Hay que crear las condiciones de la “aceptabilidad de la derrota”.

Leonardo Valdés Zurita tiene 55 años. Los cumplió el pasado 19 de febrero. Tenia apenas 12 días como consejero presidente del IFE. Ese ha sido el regalo de cumpleaños más inesperado y hermoso que ha recibido en su vida.

Una serie de acontecimientos inesperados --vetos y no votos-- lo llevaron a la silla que dejó vacante Luís Carlos Ugalde. Nadie daba un peso por Valdés. Lo sabe. Genaro Góngora Pímentel, Mauricio Merino, Jorge Alcocer, encabezaban todas las listas. Eran las primeras opciones de los partidos. Pero tenían facturas pendientes con unos y otros.

Eso le abrió a Valdés la puerta del edificio de Periférico y Viaducto. Su vida cambió radicalmente con el nombramiento. De ser un profesor universitario que llevaba una vida relativamente sosegada en Leion, Guanajuato, pasó a ser funcionario público, con una enorme cantidad de compromisos.

Valdés Zurita es un hombre educado en los valores de la izquierda. Su lenguaje, sus convicciones, delatan una gran sensibilidad social. Cualquiera diría que es egresado de la UNAM o el Politécnico. Pero no. Estudió licenciatura la Universidad Anáhuac, reservada para los ricos. “Mi familia era de la clase media alta”, confiesa, casi con rubor.

Muchos de los compañeros de su partido –militó en el PMT de Heberto Castillo y en el PMS-- le preguntaban las razones por las que, siendo un hombre de izquierda, estudio en una universidad burguesa.

“En esa universidad privada nos dieron clases muy buenos maestros. Aprendimos que había una gran desigualdad social. Desde entonces tengo la convicción de que este país tiene una enorme riqueza económica, pero que está mal distribuida”, explica.

Hay incluso una anécdota de su adolescencia que pocos conocen. A los 15 años tuvo que abandonar la Ciudad de México. Su familia lo mandó para Monterrey, alarmada por el grado de involucramiento de Leonardo en el trágico movimiento estudiantil de 1968.

Ese año, Valdés fue testigo del bazucazo del Ejército a las puertas de la preparatoria número Uno. Estaba dentro del plantel. Andaba en “la bola” como representante de su secundaria.

Leonardo no es un improvisado. Es doctor en Ciencia Social del Colegio de México y ex consejero del Instituto Electoral del DF. Tiene más de 20 libros publicados sobre temas electorales. Fue responsable del área electoral de la Universidad Autónoma Metropolitana y, como tal, prsto asesoría a Carlos Medina Plascenia, entonces gobernador interino de la Guanajuato, para sacar adelante su reforma electoral.

Los radicales del PRD le reprochan haberse opuesto al registro de Andrés Manuel López Obrador cuando era consejero electoral en el DF, por considerar que no cumplía con la residencia requerida. El estatuto del gobierno del DF dice que para los no nacidos en el DF se requiere una residencia ininterrumpida de 5 años “y no los cumplía”.

-- Llega al IFE en época de crisis y bajo sospecha de que el Instituto se pondrá al servicio de los partidos. ¿Qué responde?

--Lo que encontré a mi llegada es que el Instituto está trabajando, a pesar de la crisis. Eso sí, con un ambiente de incertidumbre, no sólo entre los trabajadores –‘hasta mi chofer me preguntó si se iba a quedar a trabajar” –sino en toda la institución.

Pero tengo la impresión de que a partir del 7 de febrero –fecha de su llegada y la de otros dos consejeros-- -- el Instituto empezó a asentarse. Esa inquietud de funcionarios y trabajadores comienza a superarse. Entramos en un estado de normalidad. Eso es muy importante, por las responsabilidades que tenemos

Todavía hay pendientes de la elección de 2006; todavía hay pendientes producto de la reforma constitucional y legal del 2007, y por supuesto, la prioridad máxima, organizar los trabajos organizativos para que para que en octubre arranquemos un proceso electoral que debe ser exitoso.

-- Antes de que usted llegara al IFE eran públicas las divisiones entre los consejeros. Cuatro formaban un bloque; los otros cuatro otro bloque. ¿Cómo va este asunto?

--Eso se ha diluido. No solo porque Marco Antonio Baños, Benito Nacif y yo hemos llegado con el ánimo de colaborar y trabajar para construir consensos, sino porque el resto de los consejeros han puesto un esfuerzo importante. Hemos estado trabajando con mucha frecuencia los nueve consejeros, buscando acercar nuestras posiciones.

“Eso se ha reflejado en las votaciones que, por supuesto, no han sido unánimes. Los nueve estamos unidos en torno al compromiso que tenemos, pero en la democracia, la unidad no significa uniformidad. Hemos logrado construir decisiones altamente mayoritarias. Ninguno de los consejeros ha perdido o ganado sistemáticamente las votaciones. Yo diría que no hay bloques. Hoy podemos hablar del bloque de los nueve consejeros.

Sin mediar pregunta, el presidente consejero aborda el tema del polémico artículo 134 constitucional. Recuerda que en su último párrafo dice que será en las leyes secundarias donde se normaran los criterios para tramitar las querellas y sancionar las violaciones a la Constitución.

“Una de esas leyes se llama Cofipe. Ya está aprobado. Establece las prohibiciones para época electoral; incluso se abre el proceso sancionador.
Lo que no está resuelto es para épocas no electorales. Allí hay dos elementos sobre los cuales se tiene que reflexionar. Lo tiene que hacer el Consejo General del IFE, pero también el Poder Legislativo.

“¿Cuáles son esos dos elementos? Uno: En términos de principios de equidad en la competencia, el IFE puede considerar que la promoción personalizada de los funcionarios, usando recursos públicos, puede convertirse en un acto anticipado de campaña.

“El Cofipe en eso es claro: si una persona hizo actos anticipados de campaña, el IFE no le puede otorgar su registro como candidato. Esa ruta está amarrada con el concepto de equidad en la contienda. El IFE tiene esas facultades

“¿Cuándo las puede aplicar? En el momento de la solicitud de registro de las candidaturas. Ese es un asunto que se tiene que tener presente, y que hay que normar con mucho cuidado, para que a todo mundo le quede claro que allí hay un riesgo: un funcionario público, que utiliza recursos públicos para hacer difusión de su imagen, de su rostro, de su voz, se puede poner el mismo en el supuesto de acto anticipado de campaña.

-- ¿Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto estarían en ese riesgo?

-- No solo ellos, sino todos los funcionarios públicos que, en tiempo y forma, sean postulados por los partidos políticos para registrar sus candidaturas.

Pero este es un asunto sobre el cual no tenemos una definición. El IFE tiene que trabajar para encontrar una solución normativa que nos permita dar certeza de como vamos a actuar bajo esta nueva modalidad.

-- Los temores de que el IFE haya caído bajo la férula de los partidos, dado que son ellos los que deciden, por ejemplo, si el presidente consejero del IFE se reelige. Ya tenemos el ejemplo de Ugalde, Le cortaron la cabeza por las presiones de un partido que a la fecha no acepta los resultados.

-- No comparto esa visión. Considero que el legislador retomó la discusión sobre la pertinencia de la renovación escalonada del consejo general del IFE y decidió iniciar el escalonamiento. Mi impresión es que hay una construcción institucional, que en la revisión de la Constitución, los legisladores de todos los grupos parlamentarios convinieron en que el planteamiento de la renovación escalonada, que venía desde el 2002, era adecuado, y decidieron impulsarlo en esta ocasión.

“Considero que el IFE, antes como ahora, está obligado a crear las condiciones de la aceptabilidad de la derrota. Es un concepto que he estado usando, no es mío, es de Felipe González, y dice que la autoridad electoral debe buscar por todos los medios una situación en la que el que pierda, asi sea por unos cuantos votos, este obligado, a aceptar esa derrota. Esa es una de las características de las democracias consolidadas.

--¿Cómo se podrían crear esas condiciones de aceptabilidad de la derrota?

-- El asunto tiene tres cuestiones fundamentales. En la campaña electoral se deben de propiciar las condiciones de equidad para la competencia, las condiciones en las que los contendientes puedan desplegar sus mensajes y estos puedan ser atendidos y entendidos por la población.

“Hay allí dos elementos fundamentales: lo que dice la Ley y la actuación de la autoridad electoral, como árbitro de la campaña. Hay que reconocerlo. La ley, antes de esta reforma, era omisa en diversos elementos. No le daba fortaleza al árbitro para poder mediar en el transcurso de la campaña, para ordenar la campaña. Hubo una gran cantidad de conflictos y el IFE no pudo tomar decisiones oportunamente. Fue necesario esperar a que el Tribunal las tomara, para poder actuar. Pero en muchos casos, sobre todo en lo que tiene que ver con la campaña en los medios de comunicación, las decisiones se tomaban cuando estos mensajes ya habían causado efecto. Ya era imposible evitar que esos mensajes llegaran a la población.

“El nuevo modelo de campaña, la prohibición de compra de tiempo en radio y televisión para los partidos; el hecho de que el IFE administre los tiempos oficiales; la misma posibilidad que los concesionarios puedan ser sancionados por la autoridad electoral, da mejores elementos para que el IFE sea un mejor árbitro, y podamos tener una perspectiva de mayor equidad en la competencia electoral.

“Lo segundo: Si la diferencia entre el primero y el segundo lugar en el cómputo es de menos de un punto porcentual, ya no es necesario que lo partidos pidan voto por voto, casilla por casilla. En cada uno de los 300 distritos electorales habrá la posibilidad de volver abrir las urnas, de volver a contar los votos, para tener la certeza de que el resultado que queda en las actas representa la voluntad ciudadana expresada en las boletas electorales.

“Tercero: el IFE tiene que hacer mejor su trabajo, por lo menos en cuatro aspectos. Tenemos que capacitar mejor a los ciudadanos que van a recibir y contar los votos. No podemos darnos el lujo de que allí haya errores. Tenemos que mejorar el diseño de las actas electorales para propiciar menos errores. Nuestros funcionarios, en las casillas, por más que los capacitemos, no son abogados, no son electorólogos expertos.

“El Prep tiene que ser un instrumento mucho más transparente. En el 2006 hubo un tramo de incertidumbre respecto a actas que habían sido capturadas en el Prep, pero que no reflejaban la suma de los votos. ¿Por qué no reflejaban la suma de votos? Porque caían en el rubro de inconsistencias

“Finalmente, y esto último es lo mas importante, necesitamos un IFE que todas estas cuestiones técnicas y jurídicas, las realice con un conocimiento muy cercano de la población. Necesitamos que nuestros funcionarios estén mucho más cerca de la ciudadanía.

“Estos elementos conjugados, en términos de un árbitro electoral con mucha más capacidad, un organizador electoral con mucha mayor precisión, y un comunicador más eficiente, creen las condiciones de la aceptabilidad de la derrota.

“Que el que pierda tenga la seguridad que los votos se contaron bien y que si perdió por escaso margen es real. Y que si a pesar de ello si alguno de los contendientes no acepta el riesgo la sociedad este lo suficientemente informada para no embarcarse en una situación en la que ese rechazo a los resultados, esa descalificación, pueda tener éxito”.

-- El carpetazo a los los 281 mil spots no reportados. ¿Un acto de impunidad lamentable?

-- No hay carpetazo, no se paga ninguna factura a los partidos. Aquí hay que ser muy claros. La aparición de estos 281 mil spots no reportados tiene dos vertientes. El IFE contrató un monitoreo con una empresa brasileña, IBOPE, que es conocida internacionalmente por su capacidad técnica para medir raitings de radio y televisión, pero que por primera vez hizo un monitoreo. Esa información del monitoreo surgió en el marco de los procesos de fiscalización del uso de los recursos, por parte de los partidos políticos.

“El Consejo General del IFE tiene un tempo finito para llevar a cabo a fiscalización. Al vencimiento del plazo de Ley, en el 2007, el IFE decidió mantener abierta la fiscalización, hasta tener mayores elementos respecto estos 281 mil spots, básicamente sobre el origen de los recursos utilizados para comprar ese tiempo.

“En consecuencia, aprobó la realización de un proceso de investigación oficioso, que consistía en pedir información a los concesionarios de radio y televisión acerca de estos spots. Habría que decir que respuesta fue significativamente baja.

“Tres partidos políticos --Nueva Alianza, PRD, PT-- decidieron impugnar este acuerdo del Consejo General y se fueron al Tribunal. Este resolvió que el procedimiento oficioso no tiene fundamento legal, y que el IFE debe reponer el procedimiento.

“¿Qué pasó en ese proceso? Se le dio vista a los partidos no de cuantos, sino de cuáles spots, Las cifras variaron significativamente. ¿Por qué? En el mo nioreo, al darle vista a los partidos de los spots que no se reportaron, apareció que algunos de ellos son repeticiones que si estaban facturados, pagados y reportados por los partidos políticos.

“Aparecieron mensajes del tiempo que el IFE compraba, porque la Ley lo obligaba, y lo otorgaba a los partidos políticos. Por supuesto que ese tiempo los partidos políticos no lo pueden reportar con sus facturas, porque ellos no lo compraron. Aparecieron errores técnicos, spots que se le atribuían a algún partido o a algún candidato, pero que en realidad eran de otro, campañas locales que se mezclaban con campañas federales.

“Se hizo un trabajo de limpieza para saber con certeza cuales spots de ese monitoreo no fueron reportados. Y sí, la cantidad, para esos tres partidos políticos, disminuyó significativamente. Sobre esa cantidad, el IFE impuso las multas (menores) correspondientes. Ya de motu propio, el IFE, lo que hizo, fue transparentar toda esa información para que todo mundo tenga acceso (en internet)

“La mayoría de los consejeros comparten, si no es que todos, el espíritu que he planteado de cerrar los expedientes de la elección del 2006, para que no nos contaminen el proceso del 2009. Deben cerrarse aplicando la Ley. No estoy pensando en darle sagrada sepultura a un asunto de esta trascendencia.

-- ¿Y el incremento salarial a los consejeros?

-- Esta es una situación de corte administrativo. En el 2007, producto de las políticas de austeridad, se estableció que ningún funcionario debería de ganar más que el Presidente de la Republica. El Consejo General del IFE decidió entonces disminuir las percepciones de los consejeros en un 10 por ciento y no aplicar el incremento salarial, que fue en ese año de aproximadamente 4.5 por ciento.

¿Qué sucede? Cuando el Consejo General anterior conoce del presupuesto para el 2008, decidió recuperar lo que estuvo vigente hasta el 2006, que es la igualación de las percepciones de los consejeros con las de los ministros de la Corte. Y esto porque así lo dice la Constitución. No es una decisión del Consejo. Hay que acatar un mandato constitucional. Es una decisión que se tomó antes de que llegáramos los nuevos consejeros.