PRD: Amenaza de Fractura

El PRD enfrenta la elección más importante de su historia bajo que amenaza de fractura. Chuchos y obradores, los dos grupos dominantes, contenderán en las urnas el próximo 16 de marzo para elegir al nuevo presidente nacional, y renovar las dirigencias estatales.

En juego estará no solo el rumbo de ese partido, el más importante de la izquierda, sino la consolidación o no del asfixiante dominio que Andrés Manuel López Obrador ejerce no solo sobre esa agrupación política, sino en el Gobierno del Distrito Federal

Cinco candidatos se registraron para contender por la jefatura nacional del partido: Alejandro Encinas, candidato de Izquierda Unida y gallo del legitimo; Jesús Ortega, abanderado de la moderada corriente Nueva Izquierda; Alfonso Ramírez Cuellar, del Movimiento para la Democracia; Camilo Valenzuela, de Red de Izquierda Revolucionaria; y Dina Navarro, de la desconocida corriente jaliciense Armonía

Un sexto candidato, el senador Ricardo Monreal, ex gobernador de Zacatecas, aventó la toalla el mismo día que se abrió el registro. En una carta enviada a los integrantes del Comité Técnico Electoral, consideró que no hay condiciones para participar en la contienda equitativa.

“Con tristeza observo que las irregularidades (en la precampaña) no sólo
se mantienen, sino que se incrementan, con lo cual ponen en riesgo la legalidad, y particularmente la legitimidad de los resultados electorales, pues el cúmulo de faltas exacerba los ánimos de la militancia y despierta el encono entre los diversos grupos que conforman nuestro instituto político”, escribió el zacatecano.

En corto, Monreal dijo a este semanario que no va a ir a una contienda donde no hay debate, ni equidad. Al zacatecano le dolió que el legítimo, al que ha servido con lealtad, se decantara públicamente a favor de Alejandro Encinas, el hombre que contiende bajo el slogan “al rescate de la izquierda”, lo que rompe internamente los equilibrios.

Los observadores coinciden que el resultado de la elección rebasa las fronteras del PRD. La vuelta a la normalización de la vida política nacional dependerá, en buena parte, del resultado de esos comicios internos, auguran.

Nadie duda que un triunfo del obradorista Alejandro Encinas, quien cuenta con el respaldo obligado del Gobierno del Distrito Federal, contribuiría a la radicalización del partido más fuerte de la izquierda, y fortalecería la postura intransigente de Andrés Manuel López Obrador.

Pero si el ganador es Jesús Ortega, por el que apuesta no solo la izquierda institucional, sino el gobierno federal, las negociaciones de las reformas estructurales en el Congreso de la Unión serian más viables. La linea de no reconocimiento del gobierno del Presidente Calderón quedaría debilitada, aseguran.
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El senador Carlos Navarrete se tocó con el dedo índice la punta de la nariz. Quería subrayar, con el gesto, su convencimiento de que la elección para renovar las dirigencias del PRD --nacional y estatales—no terminará con una fractura del mayor partido de izquierda en México, como auguran no pocos analistas.

“Andrés Manuel tiene olfato político. ¿Tú crees que va a cambiar los caminos seguros del PRD por veredas inciertas?”, preguntaba el senador guanajuatense, colocándose de lleno en la hipótesis de que Jesús Ortega, candidato de la moderada corriente Nueva Izquierda, se alzará con la victoria sobre Alejandro Encinas, el gallo de Andrés Manuel López Obrador, el próximo 16 de marzo.

Navarrete charlaba con Vértigo en las instalaciones de Expo Reforma, donde el Comité Técnico Electoral, que encabeza al ex priista Arturo Nuñez Jiménez, recibía las solicitudes de registro de los candidatos. El senador acompañaba a Ortega, quien va en fórmula con el mexiquense Horacio Duarte, representante del PRD ante el IFE.
Horas antes, en ese mismo lugar, se había registrado en ese mismo lugar Alejandro Encinas. El ex jefe de gobierno del DF, empleado del legítimo, se presento como un hombre que buscará la unidad del PRD, advirtió que buscará dejar atrás las alianzas pragmáticas que rayan en el oportunismo.“Más partido y menos corrientes; más política y menos conflicto interno”, sintetizó.
Ramírez Cuellar, apoyado por notables del partido como Pablo Gómez,. Javier González Garza o Saúl Escobar, destaco, en charla con este semanario, la necesidad de fortalecer el partido y “meter en orden a lls gripos internos”.

Los Chuchos y la parte menos radical del movimiento obradorista habían iniciado negociaciones que iban por buen camino. Hubo resultados. La Corriente Nueva Izquierda en la ALDF, que encabeza Víctor Hugo Círigo, aprobó por unanimidad el presupuesto del Gobierno del Distrito Federal, que encabeza el obradorista

El acercamiento se tradujo en la presencia de Marcelo Ebrard en el informe de actividades legislativas de su más acérrimo crítico de Nueva Izquierda, el senador Rene Arce, y su presencia en el presidium. Pero todo se vino abajo cuanto, otra vez, “por instrucciones de Andrés Manuel”, Ebrard se vio obligado a respaldar a Alejandra Barrales, ex líder del sindicato de aeromozas, en la disputa por la dirigencia del PRD-DF. El jefe de gobierno del DF tenia casi amarrado un acuerdo con Nueva Izquierda para sacar un candidato de unidad.

Las cosas se tensaron aun mas con las denuncias realizadas por asambleístas de NI, contra funcionarios del GDF que repartieron cobijas en la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, a cambio de amarrar el voto en favor de Alejandro Encinas.

El polémico secretario de comunicación social del CEN del PRD, Gerardo Fernández Noroña, estuvo ese día en Iztapalapa, pero niega tajante jhaber sido parte del irregular acto proselitista. “Si tienen una sola prueba que la exhiban”, retó el ex vocero del PRD, en charla con ese semanario.

Fernández Noroña, quien califica a Los Chuchos de colaboracionistas, admitió que visitó la delegación Iztapalapa en compañía de los funcionarios acusados –Alfredo Hernández Raigosa, director de Regularización Territorial: su esposa Dione Anguiano, funcionaria de la Secretaria de Educación; y Jesús Valencia, director del DIF, pero dijo que la camioneta del DIF-DF, que fue interceptada por diputados locales de Nueva Izquierda, andaba en el reparto de cobertores, como parte del programa público “Frío Invierno-Calor Humano 2007-2008”, del Gobierno del Distrito Federal

Fernández Noroña, por lo demás, está convencido de que, aún si gana, Jesús Ortega no podrá mover el partido hacia la derecha. “No tiene forma de enfrentar un liderazgo como el de Andrés Manuel López Obrador. Resta obligado a pactar con él”, aseveró el ex vocero.

-- ¿Si gana Chucho Ortega te vas del partido? le preguntamos a Noroña.

-- ¿A donde vas que más valgas? – negó el aguerrido ex vocero.

IFE: El Congreso se hace bolas

La voz de Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD, se escuchó alentadora del otro lado de la línea telefónica. “Tu sigue tocando puertas”, le dijo al doctor Leonardo Valdés Zurita, uno de los 39 aspirantes a consejeros electorales del IFE que superaron el filtro de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, el pasado mes de diciembre.

La incapacidad de las distintas fuerzas parlamentarias para llegar a acuerdos había impedido que se realizara el primer escalonamiento de los consejeros electorales, de los tres programados, en la fecha programada por la convocatoria: el 13 de diciembre del 2006.

El veto operado por los partidos en contra de los aspirantes más calificados, y las dificultades internas en el seno de la fracción perredista habían obligado a aplazar los nombramientos para la primera semana de febrero del 2008.

Eso mantenía vivas las esperanzas de Valdés, profesor titular de ciencia política de la facultad de de Derecho de la Universidad de Guanajuato, y ex director ejecutivo de Organización Electoral del IFE durante 1997.

El aspirante siguió el consejo de El Güero González. Buscó a diputados, a periodistas, a todo el que le pudiera ayudar. Está convencido de sus posibilidades. Le dijeron que era la “segunda opción” del PRD, detrás del polémico ministro Genaro Góngora Pimentel, y eso lo empujó a moverse.

Valdés es un convencido de lo oportuno de los cambios que se hicieron al Cofipe para, entre otras cosas, fortalecer al IFE. En el ensayo que presentó en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, por donde pasaron todos los aspirantes, escribe:

“Para quienes participamos en el proceso de elección de un nuevo consejero presidente y dos consejeros electorales, debe quedar claro que forma parte del ajuste institucional necesario para volver a sincronizar el marco normativo de nuestro sistema electoral con la creciente competitividad en los comicios que ha producido la implantación del pluralismo en nuestra sociedad

“No hacer (los cambios) podría poner en riesgo la estabilidad de nuestra convivencia social y eso, ninguno de los participantes en este proceso, estoy seguro, lo deseamos.”
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Más de un mes después del sonado fracaso de los diputados en las negociaciones para renovar el IFE, las cosas parecen moverse en el Congreso. El PRD propuso juntar el escalonamiento programado para el mes de agosto del 2008, con el planeado para el mes de febrero, y nombrar de una vez a los seis nuevos consejeros. PAN y PRI no lo ven con malos ojos, a condición de que los amarillos se sumen al consenso.

Pero en la Revolución Democrática aún piensan que Góngora Pimentel es la opción. Habla el diputado Juan Guerra, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y uno de los negociadores del PRD en el tema del IFE:

“Góngora ha sido, para nosotros, la propuesta más importante, pero nunca ha sido un irreductible. Es la personalidad que vemos con garantía de imparcialidad. No hemos estado en el asunto de que porque Góngora simpatiza con nosotros, el tiene que ser.

“Hemos presentado la propuesta no sólo mas imparcial, sino de la personalidad más fuerte. Es alguien que ya presidio la Corte, con una experiencia sobrada en la materia. Difícilmente vamos a encontrar a alguien con este tipo de calificaciones”.

Y dijo más: Es muy importante, para construir consensos y tener acuerdos, que el PRI y el PAN nos expliquen las razones del veto a Góngora. Si bien es cierto que para construir un acuerdo nadie puede casarse a ultranza con una posición, también es cierto que no se puede vetar gente por ser imparcial. Eso va a dificultar muchísimos los consensos.”

Juan Guerra es partidario de establecer un mecanismo no veto por vetar. Cualquier comentario sobre una candidatura en el sentido de que no es procedente, debe estar argumentado, dice.

Y alerta “El riesgo que vemos es que el PRI y el PAN quieran llevarnos a un reparto, como lo hicieron anteriormente, y entonces no vamos a buscar la gente más imparcial, sino la gente afín. Si su propuesta es que el FAP proponga dos, el PRI proponga dos, y el PAN proponga dos, que lo digan, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso.

“No podemos repetir un escenario en el que, aunque este incluido el PRD, nos vayamos a repartir el IFE. Te puedo adelantar que El PAN se va a meter en una disputa por defender a los consejeros pro panistas. Eso lo coloca en una idea de mamar y dar de topes. Quieren cuota en el nuevo nombramiento y aparte quieren dejar su cuota en los anteriores. Quieren seguir teniendo mayoría”.

En el seno del blanquiazul no hay señales de que ya se levantó el veto a Góngora Pimentel. Pilar Ortega, coordinadora de política jurídica del grupo parlamentario azul, no está en contra de la idea de que su partido y el PRI impongan su mayoría, en caso de que el amarillo insista en el ministro de la Corte.

“Nosotros hemos agotado todas las vías de diálogo posible. Pero si el consenso no se da, la ley tendrá que cumplirse. La institución tendrá que ser tan fuerte, como lo es, sin una o dos fuerzas. Hay que respetar la voluntad de las mayorías”, manifestó la legisladora.

Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI, también es claro. Si el PRD se aferra a imponer su voluntad, se va a topar con pared. “Ya les dimos chance para que abrieran el abanico; no pueden alegar que se les hizo lo mismo que en el 2003”, dijo a este semanario.
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El tema de elegir a los seis consejeros de un jalón ocupo la atención de la prensa durante toda la semana. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en voz de su presidente, el panista Héctor Larios, anunció el martes que los abogados del órgano legislativo analizarían si con el nuevo Cofipe, publicado la víspera, es posible ampliar a seis la designación de los consejeros
En el PRD estén convencidos de que si es posible. Guerra afirma que el proceso que ya se hizo es valido. Permite, por el número de propuestas que se hicieron, nombrar a seis consejeros. La convocatoria no se afecta con la publicación del Cofipe, no tenemos ningún inconveniente legal para nombrar a los seis, asegura.

Interrogado sobre si el hecho de haber puesto fechas a los nombramientos no los afecta legalmente, el diputado del PRD repuso: “Cuando la Corte ha analizado eso, en todos los casos ha dicho que el no cumplimiento en el tiempo no te excusa de no cumplir lo más inmediato que puedas. Si no cumplimos en diciembre, estamos obligados a hacerlo ahora en febrero. El peor error seria que, como no lo hicimos en diciembre, no lo hiciéramos nunca.

“El transitorio dice que en agosto es el segundo escalonamiento, pero antes de agosto nada más tenemos un periodo de sesiones, que es este que inicia en febrero. Lo procedente es aprovecharlo y no volver a reeditar el proceso. Tenemos todo para elegir a los seis. Esto facilita el asunto de los acuerdo. Lo que es importante es que definamos como criterio supremo buscar a la gente que le de garantías al IFE de imparcialidad”.

La panista Ortega no piensa igual. Dice que si la Junta de Coordinación Política decide nombrar a los seis consejeros de una vez, habría que hacer un cambio a lo previsto en la convocatoria. “Si eso se decidiera, tendríamos que ampliar los plazos para designarlos”, anticipó.

Pero aclaró que si el nombramiento de los seis consejeros ayuda al consenso de todas las fuerzas políticas, el PAN lo vería bien. “No importa que pase más tiempo, si a cambio de ello vamos a tener un consenso, eso fortalecerá al Instituto”, alegó.

“La postura que asumimos desde el principio es buscar el máximo consenso posible. Eso se revisó al interior del grupo parlamentario. Nuestra postura es agotar todas las vías de diálogo posible, de tal manera que el resultado de quienes sean electos consejeros sea aceptado por todos”, puntualizó.

Otro priista, Samuel Aguilar, asegura que el PRI también ve “con buenos ojos” que de una vez se nombren a los seis consejeros para acabar ya con ese debate. En este proceso, El Congreso, sin duda, ha sufrido un desgaste, destacó.

“Por el otro lado –recordó-- en el mes de agosto, cuando debería llevarse a cabo el segundo escalonamiento de consejeros, no estamos en período ordinario de sesiones. Y en octubre inicia formalmente todo el proceso electoral del 2009.”

Revisión del TLC

No hay condiciones, PAN; la apertura avasallará el campo, PRD; Fallaron Fox y Zedillo, PRI.

En el gesto del senador perredista Silvano Aureoles no había sorpresa. Ya lo esperaba. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión había rechazado, por abrumadora mayoría de panistas y priistas, considerar su propuesta de proponer a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá la revisión del capítulo a agropecuario del TLC como un asunto de urgente y obvia resolución.

El senador por Michoacán había respaldado su propuesta alrededor de la advertencia de que la total liberalización comercial de maíz, frijol, leche y azúcar, estipulada en el TLC y que entró en vigor el primero de enero de este año, avasallará el abandonado campo mexicano, y multiplicará la ya de por si enorme pobreza rural.

“Nos encontramos ante una coyuntura verdaderamente peculiar. Por un lado, el partido político que negoció los términos del TLC y subordinó el futuro del país a la integración con Estados Unidos (PRI), hoy se pronuncia a favor de a revisión y la renegociación del acuerdo trilateral”, destacó el perredista.

“El mismo tiempo –abundó—Un partido político como el PAN defiende como su fuera un logro propio, y con la mayor de las convicciones, la inmovilidad de un tratado, que sin duda tendrá un costo político y social cada vez más alto para millones de mexicanos”.

En la calle habían iniciado las movilizaciones campesinas y de organizaciones de izquierda contra la apertura total a los productos del campo. El PRD secuestraba el tema, y lo alzaba como su bandera. EL Barzón amenazaba con bloqueos carreteros, y la CNC priista desdeñaba la invitación a la mesa de diálogo del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, y reclamaba al titular de Gobernación, Francísco Ramírez Acuña, como interlocutor.

“Es una cortina de humo –decía a Vértigo un importante funcionario de la Secretaria de Gobernación. Lo que hay en el fondo es la molestia porque el Ejecutivo modificó las reglas de operación de los programas del campo y los millonarios recursos que están destinados al desarrollo rural ya no podrán ser utilizados a discreción”.

En contra de la apertura del capitulo agropecuario, se situaba, en primer lugar, el presidente Calderón. En los múltiples mensajes sobre el tema que ha pronunciado a lo largo del mes de enero hay un denominador común: La defensa del TLC.

“El Tratado de Libre Comercio, negociado hace ya casi 15 años con los convenientes e inconvenientes propios de un acuerdo de esa naturaleza, en el nivel agregado, ha sido benéfico para el país. La mayor parte de la inversión, del empleo formal, e incluso los salarios mejor pagados desde 1994, han estado en los sectores vinculados a este tratado”, repitió el presidente.

Dijo más: “Somos el segundo proveedor de productos agropecuarios a Estados Unidos y el Tercero a Canadá. Sus palabras desataron la polémica en el Congreso.

Vértigo entrevistó a tres destacados integrantes de la tercera Comisión del Trabajo de la Comisión Permanente: El senador del PAN Jorge Ocejo Moreno, presidente de la Coparmex cuando se firmó el acuerdo trilateral; la senadora del PRD, Yiedckol Polevnsky, ex dirigente empresaria, y el coordinador de los diputados del PRI ante la Permanente, Samuel Aguilar.
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La sesión de la Permanente había sido difícil para el senador Jorge Ocejo Moreno. En tres ocasiones tuvo que subirse a la tribuna para defender la postura del PAN en otros tantos temas. Uno de ellos tenía que ver con la liberalización total de los productos del campo. Una vez que terminó con sus compromisos, respondió a las preguntas de ese semanario.

-- ¿A su juicio qué tanto va a perjudicar la apertura a los productos del campo?

-- Cualquier desgravación indudablemente tiene un efecto, aunque ahora va a ser únicamente del 18.2 por ciento, que era el último arancel que tenía el maíz, para hablar del producto que es más emblemático. Si va a tener algún efecto, pero a mi juicio será mínimo. En el caso del maíz blanco, por ejemplo, somos autosuficientes. Allí no tenemos ningún problema. Nuestro maíz para consumó humano, tiene un precio menor al que se traería de importación. Por el otro lado tenemos el maíz amarillo. Somos importadores netos de este producto. Ese es el que se destina al alimento de ganado, harinas, etcétera, para tener la producción pecuaria.

“La apertura ciertamente no es hoy. Ya se vino desgravando desde un 206 por ciento. Estamos con una colita del 18.2 por ciento. Pero la situación es esta: Una desgravación ofrece la oportunidad de comprar más barato. Beneficia al consumidor. Pero tiene el lado contrario, esa importación puede perjudicar al productor nacional. Como viene más barato del otro lado, se le compra al importador. Allí es donde tenemos que cuidar.

“Afortunadamente en el campo, quienes tenían mayores extensiones de tierra, no los grandes latifundistas, los intermedios, lo que tienen una extensión de tierra, se pudieron asociar, pudieron meter tecnología, e hicieron crecer la producción de maíz de 17 a 23 millones de toneladas, de 1993 a la fecha. Pero seguimos teniendo al resto de los productores micro, que son minifundistas, siempre han sido para subsistencia, no han tenido siquiera el ingreso a la corriente del mercado, donde se comercializa el producto. Allí es donde tenemos el problema.

¿Que tenemos que hacer? Una de las cuestiones que se discutirán con el secretario de Agricultura son los programas que tiene que haber de organización de los productores, para que cuando lleguen as cosechas puedan tener ellos mismos bodegas y acopiar, y que no solo los grandes consorcios puedan tomar toda la cosecha y después colocarla en términos de cómo se viene moviendo el precio del producto.

-- ¿Es revisable el capítulo agropecuario del TLC?

-- Desde el punto de vista del GPPAN no. Es el final de algo que estaba pactado y lo sabíamos. Se puede decir que algún gobierno no hizo bien su trabajo para poner al campo en mejores condiciones. Pero ya no es el momento de poderlo revisar. No es el interés revisarlo, porque entrar en la revisión de este capitulo agropecuario, la contraparte podría pedir la revisión de otros capítulos que no le han sido favorables.

-- ¿Ejemplo?

-- Todo lo que son hortalizas, frutas, legumbres, flores y muchas otras cosas. Atendemos el 14 por ciento de las importaciones agropecuarias de Estados Unidos. Somos el tercer mayor exportador hacia Estados Unidos. Ese 14 por ciento significa todo lo que exportan Francia, Brasil e Italia. Sí hemos tenido entrada en otros productos.

Pero además, no se dan siquiera las condiciones requeridas en el propio capitulo del TLC que permite la apertura, puesto que no ha sido una situación de un desplome en la producción; al contrario, el tiempo que hemos tenido el TLC ha habido aumento en la producción, entonces, como justificas irte a un panel, a la apertura de un capitulo, si no tienes los elementos que aportar.

-- Los partidarios de la apertura dicen que Estados Unidos podría sensibilizarse con el tema de los flujos migratorios provocados por un campo en problemas. ¿Coincide?

-- No coincido. La emigración se ha dado por las condiciones estructurales del campo. Estas no son nuevas. Desgravar 18 por ciento no aporta nada en relación con los microfundios. No aporta nada.

Hay quien dice que la inconformidad que se manifiesta tiene que ver con el endurecimiento en cambio en las reglas de operación de los programas del campo. ¿Coincide?

-- Aquí tenemos que ser consistentes. Había más de 100 programas y 300 reglas. Hoy se quiere llevar a mucho menos programas con mucho menos reglas. Muchas de esas reglas fueron pactadas en su momento por las presiones de carácter político con organizaciones de productores que tienen un componente político muy alto.

Hoy son más vigilables, se les puede dar mejor seguimiento. Ese seguimiento va a impedir que se destinen recursos indebidamente a otras cosas. Cuando hoy se dice que vamos a revisarlo porque se quiere que el recurso llegue directamente al individuo, y no a través de sus organizaciones, algunos se sienten afectados.

-- ¿El PAN se opone entonces a la apertura del capítulo agropecuario del TLC?

-- Si, ya lo dijimos, pero tampoco nos oponemos a que se discutan las cosas. Por eso el punto de acuerdo que adoptamos en la Permanente la s emana pasada quedo en términos muy cuidadoso. Pide que el presidente de la Republica convoque a las organizaciones de productores en el seno del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de analizar la conveniencia de revisar ese capitulo. ¿Pero realmente tienes pruebas suficientes para decir a Estados Unidos que de acuerdo al artículo 800 y pico hay una situación de desastre en el campo? Pues no.
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En los corrillos de San Lázaro mucho se hablaba del anuncio de la Sagarpa en el que aparece la golfista Lorena Ochoa publicitando un campo ganador. Alberto Cárdenas, titular de esa secretaria, era la comidilla de los legisladores. “Es el único campo que conoce”, soltó, mordaz, el diputado Samuel Aguilar, coordinador de la fracción del PRI en la Comisión Permanente, antes de que iniciáramos la entrevista.

-- Hay quien dice que detrás de la polémica alrededor del TLC está la inconformidad de los líderes de las organizaciones campesinas por el cambio en las reglas de operación de los programas del campo, lo que hará más difícil el uso discrecional de los recursos por parte de sus líderes. ¿Qué responde?

-- Es falso simplista y perverso querer señalar que las organizaciones campesinas se quieren quedar con parte de la tajada asignada al campo. Lo que se pelea en el terreno de las reglas de operación es que exista una descentralización de los programas y recursos; que las políticas públicas para el campo se federalicen. Hay un proceso de regresión. Tratan de centralizar en una sola secretaria y aquí en la Ciudad de México los programas y los recursos destinados al campo. Las organizaciones campesinas se limitan a mediar y respaldar las demandas de los productores, pero a ellas se suman los secretarios de desarrollo rural de todas las entidades y los propios gobernadores. ¿A ellos, incluidos los panistas, también se les acusa?

-- Ya son 14 años desde que se firmo el TLC. Hubo tiempo para preparar al campo para cuando llegara este momento. ¿Qué falló?

-- En los últimos dos sexenios, y en lo que va de este, no ha habido una política integral destinada al campo pensando justamente en el primero de enero del 2008. Fueron avanzando las situaciones año con año. En el 2003 se registraron una serie de movilizaciones de los productores aquí en la Ciudad de México. Se sentaron en una mesa de diálogo, de la que surgió el Acuerdo Nacional para el Campo. En ese acuerdo se especificaron una serie de medidas que debían de implementarse, de manera urgente, de cara al primero de enero del 2008, pero no se hizo absolutamente nada. Si hubo entonces una serie de medidas que se comprometieron, pero que no se cumplieron. No se vio como un tema de estado, como una urgencia. Lo que siguió fue que las organizaciones campesinas, inmovilizadas ya por ese acuerdo, se regresaron a sus entidades. Eso fue lo que sucedió.

-- ¿Tratar de llevar a Estados Unidos a la revisión del capitulo agropecuario del TLC no resultará contraproducente?

-- No creo. Debemos plantearles la necesidad de revisar el capitulo agropecuario, bajo la perspectiva que la pauperización del campo mexicano incrementara los flujos migratorios hacia Estados Unidos y hará menos seguras las fronteras. Son temas que a ellos les preocupan. Muchos productores se verán obligaos a abandonar su parcela y emigrar hacia el norte ya que en México no existen las condiciones para incorporarlos a la economía.

--¿El TLC ha sido benéfico para México como dice el presidente Calderón?

-- Si, ha traído mayores inversiones, ha crecido el comercio, los empleos han aumentado. Pero eso no quiere decir que todo está perfecto. El TLC conlleva riesgos y oportunidades, como dice el presidente. Lo que otros queremos es que haya más oportunidades que riesgos. Este es un tema de seguridad nacional por una sencilla razón: 25 millones de mexicanos viven en zonas rurales, y en la medida en que se vean afectados los productores de básicos, también lleva a un tema de seguridad nacional: la estabilidad del país. Ya estamos viendo el proceso de movilización social.

-- ¿Qué puede hacer el Congreso para que el capitulo agropecuario sea revisado?

-- Ya está haciendo cosas. El viernes pasado, aprobamos aquí en forma unánime el acuerdo para sentar en una mesa a las organizaciones de productores, a todos los secretarios de desarrollo rural y a los funcionarios que el gobierno federal determine, para discutir que se va a hacer para amortiguar el impacto de manera inmediata. Por el otro lado, a partir de una evaluación muy objetiva, muy certera, hay que ver si existen los elementos para que el gobierno mexicano tenga elementos para pedir la revisión del capitulo agropecuario.

-- ¿Y esa reunión cuando va a ser?

-- Yo espero que el Presidente no tenga tapados con cerilla los oídos como los tiene el secretario de agricultura. Las organizaciones campesinas, cansadas de la sordera de Alberto Cárdenas ya no lo quieren como interlocutor, ahora piden que sea el secretario de Gobernación.

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La senadora perredista Yiedckol Polevnsky acababa de manifestar en la tribuna de la Comisión Permanente su sorpresa por la “locura total” de lo que sucede. “Me resulta paradójico –y me da mucho gusto, además—que el PRI reconoce las fallas que se tuvieron en el TLC; pero más paradójico me resuelta que el PAN defienda un tratado que no hizo, y políticas que no diseñó”

La entrevista con ella, realizada en San Lazaro, la iniciamos con el argumento esgrimido por el panista Jorge Ocejo para explicar su su oposición a la apertura del capítulo agropecuario del TLC.

-¿No sería contraproducente pedir a Estados Unidos la reapertura del capitulo agropecuario TLC? ¿No podría provocar que ellos solicitaran a su vez la reapertura de otros temas donde México ha sido favorecido?

-- No, de lo que se trata es de lo siguiente. Lo que le afecta a México también le afecta a Estados Unidos. Si a los productores mexicanos no les va bien, van a migrar para allá. Pero yo voy muchísimo más allá. Si se abriera el Tratado y se revisan las reglas de operación, de todas maneras no es suficiente. Hay que hacerlo, pero no es suficiente.

El tema es más complejo. Demanda una revisión de políticas públicas. En México hay recursos en el sector agropecuario, pero esos recursos, desgraciadamente se asignan en mayor proporción a las empresas más fuertes, las más grandes, que no son las que requieren esos subsidios. A empresarios del campo que tienen más de 100 hectáreas se les ha dado el 200 por ciento de lo que se les ha dado a los chiquitos. Es un absurdo. Han apoyado más a ese sector exportador que no merecería subsidios ni apoyos. En México se gasta, pero se gasta mal. Lo que necesitamos es eficientar el gasto.

Luego viene el financiamiento al campo. En 1997 representaba el 7 por ciento del total del crédito. Hoy se les da el 2.5 por ciento. Es el 30 por ciento de lo que se les daba. En el pasado, antes de los tratados, México expulsaba a Estados Unidos anualmente a 27 mil personas. Ahora tenemos más de medio millón. La población no ha crecido en esa dimensión. Hemos generado que no existan posibilidades en el campo para arraigar a la gente con capacidad productiva para poder tener une esquema de vida digno para mantener a sus familias. Se tienen que ir al otro lado. Entonces tenemos más pobres, más emigrantes, más inseguridad, más economía informal. ¿Dónde están los múltiples beneficios del tratado? En las bolsas de muy pocos productores, muy pocos empresarios.

Mis conclusiones serian. Tenemos que ir a una revisión de fondo de las políticas públicas y cambiar de modelo económico. Necesitamos diseñar nuestro propio modelo acorde a la realidad del país y a la mentalidad mexicana. Esto habla de la necesidad de establecer políticas diferenciadas en el campo.. El norte del país es diferente al sur. También es diferente un empresario que tiene 100 hectáreas a un minifundista de menos de una hectárea. Es diferente producir maíz o fríjol, que producir hortaliza.La política tiene que ser diferenciada. No puede ser general. Se puede revisar lo que sea revisable.
Hay otra instancia a la que hay que ir. La Organización Mundial de Comercio. Todos los países que firmamos tratados comprometimos ante esa organización reducir subsidios. México lo ha hecho, desmanteló su banca de desarrollo. Estados Unidos no solo no quitó lo subsidios, los ha aumentado. Eso hay que llevarlo como un esquema de controversia a la OMC para que le entre al tema. Y es que los países ricos no te hacen caso, quieren los mercados de los países pobres para venderles, no para comprarles.