políticos: abstenerse de recurrir a la violencia o cualquier acto que tenga por objeto, o resultado, alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías, o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno.”

“Si alguien incumplió la Ley, se debe de sancionar”, subrayó.

Las reacciones de los representantes de los partidos fueron del tamaño de la multa. El mas critico, durante la sesión del Consejo General, fue el perredista Rafael Hernández, representante ante el IFE:

“Se ha pretendido presentar este conjunto de resoluciones como aquellas que van a cerrar el capítulo del 2006. La herida sigue abierta y tal parece que, en lugar de buscar que cierre y que sane, lo que se busca es echarle sal…”, aseveró.

Ya encarrerado, advirtió que sancionar al PRD por las protestas postelectorales después de la elección del 2006, y al Frente Amplio Progresista, por la toma de las tribunas constituye un precedente funesto para el sistema democrático en nuestro país. “Será, y lo digo con dolor, un día negro para la democracia mexicana”, aseguro.

Según Hernández, el IFE se convierte, por la vía de los hechos, en un instrumento represor del gobierno federal, para intentar inhibir movilizaciones sociales o actos de legisladores que éstos realizan en ejercicio de sus funciones, y que están protegidos constitucionalmente.

“Hace 40 años, en 68 los jóvenes mexicanos emprendieron una lucha por la democracia y un régimen autoritario no permitió la expresión pacífica.

“Es aberrante que hoy el Instituto Federal Electoral a quien le hemos apoyado para que tenga facultades para normar las campañas electorales, hoy se convierta en un órgano que pretenda impedir la libre manifestación y la expresión de las ideas”, subrayo.

Dora Alicia Martínez, representante del PAN ante el Instituto, enfoco sus baterías en contra de la Comisión de Quejas y Denuncias. “Pareciera que quiere beneficiar a alguien. Quiero dejar muy claro que no nos gusta como se esta haciendo el trabajo en la comisión”, manifestó.

La reacción del PRI fue más ponderada. Los tricolores no solo rehusaron firmar el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, sino que dijeron entender la intencionalidad de las multas. Sebastián Lerdo de Tejada, representante de ese partido ante el IFE, sin embargo, reconoció que los montos de las sanciones son “excesivos”.

Una constante en las intervenciones de los consejeros electorales que apoyaron las multas fue, efectivamente, que el Consejo tiene la obligación legal de resolver las quejas que se derivaron del proceso electoral pasado.

“No hacerlo sería un acto de irresponsabilidad que en nada contribuiría a extirpar del país el sentido de impunidad que en muchas ocasiones acompaña nuestra vida cotidiana”, puntualizó el consejero Francisco Guerrero.

Patricia Mercado “está amargada.”





El PSD, ni izquierda rijosa, ni partido negocio: Jorge Carlos Díaz Cuervo.



Queremos distinguirnos de esa izquierda gritona, rijosa, de esa izquierda autoritaria, que no se ha decidido a cambiar el manejo de los programas sociales, que los sigue utilizando de manera clientelar, declara Jorge Carlos Díaz Cuervo, flamante presidente del Partido Socialdemócrata

En entrevista con Vértigo, adelanta también su objetivo de distinguir al PSD de otros partidos de izquierda, que han sido rémora o apéndice del propio PRD, así como de “partidos negocio”, como el Partido Verde, o que son extensión del sindicato de maestros del país (Nueva Alianza)

Díaz Cuervo llegó a la presidencia del PSD, luego de un prolongado conflicto entre las distintas facciones de esa agrupación política, que culminó con la salida de la ex candidata presidencial, Patricia Mercado, y la renuncia del ahora ex dirigente de ese partido, Alberto Begné, quien va por una diputación federal.

Asambleísta con licencia, Egresado del ITAM en la maestría de Dirección Internacional, el dirigente socialdemócrata admite los errores que llevaron a la polarización de la agrupación política, y reprueba las acusaciones Mercado ha hecho, no solo contra de Alberto Begné, sino contra el partido. “Carecen de sustento”. Asegura.

“No he escuchado un sólo argumento sólido que sustente las acusaciones de una quiebra financiera, de que en esto, los que quedamos en el partido somos escoria, de que habemos puro caníbal, peleándonos el dinero. Escucho estas descalificaciones, escucho estas agresiones, pero no presenta una sola prueba de estos dichos. Lamento mucho que se trate de dañar de esta manera tan ruin al partido.

“Yo por este partido he apostado mi vida, mi carrera profesional, mi carrera política, y lo voy a defender en contra de estos ataques, vengan de afuera o de adentro, porque estoy convencido de que el proyecto socialdemócrata es pertinente para el país

“Podemos iniciar una renovación de la clase política, podemos ser el inicio de una recomposición del sistema de partidos, y yo quisiera poner esto por delante y dejar a un lado, insisto, descalificaciones. Lo digo con mucha tristeza, porque a Patricia yo la sigo considerando mi amiga. Ella y yo iniciamos este proyecto, ella y yo invitamos a Alberto Begné a que asumiera la presidencia de este partido, cuando Alberto estaba en el IFAI. Lamento mucho escuchar y leer de ella tanta amargura, tanto coraje.

“Sin duda la derrota no es grata, pero en democracia siempre hay que estar preparados para ganar y perder. El talante democrático se demuestra justamente cuando se pierde, no en la victoria y creo que ahí Patricia le debe a este partido el no haber podido asumir, ni administrar esa derrota.

-- ¿Explicarías esta reacción crítica de Mercado por el sólo hecho de que perdió, o habrá de donde agarrarse para estas acusaciones?

--Llevo meses pidiéndole a Patricia en muchas reuniones que hemos tenido, pruebas de sus acusaciones, pidiéndole que si bien tiene un conflicto personal con Alberto Begné, no lo lleve al terreno de denostar y de agredir al proyecto y al partido como lo está haciendo. Es momento en que yo no recibo de ella un sólo argumento sólido.

“Eso yo se lo reclamo personalmente, porque si ella ya no se siente a gusto en el proyecto pues esta bien, la militancia es una decisión personal que se debe de tomar en absoluta libertad; si ella creé que ya no es momento de que siga militando está muy bien. Pero de eso a pasar a las descalificaciones, a las agresiones, me parece que lo único que demuestran es mucha amargura y mucho coraje, porque como yo lo dije el domingo; este partido no puede nunca decirse que es el partido de alguien, o que es mi partido.

Es un proyecto colectivo, es un proyecto de la ciudadanía y eso a Patricia le dolió eso Patricia no lo ha podido manejar. Se sigue refiriendo a que le quitamos su partido, que este era su proyecto y que se lo arrebatamos, cuando este proyecto lo construimos muchas personas.

Ella jugo un papel que yo nunca se lo voy a regatear, pero tiene que reconocer que este partido le invirtió a su imagen 60 millones de pesos y que ella hoy, en mucho, tiene el prestigio y la imagen, gracias a Alternativa que la puso como su candidata. La defendimos contra el Doctor Simi, le pusimos 60 millones de pesos para fortalecer su imagen; ella lo hizo estupendamente bien, pero creo que le está pagando muy mal al partido que la hizo la figura que hoy es. Eso creo que la deja muy mal parada ante muchos de nosotros que seguimos aquí apostándole, insisto, a consolidar un proyecto socialdemócrata,

-- ¿Con la salida de Begné de la presidencia y la renuncia formal de Patricia Mercado se acabo la pugna dentro del Partido Socialdemócrata?

-- El punto final de esta contienda interna, que fue larga y que fue muy desagradable en algunos momentos, terminó el domingo. Creo que la renuncia de Patricia es el epílogo, insisto, de esta historia que nos deja madurez, nos deja enseñanzas de lo que no debemos volver a hacer, pero creo que si abre claramente la posibilidad de replantear este proyecto, de volver a entusiasmar a cientos de miles de personas en torno a un proyecto con ideas.

Ese es el reto que hoy asumo, de volver a generar esperanza en ciudadanos y ciudadanos libres que crean pertinente que en el próximo Congreso de la Unión exista una agenda de corte socialdemócrata, y si logramos generar ese entusiasmo, esa esperanza hacer política de manera diferente, pues creo que el Partido Socialdemócrata estará entre nosotros por muchos años más.

-- Begné se acababa de reelegir hace seis semanas ¿por qué elige irse de diputado seis semanas después de que se reeligió para dejar el lugar que tú ahora ocupas, por qué hubo ese cambio en tan poco espacio de tiempo?

.. Porque se dio cuenta que hay un desgaste, que el partido está cansado, que él mismo como dirigente se siente cansado, desgastado, y no sólo al interior del partido, sino inclusive en términos de su imagen pública, en términos mediáticos y él mismo consideró que, en aras de poner por delante el proyecto, era el momento de cambiar de ritmo, de cambiar de dirigencia, de cambiar de aires. Me parece una decisión madura, responsable, que pone por delante la institución y no los intereses personales.

Fin.




Patricia Mercado no será candidata en el 2009.

Renunció al PSD, para no avalar una “simulación”.
Francisco Garfias.
Patricia Mercado formalizó el pasado domingo su renuncia al Partido Socialdemócrata, otrora Alternativa. Lo hizo en medio de acusaciones de malos manejos financieros en la agrupación política, y con el alegato de que no puede legitimar una absoluta simulación.
“Su ha roto el contrato que hicimos con los ciudadanos en la campaña del 2006”, dijo a este semanario la aguerrida mujer, quien se ha distinguido por su lucha a favor de la equidad de genero.
Ex candidata presidencial en las pasadas elecciones del 2006, presienta de México Posible, partido que perdió el registro y del cual fue jefa nacional, Mercado detalló a Vértigo los motivos de su salida, y adelantó que, en el 2009, no será candidata a ningún cargo por ningún partido.

--¿Qué pierde el Partido Socialdemócrata con la salida de Patricia Mercado?

-- Más bien es el proyecto del Partido Alternativa que construimos hace tres años, y que venía también de una historia anterior, cuando construimos México Posible, el que se pierde. No es tanto las personas, sino un proyecto que se pierde, un proyecto que fue acosado desde el principio que hicimos el partido, acosado por las malas prácticas, la vieja política muy, muy acosado.

En esta última etapa, hemos comprendido que es igual aliarse con uno que con otro, que no tienen identidad propia, que no hay un proyecto definido, donde seguimos usando las clientelas, el abusar de la pobreza de la gente, manipular su voluntad para poder ganar o perder una elección interna, en fin, un partido con estatutos a modo, lleno de complicidades internas, más que de una institucionalidad que de certeza a los militantes en la defensa de sus derechos.

Me voy porque no puedo seguir legitimando algo que me parece es una absoluta simulación y que ha roto el contrato que hicimos con los ciudadanos en la campaña del 2006. Yo fui su candidata, pero a través mi, hablaba un proyecto, yo era la comunicadora de una idea, de un proyecto, de un compromiso y ese compromiso se ha roto.

Yo quiero seguir en eso, ya no será con una etiqueta partidaria, con una organización partidaria, tendrá que ser con una organización social, una organización ciudadana. Entramos a la política, no se pudo, todavía hay muchas reglas del juego que cambiar, reglas del régimen político que hay que cambiar, la idea es cambiarlas.

Desde adentro es más difícil porque hay muchos incentivos para no cambiarlas. Creo que desde fuera se puede incidir más para cambiar esas reglas y que realmente la política sea un espacio de trabajo profesional, eficiente y eficaz para resolver los problemas de la gente.

-- Díaz Cuervo dice que el partido invirtió 60 millones de pesos a su imagen, que todavía no ha presentado una sola prueba de todas estas acusaciones que hace de que prácticamente están centaveando la política,

-- El partido no invirtió en mi imagen, invirtió en la difusión de las ideas para convencer a este millón de ciudadanos, que finalmente convencimos, de que valía la pena votar por esas ideas, por ese proyecto político. Invirtió en eso. Por eso el partido obtuvo el registro, no fue una inversión en una imagen personal.

No es que no hayamos presentado pruebas, lo que pasa es que pedimos de miles de maneras la rendición de cuentas de cosas que no nos explicamos, pagos millonarios a consultoras que no sabemos exactamente que se les ha consultado y cuál es el resultado de estas consultas Porque una cosa es presentar una buena factura, una factura legal y otra cosa es una rendición de cuentas. Nunca pudimos hacerlo y ahora pues mucho menos.

José Carlos sabe que el presidente de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas fue su subordinado mucho tiempo en el Seguro Social, es el padre de la que ahora va a ser diputada, es el suegro de Luciano Pascoe, que es el que firma los cheques. ¿Cuál transparencia? ¿Cuál rendición de cuentas?

Yo muchas veces dije, ‘Soy capaz quedarme sola en este partido si la institucionalidad funciona’, y esa institucionalidad son las comisiones autónomas, y las comisiones autónomas sirven para rendir cuentas, para hacer justicia partidaria y para contar los votos. Si esto funcionara pues bueno, no importa, te quedas ahí, tú sabes que tienes la posibilidad más adelante de castigar al que se tiene que castigar, que se van a rendir cuentas y que puedes ganar una elección futura, en este momento no pudiste, bueno podrías ganar después.

Pero si esas comisiones son comisiones a modo, tres reformas estatutarias para cambiar y cambiar y cambiar los estatutos, para hacerlos también a modo, hacer una regresión en el voto secreto, cuando estamos avanzando en la importancia del voto secreto, bueno pues francamente quedarse ahí es legitimar una cosa sin saber hacia donde va, y donde no vas a tener posibilidades de intervenir, de influir y ni siquiera de hacer un litigio, porque todo está tan armado, la institucionalidad esta tan armada, pues vas a perder hasta los litigios.

Es mejor simplemente no seguir legitimando eso, yo espero que de otra manera, grupos ciudadanos que están luchando por la transparencia, sigan en lucha de los recursos de este partido porque yo si tengo temor realmente que se haya como blindado la impunidad para el próximo año, cuando el partido va a recibir mucho dinero para hacer campaña electoral.

-- Las diferencias que la llevaron a la renuncia de su partido político se están planteando como un conflicto personal con el ex dirigente Alberto Begné ¿Esto es así?

-- No, no es un pleito personal, incluso él ya se fue. Son diferencias de proyecto. Para mí se rompió el contrato que hicimos con los ciudadanos, no les estamos respondiendo y toda esta discusión interna de que ‘Patricia es una onegenera, que se vaya a hacer trabajos con la ONG, nosotros somos lo que sabemos hacer política’, no sé que signifique eso, si la política es acomodarse, es ver que el partido sobreviva, pase lo que pase. Eso no, estamos aquí para hacer una política, una construcción de proyecto.

Por supuesto el otro existe, es decir, los otros partidos, los otros sujetos de la política con los cuales tienes que construir acuerdos claros, acuerdos en la mesa, pero poniendo sus puntos de vista, sin que sean desde una posición fundamentalista de que eres tú el que tiene la verdad.

México en estado de choque.




“La primera bomba es culpa de los terroristas,
la tercera del gobierno…”


México no se reponía aun del macabro hallazgo cerca de La Marquesa, 24 ejecutados, todos con el tiro de gracia, la mayoría jornaleros, cuando dos granadas, estalladas por separado en medio de la multitud que celebraba las fiestas patrias en la capital michoacana, metían de lleno a este país en la lista de los países azotados por el mas vil de los chantajes: el terrorismo contra civiles.

Siete muertos y más de 100 heridos era el saldo provisional del doble atentado cometido, uno, en la plaza Melchor Ocampo de Morelia, frente a Palacio de Gobierno, a 200 metros del lugar donde el gobernador de la entidad, Leonel Godoy, daba El Grito, y, otro, en el cruce de Avenida Madero y Andrés Quintana Roo, a cuatro cuadras de alli.

Las explosiones pusieron al pais en estado de choque. Por primera vez un acto terrorista había sido dirigido contra la población civil en México. Los autores del cobarde atentado permanecían mudos, pero las sospechas recayeron inmediatamente sobre las poderosas bandas del crimen organizado, que han ensangrentado este país con su violencia ciega.

“Lo de la Marquesa y lo de Morelia son casos de naturaleza terrorista, ambos fueron dirigidos contra personas inocentes, con la voluntad de causar pánico, de hacer daño y aniquilar a población”, subrayaba a Vértigo el general de división, Roberto Badillo Martínez, integrante destacado de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

La voz de este militar en retiro, que ha tenido mando de tropa en una docena de estados, sonaba grave, muy a tono con los críticos tiempos que vive México.

“Esta es una nueva etapa de la violencia generalizada en México, el gobierno no debe minimizar su gravedad, pero tampoco maximizar estos actos terroristas, que no son de sabotaje como los de PEMEX, para no caer en una locura de acciones gubernamentales en las que algunos países han caído, lo que pido es que haya sangre fría, cabeza fría en aquellos que toman decisiones”, advertía el general,

Las explosiones habían dado al traste con la celebración del 198 aniversario de la Independencia de México. Ocurrieron en el momento mismo en que Godoy gritaba ¡Viva México! y hacia sonar la campaña de Palacio de Gobierno, en una réplica más de lo ocurrido en Dolores, Hidalgo, el 15 de septiembre de 1810.

Las Fiestas Patrias quedaban empapadas de sangre.

“El gobierno mexicano debe dimensionar adecuadamente estos actos, porque son muy graves. La violencia que teníamos era diferente. Supuestamente era entre narcos, o entre autoridades y narcos, pero ahora ya está afectando a una parte de la población del país”, recordaba Badillo Martínez

Los bombazos parecían iniciar la cuenta regresiva para el gobierno federal en materia de combate al crimen organizado. A mitad de la semana, Roberto Pombo, director del periódico El Tiempo de Colombia, el país mas azotado por el narcoterrorismo, recordó en el programa radiofónico de la periodista Denise Maerker lo que establece el manual de los terroristas en materia de atentados con explosivos dirigidos en contra de la población civil: La primera bomba es culpa del terrorista; la segunda también, pero la tercera es culpa del gobierno “y se pedirá que (ya) no se le mueva eso, porque hay gente inocente que sufre…”

La manera de operar en la capital michoacana fue semejante a la utilizada, en su tiempo, por el crimen organizado en Colombia. “El narcoterrorismo empezó en mi país con un terrorismo indiscriminado, para atemorizar a la ciudadanía, para arrinconar al gobierno, también como resultado de una reacción tardía del Estado para combatirlos, cuando antes había sido un Estado bastante complaciente frente a ellos”, recordó. Sin querer, Pombo puso el dedo donde duele.

La mañana del 15 de septiembre, la PGR subió a su página de internet un documento sobre lo que se ha hecho en México en materia de trafico de armas en las últimas tres administraciones. Las cifras publicadas dejan muy mal parado al los ex presidentes, Vicente Fox y Ernesto Zedillo

El documento dice que entre 2002-2006, con Fox en Los Pinos, se decomisaron 2,200 armas largas y 400 mil municiones; mientras que en estos 21 meses de gobierno, del 1 de diciembre del 2006 al 31 de agosto del 2008, se han asegurado 20 mil 82 armas (casi 10 veces más), y un millón 958 mil municiones.

Los datos sobre los decomisos de dinero; aseguramiento de diferentes tipos de droga, de vehículos aéreos y terrestres, y número de detenidos, son similares.

Van ejemplos: en los primeros 21 meses del gobierno de Calderón, se han asegurado 278 millones 538 mil dólares. Los decomisos en el gobierno de Fox fueron de 29 millones 385 dólares, en el mismo lapso, y de apenas 728 mil con Zedillo. Van 41 mil 222 detenidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas en lo que va del sexenio, contra 27 mil 36 con Fox; y 30 mil 368 con Zedillo.

Las cifras, en cantidades de droga decomisadas, no varían mucho. Con Felipe se han asegurado 61 mil 515 kilos de Cocaína; tres millones de kilos de mariguana; y 1, 205 kilos de metanfetaminas. Con Fox fueron 39 mil 817 kilos de cocaína; 2 millones 471 mil de mariguana; y 845 de metanfetaminas; y con Zedillo de 35 mil 764 de cocaína; un millón 407 mil de mariguana; y 582 de metanfetaminas.

La laxitud evidenciada por Fox frente a los narcos empieza a dar de que hablar. El diputado del PRI, Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Defensa en San Lázaro, se le fue a la yugular al ex mandatario del PAN

“Esto no se inventó de la noche a la mañana. Cómo es posible que hayan reventado tan rápidamente en los estados estos problemas con la llegada, del presidente Calderon y la decisión de meter al Ejército en el combate al narcotráfico.

“Esto se dejó esto crecer sin ningún control. Ahora hay que enfrentarlo a riesgo de nuestras vidas, de nuestros hijos, pero también hay que sacar a la luz pública quienes llevaron al país a este desorden en que vivimos actualmente”, dijo el legislador del PRI

* * *
El flagelo del crimen organizado llevó al presidente de la República a presentar un proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2009, con incrementos substanciales en el rubro de Seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia que recibirá mayor aumento, de casi 50%, pues pasará de 20 mil 700 millones, a 31 mil millones de pesos. La Procuraduría General de la República irá de 9 mil 800 millones a 12 mil 600 millones de pesos. A la Defensa Nacional se le incrementa 20% el presupuesto, de 36 mil 500 millones a 42 mil 400 millones de pesos, y Marina llegará a los 15 mil 800 millones de pesos.

“El Presupuesto está enfocado a darle más dinero a quien no da resultados y menos a quienes si los dan. El Ejército, y no las policías, es el que lleva el 90 por ciento del peso en el combate al crimen organizado”, puntualizó el general Badillo, quien recordó que hace más de un año y medio, planteó la necesidad de crear la cuarta fuerza militar, la Guardia Nacional, que pasaría a hacer las labores de la PFP.

“El problema de estas fuerzas policiacas es que ya están corrompidas. Si un organismo esta corrompido en un 10, 12, o un 15 por ciento, pues ya está corrompido. Es muy difícil confiar en el. La cuestión sería que el señor presidente se planteara la creación de la cuarta fuerza militar federal, la Guardia Nacional, para atender esta situación”, insistió el diputado-general

El diputado Rivera Bedoya, por su lado, advirtió que en México se prenden llamas “bastante fuertes”, que no son improvisadas. Dice que hay que ir para adelante a buscar eficiencia. “En lo que estamos más pobres es en inteligencia, en adelantarnos a los problemas. Vamos cuando ya están ardiendo los lugares, cuando hay cientos o miles de muertos”, subrayó.

--¿Están en la idea de respaldar al gobierno federal en esta cruzada que tiene contra el narco? –preguntamos al diputado del PRI,

-- Estamos totalmente de acuerdo, sabemos que es un problema de todos, pero tenemos que estar atentos a resultados, porque pues hasta ahorita no hemos visto mucha eficiencia en el trabajo. Hemos visto voluntad, pero no eficiencia. Queremos la segunda, la que es importante, la reducción de la criminalidad en todo el país. Yo le reitero nuestra preocupación y solidaridad con el Gobierno de la República, con todo el pueblo de México en este difícil momento que estamos viviendo.

Cambios al formato del Informe





Un primero de septiembre diferente.



El Palacio Legislativo, escenario de todas las batallas políticas, tenía ese lunes una apariencia normal. Allí, donde cada año se levantaban impenetrables muros de acero, no había un solo retén.


Mucho menos uniformes, cascos, toletes y escudos, que año con año le daban al sitio una apariencia de zona de guerra. La prepotencia y grosería del Estado Mayor brillaban por su ausencia.


Dentro de San Lázaro no había efervescencia. El Corral de la Ignominia, como se le denomina al lugar asignado a los reporteros en el salón de sesiones, ni siquiera se llenó.

En el palco de invitados, la estrella era la dirigente del PRI, Beatriz Paredes. Por ese lugar desfilaban y se inclinaban diputados de tricolor. Hacían fila para saludarla.

Pero nadie más. Ni Germán Martínez, líder nacional del PAN, ni Guadalupe Acosta Naranjo, presidente substituto del PRD, invitados al evento, se aparecieron por el lugar.

Mucho menos los grandes empresarios, directores de los medios, embajadores o representantes de las Iglesias, que año con año asistían puntualmente a la ceremonia.

La primera fila de curules ya no la ocupaban los integrantes del gabinete.

A Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, le había tocado la tarea de entregar el Informe por escrito al diputado del PRI, Cesar Duarte, presidente de la mesa directiva.

Lo hizo por la mañana, antes de la sesión de Congreso General, que reunió a diputados y senadores para la apertura del periodo ordinario. La ceremonia de entrega no rebasó los seis minutos

Era un primero de septiembre diferente. Se había perdido fastuosidad, espectacularidad y efervescencia, pero se había ganado orden y tranquilidad.

La apertura del periodo se llevaba a cabo en un ambiente de civilidad, a pesar de que unos veinte diputados del Frente Amplio Progresista tomaron brevemente la tribuna y desplegaron sus pejemantas en la vespertina sesión.

Los cambios al formato del Informe, derivados de las reformas a los artículos 69 y 93 de la Constitución, habían hecho posible el milagro. Por primera vez no se pesaban gritos ni consignas en el Palacio Legislativo un primero de septiembre, otrora “Día del Presidente”, que la pluralidad transformó en día de ¡Péguele al Presidente!

En el salón de sesiones, sin embargo, se expresaban dudas sobre la conveniencia del nuevo formato, que exime al Presidente de la República de la obligación de asistir físicamente a entregar el Informe. Los cambios a la Carta Magna lo obligan únicamente a acudir al Congreso a colgarse la banda presidencial y rendir la protesta de Ley.

¿Se ganó en la rendición de cuentas? ¿En el diálogo entre poderes? ¿Le conviene al Congreso no tener contacto directo con el jefe de la Nación a lo largo de su gestión? son preguntas frecuentes entre preocupados legisladores, que no están de acuerdo que este formato.


Samuel Palma, diputado del PRI, integrante de la comisión de Puntos Constitucionalesque trabajó en las modificaciones a la Carta Magna, manifestaba era uno de los inconformes por el hecho de que el jefe de la Nación ya no está obligado a comparecer ante esa representación popular.


El legislador tricolor recordó que la propuesta inicial para modificar el formato incluía la posibilidad de que alguna de las cámaras citara al Ejecutivo, una vez cada año, seis o siete meses después de que entregara el Informe por escrito. “pero no hubo acuerdo, el PAN se opuso”, dijo a Vértigo.


El senador del PAN, Santiago Creel, afirmó que los cambios a la Constitución se derivan del comportamiento que ha tenido el PRD en los últimos informes. A Vicente Fox no lo dejaron entrar siquiera al salón de sesiones, mientras que Felipe Calderón apenas pudo llegar a la tribuna para hacer entrega de su primer informe.


El ex presidente de la mesa directiva de la cámara alta reconoció que el nuevo formato, al que considera “temporal”, le resta poder de interlocución al Congreso frente al Ejecutivo. “La comunicación entre los dos poderes se debe dar en forma permanente y no en silencios intermitentes”, puntualizó.


Rene Arce, senador del PRD, se congratula que se le haya quitado al Informe del presidente la “fastuosidad”. Reconoce que al eliminar el viejo formato se termina también con los enfrentamientos y la discordia que esa ceremonia traía consigo cada primero de septiembre.


Pero el perredista se sumó también a los que consideran que eliminar la obligación de que el presidente comparezca ante el Congreso de la Unión no favorece a la rendición de cuentas, ni al diálogo entre los poderes. “es un asunto que tendremos que revisar”, subraya.


Para Arce, lo ideal hubiera sido que el Congreso copiara el formato que se aplica en la Asamblea Legislativa durante el Informe del Jefe de Gobierno de la Ciudad. El Ejecutivo local responde a las preguntas que le hacen los grupos parlamentarios representados en ese órgano legislativo.


No fue fácil que Marcelo Ebrard aceptara el debate con los asambleístas. Estaba convencido que la Comisión de Gobierno de la ALDF, encabezada por el perredista Víctor Hugo Círigo, de Nueva Izquierda, quería tenderle una celada.”Ahora hasta le gusta. El dialogo ha sido respetuoso y le da la oportunidad de responder”, subraya Arce.


El diputado del PAN, Cristian Castaño, vicepresidente de la mesa directiva en San Lázaro, reconoce igualmente que hay cosas que mejorar en la reforma que se hizo al Informe Presidencial, en virtud de que, incluso, el propio Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa en la Comisión Permanente, desde el año pasado, para que pudiera haber interpelaciones al Jefe del Ejecutivo y se produjera un diálogo más franco, abierto y transparente entre los dos poderes.


“Evidentemente pues esto no pudo cristalizarse. Allí está la iniciativa en comisiones. Me parece que sí se puede avanzar más para hacer ese diálogo abierto. Puede haber interpelaciones al Jefe del Ejecutivo, independientemente de que sí hay un avance en el hecho de citar a secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de los organismos paraestatales y descentralizados, bajo protesta de decir verdad, eso hay que decirlo, también: ha sido un avance”, puntualizó.


Cada una de las cámaras realizará el análisis del Informe, y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información, mediante pregunta por escrito, que deberá ser respondida en un plazo no mayor a los 15 días naturales, a partir de su recepción.


Los legisladores podrán citar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores de las entidades paraestatales; quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.


Si el pleno o las comisiones consideran que el compareciente incurrió en omisiones o faltas graves en la rendición de sus informes, el presidente de la cámara que corresponda lo comunicará al presidente de la República, por conducto del secretario de Gobernación. Los funcionarios podrían incurrir en un delito si se comprueban esas faltas u omisiones, porque están bajo protesta de decir verdad. “Podríamos llevarlos a juicio político si le mienten al Congreso”, advirtió.