Carpetazo al spotgate.

Amparado en la necesidad de cerrar cuanto antes los expedientes sobre la elección del 2006, el renovado Consejo General del IFE le dio carpetazo al escándalo de los 281 mil spots no reportados por los partidos, en lo que ha sido el acto de impunidad electoral más lamentable desde la ciudadanización del Instituto.

La investigación del spotgate llevaba documentar que los partidos, en especial PRI y la Coalicion por el Bien de Todos, rebasaron los topes de gastos de campaña en 2006. Las multas esperadas eran por varios cientos de millones de pesos. El consejero electoral Andrés Albo afirmó incluso que el tamaño de la irregularidad rebasaría el Pemexgate y Los Amigos de Fox juntos.

Pero vino la Reforma Electoral constitucional, elaborada y bendecida por todos los jerarcas del Congreso, y con ella el rescate de los partidos infractores, y la guillotina para el IFE de Ugalde. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación empezó a revocar las decisiones del Instituto.

En forma simultánea, se desvaneció la intención de remover a los magistrados del TEPJF. Los eventos se perfilaban hacia el carpatazo. “Siempre tuve la sensación que al final de todo esto (reforma constitucional, no cambio del TEPJF, cambio de consjeros) elasunto de los spots se iba a enterrar” nos dijo alguna vez el ahora ex presidente del Consejo General del IFE, Luís Carlos Ugalde.

Sus palabras resultaron proféticas. Pareciera que a todos conviene olvidarse del spotgate: al PRI y PRD, por razones obvias. A los nuevos consejeros para no pelearse con los partidos. A los consejeros que se quedan hasta el 2010. (Virgilio Andrade, Marco Gómez, Arturo Sánchez.) Algunos de ellos han actuado sistemáticamente para frenar que el IFE sancione a los partidos.

Quizá eso explique porque algunos se quedan y otros se van, nos dijo un ex consejero El presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés, también quiere el borrón y cuenta nueva. “Tengo la convicción de que este consejo debe apresurar sus trabajos para, a la brevedad, cerrar los expedientes abiertos todavía del proceso electoral anterior, y los convoco a reflexionar sobre este tema”, dijo en la breve intervención que tuvo durante la última sesión de Consejo General

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En el país donde la impunidad es reina, nadie se hace responsable de la situación. “No estoy metido en las tripas del problema”, dijo a Vértigo el senador del PRD Arturo Núñez Jiménez, ex presidente del IFE y uno de los arquitectos de la Reforma Electoral que descabezó el Consejo General.

Nuñez hizo cuentas. Recordó que las campañas cerraron tres días antes de las elecciones del dos de julio del 2006. “Tuvieron 17 meses para investigar y sancionar. Así que tiempo hubo y suficiente. Esto evidencia la ineficiencia del Consejo anterior”, aseveró el legislador de Tabasco.

El senador, obvio, no mencionó la vulnerable situación en la que quedaron los consejeros electorales con la decisión de relevarlos en forma escalonada. Salvo Ugalde, cuyo cadalso ya estaba listo, los demás se disputaban su permanencia en el Consejo. Pëlearse con los partidos significaba el desempleo, por lo menos temporal.

Otro que afirma no tiene “ni idea” de lo que sucede en el IFE es el diputado Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD y padrino del actual consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita. El Güero, sin embargo, sostiene que en el monitoreo de IBOPE, en el cual se basó la cifra de los 281 mil spots no reportados, se incluyeron los promocionales encargados por el propio Instituto.
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En la trinchera de enfrente, el consejero Andrés Albo, jefe de la Unidad de Fiscalización y uno de los condenados a dejar su cargo en agosto próximo, asevera que el Consejo General tiene la certeza sobre la transmisión de promocionales que no fueron reportados y que, por la misma falla en el reporte, la autoridad no conoce “quien pagó, ni cuánto costaron.”

“No presentaron contratos, facturas. En algunos casos se presentaron documentos incompletos relacionados con gastos aplicados a la transmisión de publicidad en radio y televisión”, manifestó Albo, durante la sesión del Consejo que trazó la ruta de la impunidad para los partidos infractores

Albo esbozó tres posibles hipótesis que explican la transmisión de los promocionales no reportados: (1) los partidos no contrataron ni pagaron, pero ocultaron el gasto a la autoridad federal y electoral; (2) un tercero contrató y pagó los promocionales, en contravención con las disposiciones legales; (3) las empresas concesionarias transmitieron loa publicidad como parte de bonificaciones o donaciones.

La documentación faltante se relaciona con los spots transmitidos en la campaña electoral. “Resulta indispensable que la autoridad realice las diligencias correspondientes, con la finalidad de allegarse los contratos, facturas y hojas membretadas, y vigilar así que no se hubiesen rebasado los topes de campaña”, dijo Albo.

Los representantes de los partidos infractores rechazan los señalamientos del consejero, y acusan a Ibope de haber provocado el spotgate con su falta de profesionalismo. El representante del PRD ante el IFE, Rafael Hernández, jura que ninguna de las tres hipótesis esgrimidas por Albo aplican en el caso de la Coalición por el Bien de Todos.

“Habría que plantear una cuarta hipótesis. Es la que nos dice que el monitoreo practicado por IBOPE y por acuerdo de la Comisión de Fiscalización del IFE, no tuvo certeza, no arrojó la información necesaria para la cual se le contrató”

Hernández detalla los errores que, según el, fueron detectados en el monitoreo de IBOPE: spots repetidos hasta ocho veces, transmitidos por repetidoras; errores en la grabación de los monitores, spots encargados por el IFE y no por los partidos.

De los 281 mil spots no reportados por los partidos, la Coalición por el. Bien de Todos es responsable de 47 mil, según Ugalde.

Marco Gómez, quien es uno de los tres consejeros electorales que se quedan hasta el 2010, respalda los argumentos del representante perredista. “El monitoreo estuvo mal hecho”, aseveró el hombre, en charla con este semanario Coincide en que hubo spots contabilizados como “no reportados” que se transmitieron en los medios a solicitud del IFE..

“La depuración que nos fue proporcionada por el partido político y el monitoreo (de IBOPE.) El IFE no tuvo ni las bitácoras de transmisión, ni los contratos y demás explicaciones sobre la las transmisiones efectivamente realizadas. El tema reviste una importancia mayor, ya que los mismos spots que el IFRE contrató durante el proceso electoral del 2006, no fueron detectaos en la primera depuración realizada”, puntualizo Gómez.

Y remató: “Existe duda razonable para considerar a los spots como no reportados. La confianza se construye con trabajo, yu en ocasiones, también reconociendo los errrores cometidos”.

El diputado de Nueva Alianza, Miguel Ángel Jiménez, representante del Poder Legislativo ante el IFE, precisa que el “equivocado” monitoreo de IBOPE sienta un mal precedente para todos los partidos.

“La fiscalización de los partidos políticos no debe dar paso a un terrorismo electoral que solo contribuye a desacreditar a las organizaciones políticas. No se puede hacer aparecer a los partidos como organismos irresponsables, que de manera premeditada actúan al margen de la Ley”, consideró Jiménez.

Luces y sombras de la reforma de Justicia Penal.

“Se me paran los pelos de punta”: el ombusdman.

La Cámara de Diputados se prepara para debatir esta semana la minuta de Reforma de Justicia Penal, pendiente desde el pasado mes de diciembre. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo y modificada por el Senado, será sometida al pleno de los diputados a más tardar el jueves 21 de febrero.

La reforma, apoyada por el PRI, el PRD y algunos de La Chiquillada, establece un modelo “acusatorio y garantista” -- primero se investiga y luego se procede en contra del presunto delincuente y no al revés—, pero integra polémicas medidas, como el allanamiento sin orden judicial, o la incomunicación del inculpado, que le paran “los pelos de punta” al ombusdman, José Luís Soberanes.

Modifica 10 artículos constitucionales –16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123- para, entre otras muchas cosas, introducir en la carta magna figuras como el arraigo, cateo, allanamiento; incomunicar a los inculpados en caso de que se trate de delincuencia organizada; admitir como prueba las comunicaciones privadas, extraditar antes de que finalice un proceso penal.

En el lado positivo, establece la figura de jueces de garantía o de control (encargados de hacer respetar las garantías individuales); crea un sistema de defensoría pública de calidad; disminuye el número de delitos sancionados con prisión preventiva, permite a los reos encarcelados por delitos patrimoniales menores a 5 mil pesos permanecer en libertad hasta que se dicte la sentencia.

Incluye, igualmente, una definición de lo que es delincuencia organizada y permite al estado confiscar bienes sobre los cuales existan pruebas suficientes que son instrumento, objeto o producto de ilícitos (extinción de dominio).

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“Es pura esquizofrenia…”, soltó el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, luego de escuchar las quejas del perredista Juan Guerra, sobre los cambios que el Senado le hizo al dictamen sobre Reforma de Justicia Penal, que ya había sido aprobado por la Cámara baja.

Los senadores privaron al Procurador General de la República de la facultad de acceder a información financiera, bursátil, fiduciaria y electoral, cuando tenga que ver con la investigación de un delito. Eso, para Juan Guerra, no es otra cosa que “proteger el lavado de dinero y a los políticos corruptos”.

El legislador mexiquense no ocultaba su extrañeza por la postura de Guerra. Es un argumento absolutamente endeble, decía, el Procurador va a tener acceso a esta información, pero no en forma directa. Y remataba: “ahora resulta que una facultad aprobatoria, con cierta peligrosidad, que fortalece al Ministerio Público, es apoyada por el PRD”,

La oposición a este y otros puntos que tienen que ver con el allanamiento sin orden de un juez, el cateo, la incomunicación y la extradición, han provocado no solo la oposición del PRD, que votará en contra de la reforma, sino también reacciones adversas en distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos.

“Todos sabemos como funcionan las policías en este país. Te puedo mencionar los casos de miles de gentes que han sido arrolladas por las policías y el Ejército. ¿Ahora vamos a tener confianza así como así?”, preguntó Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD, en charla con Vértigo.

Abundó: “En esa ley hay cosas que no tienen sentido. No tiene sentido que, sin decir agua va, se arraigue a una persona. Eso es anticonstitucional. No tiene sentido la incomunicación. Tampoco tiene sentido, porque es un problema de soberanía nacional, que cuando tu capturas a alguien por un delito cometido el México y empieza el proceso de juicio, lo puedas extraditar, sin terminar el proceso. A quien se le ocurre. Eso es entregarle a Estados Unidos mucho más que la dignidad”, puntualizó el perredista.

De aprobarse la iniciativa, lo que parece amarrado para esta semana, las policías podrán ingresar, sin orden judicial, a un domicilio, cuando exista una amenaza, actual o inminente, a la vida de una persona. Ese es el punto que más rechazo suscita.

“Entre la inviolabilidad del domicilio y la protección de la vida, optamos por lo segundo”, defiende César Camacho. El priista, uno de los más entusiastas promotores de la reforma, admite, sin embargo, que el allanamiento sin autorización judicial tiene sus riesgos. “Es una facultad delicada”, dice. Camacho aclara que habrá control judicial expost. Es decir, si un policía ejerce irresponsablemente esa facultad, podría ir a la cárcel. “Tiene que estar justificado”.

Explica, además, que si en el allanamiento se encuentran evidencias de cualquier otro tipo –por ejemplo, si en un secuestro encuentran droga- el hallazgo es nulo. La idea es evitar la “siembra de pruebas”, dice.

La diputada del PAN Omeheira López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, coincide con González Garza en que la aprobación de esta medida representa riesgos para los derechos humanos. “Puede haber excesos, no contamos con una policía capacitada. Tenemos que mejorar el sistema policial”, asegura.

De todas maneras, ella votará a favor. “Ya no podemos perder más tiempo, ni ceder a los chantajes (del PRD). El reclamo de mayor seguridad allí está. Pero además, en estos momentos, como está la parte legal, hay más riesgos para los derechos humanos que con los cambios a esta reforma”, justifica la legisladora del PAN.

A la búsqueda de un IFE perdido.

Milagro en San Lázaro, hubo acuerdo.

Leonardo Valdés Zurita apenas podía creer la noticia que en esos momentos daba el panista Héctor Larios en el Canal del Congreso. Anunciaba, ni más, ni menos, que él había sido designado presidente consejero del IFE, por unanimidad de los coordinadores parlamentarios.

El nombramiento constituía para él una verdadera sorpresa.

“La veía difícil, pero al final lo logramos”, decía a Vértigo el sucesor de Ugalde.El doctor Valdés no se acababa de reponer de la emoción por lo que veía en la pantalla de su televisor cuando sonó su teléfono. Era Ruth Zavaleta, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para notificarle el nombramiento. Luego siguieron llamadas de Héctor Larios, Emilio Gamboa, Santiago Creel. Todos lo felicitaban; le deseaban suerte, lo apapachaban. Era el hombre de la circunstancia.

El ajetreo, ese jueves, había empezado a las 6:30 de la mañana, Un reportero de la fuente de diputados le llamó a esa hora para informarle que estaba en la terna de los nuevos consejeros, y que se le mencionaba como substituto de Luís Carlos Ugalde. A la llamada siguió otra, y otra, hasta que aquello se convirtió en cascada. Todos querían una declaración, pero él se resistía a hablar. Nada era oficial, no iba a manifestarse hasta que se formalizara el nombramiento.

El viernes ocho de febrero, alrededor de las once de la mañana, ya rendía protesta como presidente consejero, en las instalaciones del IFE, junto con Benito Nacif, investigador del CIDE, y Marco Antonio Baños, ex funcionario del Instituto Federal Electoral.

El esperado nombramiento de los tres nuevos integrantes del Consejo General del IFE había merecido las ocho columnas todos los diarios nacionales. “Destraban el IFE”, encabezaba Reforma; “Reparan paz Electoral”, titulaba El Universal; “Se impone la propuesta del PRD”; escribias Excelsior. “Transige el PRD con el PAN en la Elección del IFE”; se leía en La Jornada; “AMLO no confía en el nuevo IFE”, decía Milenio; “Se queda el PRD con la presidencia del IFE”, informaba el Diario Monitor.

Valdés está conciente de que su primer reto ya lo tiene encima. Hay que organizar el proceso electoral del 2009, que comienza oficialmente en la primera semana de octubre del año en curso. Sabe también que llega a un IFE en crisis, dividido, desestructurado. “Vamos a tener que hacer un esfuerzo de mucha explicación, de mucha transparencia en la toma de decisiones”, reconoce el flamante presidente consejero.

-- ¿Se siente en deuda con el PRD?- le preguntamos.-- Me siento en deuda con el PRD, y con las otras siete fracciones parlamentarias que me eligieron—repuso.

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El camino para llegar a la elección por consenso de los ocho coordinadores parlamentarios en San Lázaro había sido largo, sinuoso, plagado de obstáculos. Dentro y fuera del Palacio Legislativo los radicales de esa nueva religión que se llama obradorismo torpedeaban las posibilidades de acuerdo.

Los seguidores del legítimo utilizaban, para sus fines, a Genaro Góngora Pimentel, quien incomprensiblemente se prestaba al juego. El ministro de la Corte era el principal obstáculo para destrabar el acuerdo, y no tuvo la grandeza de miras de retirarse.

El PAN no lo quería por los servicios prestados al Peje durante el capitulo del desafuero, y estaba dispuesto a irse por mayoría, junto con el PRI y algunos partidos de la chiquillada, en la designación de los consejeros.

La Constitución establecía el 13 de diciembre del 2007 como fecha límite para la renovación del Consejo General. Llevaban 55 días de retraso, en aras del anhelado consenso. Los diputados no podían esperar más. “Si no lo sacamos ahora, le acabamos de partir la madre al IFE, y nos la partimos nosotros mismos”, nos comentó Larios.

Compleja Negociación.

Eran las tres y media de la mañana del jueves 7 de abril. En el bunker de la diputación del PAN –cuarto piso, edificio H, Palacio Legislativo-- los rostros reflejaban fatiga y hastío por lo prolongado de las negociaciones. Las ternas de candidatos al consejo general del IFE iban y venían, pero los coordinadores parlamentarios allí reunidos no concretaban el anhelado consenso.

Hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro habían llegado Beatriz Paredes, dirigente Nacional del PRI; Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general del PRD; y Carlos Navarrete, coordinador de los senadores amarillos, para “reforzar” a sus coordinadores parlamentarios.

La sombra del ugaldazo estaba presente en las negociaciones. Era necesario llegar a un acuerdo para no repetir la experiencia del 2003, cuando el PRD quedó fuera del Consejo por un error de cálculo de Pablo Gómez, entonces coordinador del grupo amarillo.

En el bunker azul se habían discutido los nombres de Mauricio Merino, investigador del CIDE; Genaro Góngora Pimentel, ministro de la Suprema Corte de Justicia, Carlos Sirvent, ex director de la Facultad de Ciencias Políticas, para substituir al renunciado –y emigrado-- Luís Carlos Ugalde en la presidencia del Consejo General.

Uno a uno habían descartado las principales cartas. Tenían cuentas pendientes con los partidos o llegaban mal apadrinados. A Merino no lo quería el PRI. No le perdonan su voto a favor de la multa de mil millones de pesos –la mayor aplicada a partido alguno—por el Pemexgate en el 2000.

Héctor Larios, coordinador de los diputados del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, insistía en que el investigador del IFE era el idóneo para la presidencia del IFE, pero se topó con un terminante no de Emilio Gamboa, PRI, y Javier González Garza, PRD. “No puede ser presidente un recomendado del partido en el gobierno. Es inaceptable”, le dijeron. El caso de Góngora, ya lo vimos, era aparte.

Carlos Sirvent traía el apoyo del PRI y el PRI. Los coordinadores de ambos grupos parlamentarios, Javier González Garza, PRD, y Emilio Gamboa, PRI, acordaron apoyarlo en las reuniones bilaterales, que esa misma noche se llevaban a cabo en las oficinas del priista conocidas como La Pecera.

Pero al ex director de la facultad de Ciencias Políticas se le cayó el apoyo luego de una llamada que le hicieron –no pudimos averiguar quien- al Güero González Garza. “¡Aguas con ese cuate; trae la bendición de Elba Esther Gordillo¡” alertaron. El perredista le dio el pitazo a Emilio Gamboa y allí terminaron sus posibilidades.

Súbitamente surgió el nombre de Leonardo Antonio Valdés Zurita. Era una propuesta del Frente Amplio Progresista (PRD-Convergencia-PT.) “A todos nos hizo clic. De inmediato supimos que era el candidato que concitaba el consenso de los ocho”, recuerda el diputado Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia.

Valdés trabaja como profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. Su ficha curricular mostraba experiencia en el campo electoral. En 1985 representó al PMT, que fundó Heberto Castillo, en la entonces Comisión Federal Electoral. Dos años después realizaba la misma tarea para el Partido Mexicano Socialista. Fue director de Organización Electoral del IFE y consejero electoral del IEDF. Por experiencia no quedaba.

Pero faltaban otros dos para completar la terna. El PRI insistía en meter a Marco Antonio Baños, a pesar de la oposición del resto de las fracciones parlamentarias, mientras que el PAN se inclinaba por el investigador del CIDE, Benito Nacif. El único que concitaba el consenso de los ocho era Valdés. A los otros dos los incluyeron en la lista entre corchetes. Había que procesar su nombramiento con las bancadas y las dirigencias nacionales.

A las 4 AM los coordinadores se separaron, no sin antes darse cita para las 10 de la mañana en las oficinas de la Junta de Coordinación Política para redactar el punto de acuerdo que se sometería al pleno. Pero había que sacar de los corchetes los nombramientos de Baños y Nacif.

Todavía hubo un último intento de Larios de sacar a Baños de la lista, por considerarlo totalmente priista. La noticia llegó a oídos del senador Manlio Fabio Beltrones, quien de inmediato tomo el teléfono y se comunicó con Germán Martínez, jefe de la bancada del PAN. Le dijo que si quitaban a Baños no habría más acuerdos con el PRI en el Congreso, Fue suficiente para destrabar el acuerdo que, al mismo tiempo, dejaba fuera del IFE a los consejeros Alejandra Latapi y Rodrigo Morales.

La lista se sometió al pleno. Los nuevos consejeros fueron electos por más de dos terceras partes de la asamblea. Pero no faltó el prietito. Los amigos del Peje se opusieron incluso al nombramiento de Valdés, a pesar de que era propuesta del PRD. El nuevo presidente consejero había cometido el gran pecado de votar en contra de la postulación del Peje como candidato al gobierno del DF, cuando fue consejero del Instituto Electoral del DF.

El Congreso polarizado por la grilla.

Reforma energética y consejeros del IFE

Javier González Garza, coordinador de los diputados del PAN, utiliza una frase coloquial, para ilustrar el ambiente que prevalece en las distintas bancadas en el Congreso de la Unión, frente al periodo ordinario de sesiones que inicio el viernes pasado. “Supongo que todo mundo le estará midiendo el agua a los camotes”, dijo el Güero a este semanario .

En la agenda del periodo están temas tan controvertidos como la reforma energética, la de justicia penal, el escalonamiento de los consejeros del IFE, el nombramiento del contralor del Instituto, y las 16 leyes reglamentarias de la reforma electoral, entre ellas el polémico derecho de réplica, la Ley de Radio y Televisión, el secreto bancario, fiduciario y fiscal.

“Ya no hay período fácil y este no es la excepción”, manifiesta el priista Francisco Arroyo, vicepresidente de la mesa directiva del Senado, aunque está convencido de las reformas son ahora, o ya no fueron en esta legislatura.“En el 2009 tendremos enfrente la batalla electoral (para la renovación del Congreso) y será muy difícil avanzar”, advierte.

El primer tema difícil al que se enfrentaran los legisladores en el periodo que comienzo el 1 de febrero será la renovación del Consejo General del IFE, que está descabezado e incompleto desde el pasado mes de diciembre, debido a la incapacidad de los gripos parlamentarios del PAN, PRI y PRD para ponerse de acuerdo y cumplir con el mandato constitucional , que ellos mismos se dieron, de realizar un primer escalonamiento de consejeros, tres de los nueve, el pasado 13 de diciembre.

Pero al cierre de esta edición, la mañana del viernes, las cosas estaban tal y como las dejaron los diputados el pasado 13 de diciembre. “No tenemos aprobado el método; ni siquiera esta definido quienes de los consejeros se van”, dijo González Garza.

La postura de su partido no ha variado: apoyará al ministro Genaro Góngora Pimentel, mientras este no decline. Pero el ministro no se baja de su macho, a pesar de que ha trascendido que sus propios colegas le han aconsejado que lo haga.

El PAN lo tiene vetado. “Góngora no va”, nos dijo tajante el diputado del blanquiazul, Rogelio Carvajal, luego de esbozar la posibilidad de dejar fuera de las negociaciones al PRD, si no modifica su postura. EL grupo de Acción Nacional, con sus 206 diputados, es el único que tiene capacidad de vetar a los aspirantes.

Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI, lo recordó en la conferencia de prensa que ofreció a media semana para advertir que, pase lo que pase, el presidente consejero y los otros dos consejeros deberan quedar nombrados antes del 7 de febrero,

“Como partido, tengo el mandato de mi fracción, si el día siete no hemos llegado a nada, me voy a “amarrar” con el partido que dé más de las dos terceras partes, que es Acción Nacional. Negociaremos qué le conviene a esa institución, pero lo que queremos es que estén los ocho coordinadores de los diversos grupos parlamentarios que configuran la LX Legislatura.

Otro que está molestó con la situación es Miguel Ángel Jiménez, coordinador de la bancada de Nueva Alianza. No entiende las razones por las cuales el panista Héctor Larios, presidente de la Junta de Coordinación Política, no los ha convocado todo este tiempo, a pesar del compromiso

“Es una muestra de displicencia y desidia que hayamos incumplido con el mandato de la Constitución, que no hayamos nombrado a los consejeros electorales el 13 de diciembre. De esa fecha, al dia de hoy, más de un mes después, no hemos tenido una sola reunión para atender el tema.

¿Porque cancelamos la posibilidad de avanzar en Diciembre? ¿Porque hicimos esta propuesta de posponerlo al mes de febrero? No se ha visto ninguna señal de responsabilidad con respecto al cambio de fecha. Dejamos al IFE en condiciones de vulnerabilidad institucional y de compejidad en su operación. No nos dimos a la tarea de reunirnos los coordinadores, que somos los responsables en este momento”, manifestó.
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El tema de la agenda que verdaderamente saca chispas es la reforma energética. El falso debate sobre la privatización de PEMEX (no hay iniciativa) ha ocupado las primeras planas de los periódicos nacionales. Los legisladores de Frente Amplio Progresista y Andrés Manuel López Obrador han levantado Han amenazado incluso con irse a una huelga legislativa, sin que nadie, ni ellos mismos, sepan que es eso.

Los perredistas ya se retiraron de la negociación en la Cámara alta, en medio de acusaciones del senador Graco Ramírez a los legisladores del PRI. Los califica de “personeros” de Ejecutivo.

Los panistas tienen línea de Felipe Calderón. No van a debatir iniciativa de reforma energética, antes de que se haga el diagnostico “objetivo e integral” que demanda el presidente de la República, aunque el jefe nacional del blanquiazul, Germán Martínez, adelantó en Cozumel, donde realizaron su reunión previa los senadores azules, que no van por la venta del Pemex

Las bancadas del PRI en el Senada y en la Cámara de Diputados se fueron por el lado cómodo. Van a esperar la iniciativa que envíe el Ejecutivo. “No vamos a hacerle la chamba al Ejecutivo”, advirtió el senador Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía. Los tricolores descartan, desde ahora, una reforma que modifique el artículo 27 Constitucional (rectoría del estado sobre el petróleo)


Los herederos del otrora partidazo, sin embargo, están concientes de que
PEMEX entrará en crisis si no se moderniza. El diagnostico que Labastida tiene de la situación del petróleo es pesimista: tenemos reservas solo para 9 años; la producción declinará considerablemente hacia el 2010; Estados Unidos podrá perforar pozos en la zona trasnfronteriza del Golfo de Mexico, llamada Hoyo de Dona, y extraer crudo que está en aguas nacionales, vía el efecto popote.

“Pemex irremediablemente se va al precipicio. La verdadera traición al país es no hacer nada”, sentenció el senador Arroyo, pero aclaró: “la palabra privatización habrá que borrarla definitivamente del diccionario. Ese asunto está muerto…

Los priistas hablan de modernizar el sector energético mexicano, de tal suerte que, sin llegar a la participación de la iniciativa privada en algunas actividades de la industria de la energía, se pudiera armar el aparato del estado de mejor manera, para que Petróleos Mexicanos se pueda modernizar.

“Mas allá de si la modernización va o no hacia la participación de la IP en algunas partes; tecnología, oleoductos, trasportes, yo pondría como prioridades, antes que eso, otras muchas que tienen que ver con la propia arquitectura de la empresa como tal”, puntualizó el priista.

En la trinchera del PRD se preparan para dar la batalla contra la reforma energética. Estén convencidos de que el objetivo camuflado de la anunciada reforma energética es la venta de PEMEX.

“Hay una serie de declaraciones, opiniones, y hasta una pequeña campaña, muy fea, que destaca ‘dicen que el petroleo es nuestro, pero a usted ¿cuánto le han dado por el petróleo? Esa campañita es brutal y manipuladora: El 40 por ciento del dinero que se gasta en el país sale del petróleo”, subraya González Garza.

Recuerda que hay otra “campaña” que tiene como eje la aseveración de que el petróleo se nos va a acabar y que necesitamos que alguien venga y encuentre otros yacimientos, o nos quedamos en la calle. Pero advierte. “Se equivocan si piensan que pueden meterse, a través de cambios de leyes, para entregar partes la industria. Entonces, si nos vamos a preparar para eso.
La polarización alrededor del tema ha arrojado dudas sobre la pertinencia de legislar el tema en este periodo ordinario. “Supongo que todo mundo le estará midiendo el agua a los camotes”, advirtió El Güero.