El Congreso quedó a deber





El plazo de 100 días “no aplica en las Cámaras”: legisladores.



La cuenta regresiva terminó el sábado 29 de diciembre. Se cumplieron los 100 días de plazo de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el pasado mes de agosto. Los legisladores quedaron a deber en las tareas que les fueron encomendadas en el famoso documento leído por el entonces secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa, el único funcionario que con honestidad asumió el reto lanzado por el empresario Fernando Marti: si no pueden renuncien.

Diputados y senadores, es cierto, trabajan en los últimos días a marchas forzadas en algunos de los compromisos plasmados en el famoso documento suscrito por el Presidente Calderón, los gobernadores, representantes del Congreso. Pero el sábado llegaron a Palacio Nacional, sin haber concretado ninguna de las leyes reglamentarias del decreto constitucional en materia de seguridad y justicia, aprobado hace cinco meses.

El Acuerdo Nacional urgía legislar contra el narcomenudeo; establecer mecanismos en la Ley de Ejecuciones de Sanciones Penales, para impedir la preliberación de plagiarios y de aquellos delincuentes que cometan actos ilícitos con violencia. Se solicitaba también aprobar una Ley General contra el Secuestro, y otorgar más recursos a estados y municipios para combatir la criminalidad.

En esto último si alcanzaron el objetivo. Hay más recursos para la seguridad. Pero intereses partidarios y disputas que rayan en lo pueril, impidieron que las leyes se aprobaran antes de que venciera un plazo fijado en el Acuerdo que, por lo demás, no reconocen.

“El plazo no es aplicable al Poder Legislativo”, dijo a Vértigo el diputado del PRI, Cesar Camacho, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja. “El único plazo válido es el fin del periodo ordinario, que es el 15 de diciembre, aunque eventualmente, por los días de sesión, pudiera ser el 11 de diciembre.”

El diputado panista, Christian Castaño, coincidió en que el debate parlamentario sobre temas medulares, como son seguridad y justicia, no puede sujetarse a los 100 días. “No podemos arriesgarnos a tener errores u omisiones, y sacar leyes al vapor, para que luego nos digan ‘mira como legisla el Congreso”, puntualizó.

Otro priista, Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, profundizó: “la Ley requiere de debate, de análisis. No podríamos sujetarnos a determinados plazos en la elaboración de las leyes, por razones mediáticas o de conveniencia”, dijo.

Rivera recordó que, en el tema de seguridad, el Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente Calderón, tiene muchos pendientes. “Allí está Chihuahua, que es un estado en llamas; está baja California, está todo el país. Vivimos una situación de extremo peligro. Se han cumplido algunos aspectos, pero no podemos decir que se ha resuelto”, destacó.

El mismísimo coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón, les dijo a los reporteros de la fuente que las cámaras pretenden hacer leyes buenas “y no para salir en los medios o justificar algunas cosas.”

* * *

“¡No me digas mentiras…!”, tronó el diputado César Camacho, en la ríspida conversación telefónica que sostenía con el senador del PAN, Alejandro González Alcocer. Le dijo mas: “Si eres honrando, la Ley de Seguridad no es mía. Dices que Rivera la quiere llevar allá, y que Chucho (Murillo Karam) la quiere traer acá. No es así, pero si así fuera, no es mi bronca”

A Camacho no le había gustado nadita que el panista ex gobernador de Baja California hubiera declarado a Vértigo que las negociaciones sobre las leyes de seguridad y justicia estaban paralizadas por una bronca entre priistas.

“Hay una guerra de protagonismos entre diputados y senadores del PRI. Cesar Camacho quiso llevarse a la Cámara de Diputados la Miscelánea Penal y enviar al Senado la Ley de Seguridad, pero los priistas de aquí no lo permitieron. Eso nos tiene paralizados desde hace dos meses”, aseguró al semanario el legislador azul.

“Eso es grilla barata; es triste que se trate de politizar un tema tan serio como es la seguridad”, reviró el diputado del PRI, Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad en San Lázaro. Rivera achacó el retraso en la aprobación de la Ley de Seguridad a la poca disposición del gobierno federal, y del PAN, para ceder a las cuatro demandas del PRI y el PRD.

Estas cuatro exigencias son: que el presidente de la República presida el Consejo Nacional de Seguridad Publica, y no el Secretario de Seguridad Pública; 2) Que el Instituto para Evaluar y Certificar a los cuerpos policíacos sea autónomo; 3) que no se vulnere la soberanía local con la retención de los recursos, en caso que algún gobierno estatal o municipal rehúse coordinarse con la Federación; y 4) la creación del Instituto de Prevención del Delito

“La Secretaría de Gobernación está obstruyendo, porque de allí depende la estructura del Consejo Nacional; algunas disposiciones del control que quieren tener sobre los estados, y el sistema de información y prevención del delito”, aseguró Rivera Bedoya.

La bronca mayúscula son los dineros. La Ley obliga a coordinarse a los tres niveles de gobierno. Si un estado, o un municipio, se rehúsa a hacerlo, la Federación podría retenerle los recursos de seguridad, para alinearlo. “Es un mecanismo de presión fáctica. No puede haber ese margen de discrecionalidad. Esto puede devenir en la pretensión federal de imponer determinada medida”, advirtió Camacho.

Larios, el panista, considera que el fondo del asunto es que los gobernadores se rehúsan a transparentar el uso de recursos, que en varios estados ni siquiera se han ejercido. Datos del gobierno federal aseguran que en el 2008 hay un subejercicio de 7 mil millones de pesos.

“Ellos dicen que la Federación quiere imponerse a los estados, mediante esa facultad de retener los recursos cuando no se quiera coordinar. Le echan la culpa al gobierno federal de que no hay avances en materia de seguridad, y luego ves las cuentas que no han sido tocadas; recursos que públicos que vienen de partidas asignadas a seguridad y a los gobiernos estatales o municipales, no ejercen”, precisó Christian Castaño.

En el Senado, paralelamente, se anunció la posibilidad de no clausurar el periodo de sesiones el 11 de diciembre próximo, como se tenía previsto, y alargarlo el tiempo que sea necesario para legislar la Miscelánea Penal, la Ley de Extinción de Dominio y, quizás, la Ley para Combatir el Narcomenudeo.

La Ley que está a punto de aprobarse en la Cámara de Diputados es la de Seguridad Publica. Lleva un 97 por ciento de avance, según el panista Edgar Olvera, secretario de la Comisión de Presupuesto. Un grupo de trabajo, integrado por dos diputados de cada partido, trabajó durante el fin de semana para resolver las cuatro diferencias y tener el dictamen listo para el lunes 1 de diciembre.

“La expectativa es que el martes suba a tribuna y con dispensa de trámites --primera y segunda lectura—se apruebe ese mismo día”, precisó Camacho.

Adiós a los viejos moldes de la izquierda.





Va Jesús Ortega por un “socialismo moderno”.


“No quiero volver al pasado”, decía a Vértigo Jesús Ortega, presidente electo del PRD, la víspera del anuncio de Alejandro Encinas de que no aceptaría la secretaría general del partido, que por estatuto le corresponde. Este hombre, que por muchos años trabajó para ocupar la posición que asumirá el próximo 29 de noviembre, cuando se celebre la sesión del Consejo Nacional, adelantaba también que va por la unión de la izquierda progresista; y que pretende transformar al PRD en un partido socialista moderno, “como los que hay en Brasil, en Chile, en España”.

Sus palabras reflejaban la determinación de desterrar los viejos moldes de la izquierda; los dogmas y las consignas. Menos movilizaciones y plantones en la calle; más política y respeto a las instituciones del país; menos caudillismo y más dirección colectiva; menos debate alrededor de Andrés Manuel López Obrador y más discusión sobre el proyecto de partido.

Su llegada a la presidencia nacional del PRD representaba un vuelco en la postura de ese partido frente al gobierno de Felipe Calderón. En una entrevista con Pedro Ferriz de Con, Chucho no tuvo empacho en reconocer que “Calderón es constitucionalmente el presidente de la República”. El de Nueva Izquierda aclaró, sin embargo, que jamás abandonará su postura de considerar que hubo inconsistencias graves que mancharon las elecciones presidenciales del 2006.

En la plática con Vértigo, Jesús se mostraba satisfecho de haber cumplido un sueño largamente acariciado. Días antes, en una sentencia que sorprendió a más de uno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo había declarado triunfador en la cuestionada elección para renovar la dirigencia nacional del partido, celebrada ocho meses atrás.

A lo largo de la charla, de unos 20 minutos, Jesús dejó claro que va por una política incluyente; una dirección horizontal, una apertura a las clases medias. El político de Aguascalientes quiere ir más allá de lo que la analista Denise Dresser llama “los enojados”, que conforman el voto duro del PRD, para dotar al sol azteca de una vocación mayoritaria.

Sabe de la importancia de mantener unido el partido, pero también está consiente de que es el sueño imposible. Su prudencia, sin embargo, lo llevó a ensalzar la decisión de Encinas. “Me congratulo que ni él ni nadie hayan adoptado la decisión de separarse del PRD. Quedan anuladas y desaparecidas las especulaciones que corrieron con profusión acerca que el PRD se iba a dividir irremediablemente”, dijo Ortega en rueda de prensa realizada poco después del anuncio de su contrincante interno.

Abundó: “Hubiera sido mucho mejor que asumiera la responsabilidad de la secretaría general. Coincido con algunos compañeros de Izquierda Unida que esa hubiera sido una solución mejor. Pero eso no implica que se rompan vínculos, relaciones, pláticas, negociaciones. Mantendré con él una interlocución constante y directa. Es el principal dirigente de Izquierda Unida”.

***

“¡Esa es la congruencia que necesitamos!”, gritaba extasiada una de las tantas seguidoras de Alejandro Encinas, congregadas en el salón Don Diego, del Hotel Sheraton Alameda, poco después de que el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal hiciera publica su decisión de permanecer en el partido, sin asumir la secretaría general.

El ambiente que se respiraba era de entusiasmo entre las radicales huestes allí concentradas. El grito de “¡Encinas, Encinas!” rubricaba la aprobación de la decisión tomada. Alejandro emergía ahí mismo como el líder de una nueva corriente perredista, cuyo objetivo inmediato será “recuperar el partido desde dentro”.

Encinas se mostraba crítico, duro, intransitable con los que, dijo, cometieron el fraude en casa:

“Renuncio a la secretaría general del Partido de la Revolución Democrática fundamentalmente por dos cuestiones. No nos ganaron la presidencia nacional del partido y no nos ganaron sus aliados, sino el gobierno de facto y el Estado que ha querido imponer una dirección en nuestro partido

“Yo no puedo avalar una decisión de Estado; no puedo caer en la simulación; no puedo esconder la basura debajo del tapete; ni ser cómplice los que cometieron tropelías e irregularidades…”

Era casi una declaración de guerra civil contra los chuchos y sus aliados internos.

Encinas proseguía “no nos vamos porque no le vamos a dejar el partido a quienes se han enquistado en su burocracia; porque somos mayoría y porque lejos de abandonar la trinchera, vamos a dar la pelea desde dentro para rescatar el proyecto político, los principios y los valores que nos dieron origen”.

Cada frase, cada oración, cada palabra arrancaba en la mayoría de los presentes expresiones de aprobación. Los más realistas, sin embargo, se preguntaban si todo aquello no representaba abandonar la plaza.

“¿No estaremos pecando de ingenuos?”, preguntaba espontáneo el senador obradorista, Ricardo Monreal, presente también en el salón Don Diego. El zacatecano hacía un ejercicio de ecuación política para llegar a la conclusión de que los equilibrios se romperán en el seno del partido, sin la presencia de Encinas en la dirección nacional.

Monreal preguntaba: ¿Quién se queda con la burocracia del partido? El mismo respondía: “Los Chuchos….” ¿Quién va a decidir las candidaturas? “Los Chuchos….” ¿Quién va a manejar las prerrogativas? “Los Chuchos…”.

Pero el senador Carlos Navarrete, destacado integrante de la corriente triunfadora, aseguró al reportero que sí van a subir a los integrantes de Izquierda Unida, el grupo que respaldó la candidatura de Encinas, a las decisiones del partido. “En la Comisión Política Nacional hay trece lugares, caben perfectamente. Allí se va a diseñar la estrategia política y se van a procesar las candidaturas”

El tema de la secretaría general y de la permanencia en el PRD se había discutido la noche del lunes 17 de noviembre en una reunión “en corto” con Andrés Manuel López Obrador, celebrada en sus oficinas de la calle de San Luis Potosí. La decisión de no salirse del PRD habría sido del legitimo; la de no aceptar la secretaria general de Alejandro Encinas, reveló uno de los participantes en ese cónclave.

En el juego de suma y resta, los que no están de acuerdo con el abandono de la plaza ven perdedor al movimiento obradorista, “Se van a romper los equilibrios; Hortensia es del Foro Nuevo Sol, que ya pactó con Jesús” lamentó uno de los leales a López Obrador.

Y es que Hortensia Aragón, ex compañera de fórmula de Encinas, integrante del grupo de la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, quedará en el cargo de secretaria general del partido. “Mi actitud no será de acompañamiento, ni de dama de compañía”, dijo Aragón, al anunciar, conjuntamente con Ortega, que acepta el lugar que su compañero de fórmula rechazó.

Monreal no era el único integrante del movimiento obradorista que se mostraba preocupado por la decisión de Encinas. “Alejandro no se ha dado cuenta de la importancia que tiene el cargo”, lamentó Dolores Padierna, dirigente de IDN, quien hasta el último minuto empujó para que el ex jefe de Gobierno se quedara con la secretaría general.

--¿Y ahora que sigue?—le preguntamos también al diputado Raymundo Cárdenas

-- Lo que diga Jesús Ortega—repuso mordaz.

--¿Y además?

-- Nos vamos a ir debilitando, hasta transitar a otro espacio--, aventuró.

-- ¿Al FAP?

Raymundo asintió con la cabeza.

Sesión record en San Lázaro, 40 horas.






El Presupuesto de la crisis.




El diputado del PRI, Javier Guerrero, llevaba muchas horas sin descansar. La noche de martes a miércoles había sido larga, tediosa, desesperante. Pero el secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja lucía entero. Nada en su aspecto reflejaba fatiga. Un regaderazo, ropa limpia y de vuelta al trabajo.

Él y sus compañeros de comisiones habían pasado la noche entera en el Palacio Legislativo. Otros diputados, con menos responsabilidades en la elaboración del gasto para el 2009, habían abandonado a las tres de la mañana, cuando se decretó uno de los recesos. Regresaron cinco horas después, pero solo para reiniciar otro largo periodo de espera.

Horas y horas de negociaciones para ajustar el gasto para el 2009, hacerlo aceptable para la mayoría de diputados. La tarea de Javier Guerrero era ajustar los números. Revisar lo que llegaba de las distintas comisiones. Ponerle aquí, quitarle allá.

El esfuerzo de todos fructificó al final. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2009 fue aprobado en el pleno por aplastante mayoría –436 votos a favor; 44 en contra—, luego de una sesión de más de 40 horas, interrumpida por múltiples recesos, que se alargaban sistemáticamente. Los legisladores de Convergencia, y perredistas leales a Andrés Manuel López Obrador no aprobaron el decreto.

El gasto aprobado representa una bolsa de 3 billones 45 punto 5 mil millones de pesos. Esto representa un 13.1 por ciento más, en relación con el presupuesto aprobado para este año. Los diputados autorizaron un déficit del 1.8 por ciento del PIB. El tipo de cambio promedio del dólar quedó en 11.70 y el precio de la mezcla mexicana de petróleo se proyecto en 70 dólares por barril.

“Tenemos seis ramos muy fortalecidos, con tendencia de crecimiento y consolidación, que son en este orden: seguridad, campo, infraestructura hidráulica y carretera, educación, salud y combate a la pobreza o desarrollo social. Esos son los ramos eje integrados en el presupuesto del 2009”, dijo a Vértigo el legislador del PRI.

Y muy orondo presumió: “Ha habido un esfuerzo importantísimo de trabajo técnico y político, la comisión de Presupuesto ha cumplido con un diseño muy exhaustivo desde que iniciamos con la revisión del ejercicio del gasto, a mitad de año.

El panista Raúl Padilla, presidente de la Comisión de Presupuesto, hizo un desglose de los ajustes que se le hicieron al decreto: Se destinan casi 44 mil 500 millones de pesos al gasto en infraestructura; la asignación de recursos para el desarrollo social asciende a alrededor de 2 mil millones de pesos. Por lo que respecta a salud, se logró una ampliación por alrededor de 6 mil 168 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento de 16.5 por ciento respecto a lo aprobado en el año anterior.

En materia de educación, se adicionaron recursos cuya suma asciende a los 14 mil 800 millones de pesos. La Universidad Nacional Autónoma de México recibió una ampliación de presupuesto por 700 millones de pesos, mientras que el Instituto Politécnico Nacional, otra por 450 millones de pesos.

“La sociedad ha demostrado su exigencia por el combate a la inseguridad pública. Por ello se propuso asignar recursos en materia de seguridad pública por aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos más al presupuesto”, dijo Padilla, al posicionar el presupuesto.

El campo también resultó beneficiado con los ajustes. El Pleno aprobó recursos adicionales por un monto de 21 mil millones de pesos para el desarrollo rural.

El presupuesto para el 2009 se aprobó en condiciones de deterioro de la economía mundial. Se avisora una fuerte presión el empleo, a partir de la idea de que miles de mexicanos que buscaron mejorar su situación económica en los Estados Unidos tendrán que regresar por falta de oportunidades.

Se proyecta también una dramática disminución de tres grandes fuentes de ingreso para México: petróleo, exportaciones y remesas.

Esta situación obligó a los arquitectos del presupuesto a ajustar a la baja las pretensiones presupuestales de los órganos autónomos, el Poder Legislativo y las distintas dependencias gubernamentales. Dos casos resultaron particularmente polémicos: el IFE y el Senado de la República.

Al Instituto Federal Electoral se le recortaron 750 millones de pesos a sus pretensiones originales. De nada valieron las advertencias de Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE, de que no iban a poder realizar con éxito su tarea en el 2009, que es un año electoral. “no estamos en jauja, sino pueden que renuncien”, declaró el diputado priista, Jorge Estefan Chidiac.

Su colega José Rosas Aispuro, integrante de la Comisión de Hacienda, recordó que no sólo se le recorta al IFE, sino a la CNDH y a las dos Cámaras.

“Ciertamente en el IFE no van a tener los recursos que ellos quisieran, pero me parece que si hace un esfuerzo, como todo mundo lo tendremos que hacer, estos recursos alcanzarán para atender las necesidades del proceso electoral del 2009. Dijo Rosas Aispuro.

Abundó: “todos tenemos que hacer un esfuerzo. Me parece que es muy irresponsable que en el IFE se diga que no van a poder realizar su tarea, porque no se les van a dar los recursos que ellos están pidiendo”.

A los senadores no les gustó que los diputados recortaran 350 millones de su presupuesto para el 2009. Los meros chipocludos en Xicoténcatl se trasladaron al Palacio Legislativo para hacer un “reclamo informal” –formalizarlo sería un suicidio—por el ajuste. Alegaron que la Cámara alta construye una nueva sede y que necesitan esos millones. Tampoco les sirvió de mucho.

El panista Edgar Ramírez Pech, secretario de la Comisión de Presupuesto, se mostró critico ante la actitud de los integrantes de la Cámara Alta “Los senadores no se van a morir, ni van a pasarla tan mal, si hacemos un poco de ahorro”, comentó a este semanario.


Los diputados, a instancias del priista Carlos Rojas, también ajustaron a la baja su presupuesto. Recibirán 200 millones de pesos menos de lo planteado originalmente.
A algunos no les gustó el pequeño gesto de austeridad. Chon Orihuela, secretario de la Comisión de Energía, consideró que el recorte va en detrimento de la calidad de los trabajos en el Poder Legislativo. “Soy secretario de una Comisión y solo tengo un asistente al que le pago 15 mil pesos”, se quejó.

Marco Bernal, dirigente de la CNOP priista, tampoco está de acuerdo. “Gamboa, el Güero y Larios ya se volvieron populistas; se equivocan si creen que apretando el presupuesto de la Cámara van a solucionar la economía del país”, critico.

Rojas logró 200 firmas de diputados que pidieron a la Cámara baja no incrementarse el Presupuesto. “¿Para que lo subimos, si ya nos vamos?” Preguntó José Murat, uno de los que respaldó la medida. La legislatura termina en septiembre del 2009. El ex gobernador de Oaxaca, por cierto, andaba que no lo calentaba ni el sol. A las 23 mil escuelas indígenas que hay en el país, les iban a dar originalmente un fondo adicional de 280 millones de pesos, pero quedó solo en 20 millones. “Eso no alcanza ni para pizarrones”, dijo.

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El único grupo que voto en contra del presupuesto fue el de Convergencia. Alejandro Chanona, jefe de esta bancada, subió a la tribuna para explicar su postura. “Nos oponemos a configurar un Presupuesto 2009 con criterios partidistas de pura rentabilidad política y electoral. Por el contrario, Convergencia privilegia la visión de un Presupuesto como medio para fomentar el desarrollo incluyente del país.

“Sabemos que el modelo social, volcado al modelo a ultranza ha fracasado; porque se somete al desarrollo de los países, al afán de lucro, a la especulación y a la irresponsabilidad de la ganancia fácil. Este modelo sólo ha conducido a la desigualdad extrema, al privilegio de pocos y a la exclusión social de millones”.

También los diputados obradoristas sufragaron en contra. Mónica Fernández, integrante de esa corriente, presentó una moción suspensiva que fue rechazada por la mayoría de los legisladores. Ella también subió a la tribuna para sustentar su postura.

“Es bien sabido que el Presupuesto de Egresos de la Federación es la expresión numérica del modelo económico, y lo que hoy se pretende someter a votación es un presupuesto que satisface las necesidades del modelo económico neoliberal que sólo ha generado pobreza, falta de crecimiento y desempleo.

Es un Presupuesto que permite que el Estado continúe rescatando a los ricos y poderosos, a costa del bienestar de la gente… Más aún, a pesar de la dramática disminución del poder adquisitivo del salario, derivado del incremento de los precios de la canasta básica, no se aceptó la creación de un plan para la defensa de la economía popular”, finalizó.

¿Despojo a México?




La fantástica historia de la Isla Bermeja.


La historia es fantástica. Habla de la “desaparición” de la isla Bermeja, ubicada a 150 kilómetros al norte de Yucatán y Campeche. El tema no es menor. Implica la disputa con Estados Unidos de yacimientos de petróleo del orden de 22 mil 500 millones de barriles de crudo, según un punto de acuerdo elaborado por senadores del PAN.

El documento, que espera turno para subir a la tribuna de la Cámara Alta desde hace tres sesiones, exige al Ejecutivo Federal un informe completo, donde se explique “sospechosa inmersión” de la isla, que estuvo localizada en el Golfo de México latitud 22°33´ Norte y longitud 91° 22´ Oeste, y se la trago el mar.

No ha faltado la descabellada versión de que Estados Unidos hundió deliberadamente esta isla para apoderarse de los yacimientos petroleros en aguas profundas. “¿Cómo van a hundir una isla sin que nos diéramos cuenta? Yo estaría más inclinado a pensar que si existió y que algún movimiento telúrico en el fondo del mar hubiera cambiado las situaciones”, dice a Vértigo el senador panista Felipe González, uno de los firmantes del citado punto de acuerdo.

Al guión de esta historia la han agregado la misteriosa muerte del senador panista José Ángel Conchello, quien en 1997, durante las negociaciones bilaterales sobre estos lindes, denunció con insistencia la desaparición de la Isla Bermeja de nuestro territorio nacional. Criticó con inusual con dureza las negociaciones del gobierno mexicano con Estados Unidos para dividir el famoso Hoyo de Dona, donde supuestamente se ubica la riqueza petrolera.

Conchello murió la década pasada en un extraño accidente que nunca se aclaró, pero antes de su desaparición acusó al gobierno del presidente Ernesto Zedillo, y a otras autoridades, de haber pactado la entrega de de la zona a empresas norteamericanas. El legislador del PAN denunció una y otra vez , las “obscuras” negociaciones que culminaron con la firma del tratado Clinton-Zedillo, en el cual México y Estados Unidos pactaron establecieron sus fronteras marítimas en el Golfo de México.

“En los alrededores de la isla se localizaron más de 22 mil 500 millones de barriles de hidrocarburo y existe la sospecha de que funcionarios mexicanos contaban con información privilegiada sobre la riqueza que se encuentra en su fondo marino”, dice el texto suscrito por los senadores del PAN, Luis Alberto Coppola Joffroy, Humberto Andrade Quezada, Sebastián Calderón Centeno, Juan Bueno Torio y Jaime Rafael Díaz Ochoa.

Investigadores de la época consideraban que si la medición para fijar los límites marítimos hubiese partido de la Isla Bermeja, la mayor parte de la Dona Occidental sería ahora para México. Los lindes, sin embargo, se establecieron a partir del arrecife de Los Alacranes, como punto de referencia.

Esta delimitación formó dos polígonos irregulares entrampados en las aguas profundas del Golfo de México, los hoyos Occidentales, negociados entre México y Estados Unidos; y los hoyos Orientales que tienen que ser negociados entre México, Estados Unidos y Cuba.

“Pero si se consideran las mismas 200 millas desde las costas de Estados Unidos, se observa con mayor transparencia el despojó que le fue causado a México”, dice el texto de los senadores.

Felipe González asegura que hay una total cerrazón de las autoridades alrededor del caso. “Lo raro es que de repente pedimos información y nos dicen que no, que no existe la Isla Bermeja”, asegura. El legislador está consiente que a la Cámara Alta le toca saber el impacto en los acuerdos sobre mar territorial y explotación de petróleo en aguas profundas, que tendría el hecho de que ya no se reconozca que existe una isla mexicana llamada Bermeja.

“La isla existió, tenemos documentos. El punto de acuerdo va acompañado de un mapa donde se localiza, es un mapa de los años 50s o 60s. Ahí marcan la latitud donde se encontraba la isla”, puntualizó.

El senador priista, Francisco Labastida Ochoa, ex secretario de Gobernación, reconoce que no tiene ningún elemento para afirmar que existió. “A veces esos islotes desaparecen, ocurre con frecuencia, es algo que sucede cuando la marea está baja y se tapa cuando la marea está alta”

“Hasta donde recuerdo –prosiguió Labastida- es necesario que las islas estén permanentemente habitadas para fijar mar patrimonial. Tiene que tener un tamaño y una dimensión para poder marcar límites. Si esta isla existiera, el mar patrimonial se extendería y en consecuencia los recursos potenciales del subsuelo también se extenderían”.

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La Cartografía Histórica de las Islas Mexicanas, editada por la Secretaría de Gobernación en los tiempos en que el titular era el desaparecido Fernando Gutiérrez Barrios, dice de la Bermeja:

“Es una de las islas que más aparece en los mapas antiguos de los siglos XVI y XVII, aunque algunos especialistas destacados como García Cubas y Muñoz Lumbier ponen en duda su existencia. Sin embargo, en los islarios más actualizados se le ubica a los 22°33´ de latitud norte y 91°22´ de longitud oeste de Greenwich. Está aproximadamente a 27 millas del norte de Cayo Arenas”.

El documento de los senadores, que aún no ha sido votado, pide a la Secretaría de Marina que vuelva a inspeccionar la zona en que se ubicó la isla y que en la tarea utilice instrumentos de alta tecnología, con el objeto de conocer el estado y el grado de deterioro en que se encuentra geológicamente el lugar en que se localizaba la “ya que existen sospechas sobradas de que su inmersión fue provocada por la influencia del hombre”.

La isla, se dice, está actualmente a 40 o 50 metros bajo la superficie marina, por lo que ya no es considerada una isla, comentan los embajadores Miguel Ángel González y Alberto Szekeñey. Ambos diplomáticos, que presumiblemente saben de más sobre la desaparición de la Bermeja, deberían explicar el fenómeno, subrayan los senadores panistas.
El asunto ya fue recogido por el Gobierno Federal. A mediados de la semana, la canciller Patricia Espinosa, adelantó que pedirá apoyo a la Secretaría de Marina para que proporcione información técnica sobre la existencia o no del islote.

La Marina ya indagó en el pasado sobre esa isla mexicana. Un documento firmado por el contralmirante Néstor E. Yee Amador, director general de Oceanografía Naval, indica que en una inspección realizada el 5 de septiembre de 1997 por el buque H-04 Onjuku se reconoce que no se encontró en las coordenadas establecidas ningún rastro de la isla Bermeja.

Y sin embargo, la agencia central de inteligencia (CIA) de Estados Unidos consigna en su Atlas la existencia de la isla, y aporta fotografías para alimentar el sitio de Internet de algunas empresas turísticas de aquel país.

Ubicar la isla “nos permitiría arrojar la frontera de México más al norte y conquistar una mayor parte (del Golfo de México) para el interés mexicano frente a Estados Unidos, que quería arrojar su frontera más al sur con base en las islas Dernier”, según el investigador Fabio Barbosa Cano, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.