El Peje alista movilizaciones.

La Reforma Energética va…




La voz del senador Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, rayaba en la euforia. “Es la reforma más importante, después de la expropiación petrolera”, decía a Vértigo el ex candidato presidencial del PRI, apenas minutos después de que se aprobaran en comisiones tres de los siete dictámenes que integran la reforma energética.

En la trinchera del PRD –versión Nueva Izquierda—justificaban el optimismo de Labastida. “En estos últimos días se han intensificado las interlocuciones del PRD con las bancadas del PRI y el PAN en el Senado, y a través del coordinador parlamentario dl PAN en el Senado, hemos abierto una interlocución con el gobierno federal”, anunciaba Carlos Navarrete, coordinador del grupo parlamentario del amarillo en el Senado, en reuda de prensa.

Las palabras de Navarrete traducían un radical cambio de actitud en el grupo mayoritario de ese partido. El no reconocimiento del gobierno del presidente Felipe Calderón era cosa del pasado para los perredistas de Nueva Izquierda, la corrente mayoritaria en ese partido

“Con la interlocución ---agregaba Navarrete—hemos logrado vencer resistencias y convencer de que el país requiere en estos momentos un mensaje desde el Senado de un acuerdo que le dé un nuevo impulso al Congreso de la Union; que le de un mensaje a la población mexicana que nuestras fuerzas políticas se pueden poner de acuerdo para evitr un desencuentro como que ocurrió aquí en abril pasado”.

Muchos meses de tensión, movilizaciones, toma de tribunas en el Congreso, 23 larguísimos foros en el Senado, habían precedido este momento, en el que por fin se asomaba la posibilidad real de plasmar en la Ley la capital Reforma Energética, concebida para detener la estrepitosa caída de la producción petrolera, darle a PEMEX autonomía frente a la Secretaría de Hacienda, y volver a hacer competitiva la más grande de las empresas paraestatales.

Los acuerdos alcanzados al cierre de esta edición dejaban claro que no habrá “privatización” en refinación, transporte y almacenamiento. Los dictámenes establecían, además, la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para hacer de PEMEX una empresa más eficiente; el fortalecimiento de la Secretaría de Energía, y un Consejo Nacional de Planeación Energética, cuya tarea será establecer políticas a largo plazo en la materia.

“Los tres primeros dictámenes nos permiten avanzar en las facultades que va a tener la Secretaria de Energía; avanzar en las facultades de la Comisión Reguladora del Petroleo; avanzar en una política de ahorro y llegar a acuerdos sustanciales en los cuatro dictámenes que vamos a ver en los días siguientes”.

Dos puntos, sin embargo, amenazaban el anhelado consenso: los famosos contratos incentivados, donde habrá dinero de particulares en exploración; pero también en la creación de las famosas filiales paraestatales, promovidas por el PRI con el apoyo del PAN. Ambas propuestas son rechazadas abiertamente por el PRD.

“El tema de las filiales y de los contratos son fundamentales para nuestro voto a favor de la reforma energética”, alertaba Navarrete, “Si aceptan eliminarlos, habremos ganado, habremos contundentemente cerrado cualquier posibilidad de privatización del petróleo”, puntualizaba.

Pablo Gómez, integrante de la Comisión de Energía

La información en torno a las filiales fue confusa a lo largo de la semana. Primero se manejó que el PRI retiraba la propuesta en aras de los acuerdos. Luego se dijo que insistiría, “Ya tienen un acuerdo PRI y PAN”, revelaba, en corto, el perredista Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energia.

-- Se manejó que el PRI había renunciado a las filiales en aras de un acuerdo. ¿No es correcto entonces que hayan retirado la propuesta? Preguntamos a Labastida.

-- Lo que dijimos es que sabemos sumar, que si no tenemos otro partido que nos apoye en este planteamiento, no lo sacamos. Para nosotros son filiales estratégicas. Estratégicas quiere decir, como está definido en la Constitución, que son 100 por cieto de capital nacional.
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Los acuerdos en el Senado, por el contrario, fueron como una palanca de alerta para Andrés Manuel López Obrador, el principal detractor de la reforma; y sus 60 brigadas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. A mediados de la semana, el autollamado legitimo convocó de urgencia a una asamblea informativa en la que advirtió que en cualquier momento iniciarían “acciones de resistencia civil”, ante la inminencia de la aprobación de los dictámenes.

La presión obradorista se reflejó también en la Cámara Baja. El diputado Alejandro Sánchez Camacho, pejista de hueso colorado, declaró: “estamos en alerta roja; en la cual no se descartan varias acciones. Por cuestiones de estrategia, no podemos detallarlas con mucha exactitud. Lo que sí podemos aseverarles, es que nos estamos preparando para paralizar el Congreso de la Unión, si esto es necesario”.

El pejista puso énfasis en el tema de mayor conflicto: los contratos incentivados. “son contratos de riesgo. Son de la misma parentela, nada más que los quieren hacer creer que es una propuesta diferente”, dijo.

En ese acto, que marco la reaparición de Navarrete después del episodio frente a la Torre de PEMEX en que fue agredido por los fundamentalista del amarillo, el senador Pablo Gómez, reetieró su rechazo a los contratos incentivados y las filiales de PEMEX.

“No aceptaremos, bajo ninguna circunstancia, alerta, alerta, ni filiales con o sin capital privado, que el PAN propone con capital privado y el PRI con capital público. Filiales, no; contratos pagados con el petróleo, aunque sea en efectivo, no, no, lo diremos no aunque tengamos que hacer lo que sea”, advirtió.

La amenaza pejista fue rechazada por la mayoría de los legisladores de los otros partidos. “Cualquier atentado en contra del funcionamiento del Congreso es un atentado contra la democracia”, advirtió el senador panista Gustavo Madero, presidente de la mesa directiva del órgano legislativo. Otro legislador azul, José González Morfin, vaticinó que los que se oponen a todo “van a quedar aislados”.

En el PRI tampoco ve con muy buenos ojos la actitud del legitimo. Labastida advirtió que PEMEX no puede seguir como está. “No es bueno que dejemos sin solución los problemas”, dijo.

Y dio ejemplos: cuando se inició la administración de Calderón, el país producía tres millones 250 mil barriles diarios de petróleo. Hoy estamos sobre dos millones 800 mil. El pronóstico es que la producción petrolera va para abajo. Se estima que en el año 2012 puede llegar a dos millones 200 mil barriles.

“Si la producción petrolera en México cayera en el orden de un millón de barriles por día, a 70 dólares por barril, como se prevé en el presupuesto, estaríamos perdiendo 70 millones de dólares por día. Son veintitantos mil millones de dólares al año. Es una enorme cantidad de dinero”, ilustró.

El sinaloense recordó que el 40 por ciento de los ingresos del gobierno federal se obtienen de la venta del petróleo. De ahí se paga el 40 por ciento del salario de los maestros, del ejército, de la policía, de los médicos, de las enfermeras, se hacen carreteras… es decir, pondríamos en riesgo la atención de las necesidades más elementales de apoyo al campo. Prácticamente en todos los rubros está el petróleo.

Las previsiones en el Senado indican que el próximo lunes serán dictaminados los cuatro dictámenes faltantes. Dos de ellos son de capital importancia: La Ley Orgánica de PEMEX; y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional. Los siete dictámenes serían llevados al pleno para su discusión, y aprobación en su caso, el martes 21 de octubre.

El presupuesto original “se hizo humo”

El paquete económico para el 2009, a revisión por la crisis.






El Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2009, enviado por el Ejecutivo al Congreso a mediados de septiembre, se hizo humo. La crisis financiera mundial y sus consecuencias sobre el crecimiento económico de México obligaran a revisar el gasto a la baja y a hacer ajustes a la Ley de Ingresos.

Las proyecciones de crecimiento descienden del 3 por ciento al 1.8 por ciento. El precio calculado para el barril de petróleo es de 75 dólares, en lugar de los 80.3 dólares que contenía el documento inicial. El tipo de cambio promedio para el 2009 es de 11.20 pesos por dólar, en lugar de los 10.60 pesos que proyectaba el documento original.

El gobierno, además, se vio obligado a romper la disciplina fiscal. La Secretaria de Hacienda anuncio el pasado jueves que en el nuevo paquete económico para el 2009 incluye un déficit de de 1.8 por ciento, debido al programa para impulsar la economía que someterá al Congreso, que será financiado con deuda

El gasto para el 2009 se cifra en 2 billones 793 mil 100 millones de pesos.

“Va a ser un presupuesto totalmente distinto. No podemos planteárnoslo en los mismos términos, como si nada estuviera pasando en el entorno internacional ni en el entorno nacional”, dijo a Vértigo Javier Guerrero García, diputado del PRI, secretario de la Comisión de Presupuesto, y uno de los principales encargados de revisar con lupa el nuevo Presupuesto que envíe la Secretaría de Hacienda.

Guerrero promete que los diputados revisarán el gasto con responsabilidad, lucidez, profesionalismo, más allá del debate ideológico y la negociación política.

En la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto, hay voces que se levantan para pedir una ampliación de los plazos para aprobar el paquete económico para el 2009. La ley obliga a aprobar la Ley de Ingresos el 20 de octubre próximo –en el caso del Senado es hasta el 30 de octubre- y el Presupuesto el 15 de noviembre.

“Deberíamos tener un acuerdo político. Es una situación extraordinaria. Hay que esperar el tiempo que sea necesario, sin rebasar el mes de diciembre, obviamente”, dice a este semanario el diputado del PRD, Antonio Soto, uno de los más entusiastas promotores de la ampliación de los plazos.

“¿Por qué tiene que ser a fuerza el día 20 de octubre? ¿Por qué no podemos esperar hasta el 15 de noviembre? Eso te da un tiempo mayor para tomar decisiones más acertadas. De todas maneras los mercados están convulsionados”, dice Soto, representante del amarillo en la Comisión de Hacienda.

Su propuesta, sin embargo, no parece tener mucho futuro. No la ha consensuado ni siquiera con su grupo parlamentario, mucho menos con las fracciones del PAN y del PRI.

El priísta Javier Guerrero no parece estar muy de acuerdo con Soto. “Lo habremos de discutir, pero te puedo adelantar que si ampliamos los plazos y violamos la Ley, lo que mandamos es una señal de negativa que altera la confianza de los mercados”, consideró el coahuilense, en la entrevista.

Abundó: “el problema no es declaraciones. Tenemos que ver los indicadores, buscar que es lo que más le conviene al país. No es un asunto tampoco de envolverse en la bandera y ponerse como salvadores de la patria, sin elemento, sin datos reales. El PRI va a actuar con responsabilidad, y va a hacer lo que se tenga que hacer, independientemente de que sea popular o antipopular”, aseguró.

Otro priísta, Jorge Estefan Chidiac, fue más preciso: los mercados no van a cambiar el 25 o el 30 de octubre, es un tema que lleva meses y que pueden seguir pasando meses. Lo que hay que cumplir son los plazos que dice la Ley.

El reportero habló también con Gabriel Reyes Orona, abogado, ex procurador fiscal. El hombre, que asesora a la Comisión de Hacienda de la Cámara baja, tampoco simpatiza con la idea de estirar los plazos. “Yo considero que lo que tiene que haber en los mercados es certidumbre de que la ley sigue y que la ley se aplica. Comenzar con acuerdos parlamentarios es un mensaje de inseguridad”, dice.

Y pregunta: ¿qué van a hacer ahora? Van a argumentar que la modificación legal que hicieron hace poco para fijar los plazos está mal, digo de que da tiempo, sí da tiempo, pero ¿para qué una reforma legal?

“Lo que estoy proponiendo en la Comisión de Hacienda, de entrada, es que no violen la ley, porque la ilegalidad no es buena fuente de nada, eso por un lado y por otro lado lo que les decía yo, prevean diferentes escenarios, prevean. Digo puede haber rangos, se puede dar”, dijo.

A Javier Guerrero lo interrogamos sobre los sectores donde se aplicaran los ajustes a la baja. Respondió: “estamos en eso, en cuanto al gasto. Es evidente que tenemos que enderezar los sectores que vienen caídos y hacer una revisión de las prioridades que mandó el presidente. Hay una asignación importante en seguridad pública, que es el sector favorecido por la coyuntura”, dijo.

Y aclaró “no estoy hablando de rebajar montos, pero si de revisar a profundidad la propuesta del Ejecutivo”.

Los diputados están consientes de la necesidad de enderezar sectores tan importantes como el campo, la educación y la infraestructura. “En el caso concreto del campo, tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo, no sólo para dar el monto, sino para ver que pasó este año. Tuvimos problemas de subejercicios importantes, de coordinación, de operación en el sector, insensibilidad, burocratismo, reglas de operación complejas que se confunden con actitudes facciosas y partidistas.

“El campo reclama recursos, pero también responsabilidad, eficiencia, compromiso”, remató.

Los legisladores de oposición, sobretodo, están convencidos de la necesidad de blindar los recursos destinados a programas sociales, para evitar su utilización electoral en el 2009, año en que los mexicanos iremos a las urnas para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados, 6 gobernaturas, alcaldías y congresos locales.

Revisarán también los fondos petroleros; qué pasa con los fondos de estabilización, con las asignaciones a sectores víctimas de la inercia, como el paraestatal.

“Esa es un poco la tarea para la semana que viene. Tengo confianza que para el 20 de octubre, los diputados vamos a hacer muy buen esfuerzo para darle claridad a la coyuntura y a las decisiones que estaremos tomando en el Congreso en materia de ingreso y de gasto”, sintetizó.


Chidiac considera que la mayor certidumbre que se puede dar en estos momentos de convulsión en los mercados es que se procese un paquete sensato que deje ver claramente que no se pone en riesgo al país y que el gasto se va a ajustar a los niveles de ingresos que se justifiquen.

Nadie en San Lázaro se atreve a hacer pronósticos. “Ni el mago Merlín si viviera, sabría cuando va a haber claridad”, señaló Chidiac.

Javier Guerrero coincidió “no sería capaz de establecer un pronóstico de si esto va a durar tres meses, o seis meses. Podemos tener un periodo de crisis de más de dos o tres años”, puntualizó.

El IFE, otra vez en la encrucijada.

La partidocracia ataca de nuevo.




No podemos dejar de aplicar sanciones por prudencia política. “Ya lo hicimos en el 2006 y nos acusaron de omisión, la labor del IFE es aplicar la Ley”, recordó el consejero electoral Marco Gómez Alcanzar, al explicar a Vértigo los criterios que guiaron la imposición de cuantiosas multas a los partidos que violaron el Cofipe en el proceso electoral 2005-2006.

Los partidos no solo anunciaron su decisión de impugnar las sanciones ante el TEPJF, sino que, a través de sus diputados, solicitaron implícitamente la remoción de Gómez y de Virgilio Andrade de sus asientos en la Comisión de Quejas y Denuncias que elaboró el dictamen con las multas, en un polémico exhorto al IFE con fuerte olor a represalia.

El punto de acuerdo, aprobado por el PAN, PRD, PT, Convergencia y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, en la sesión del jueves 2 de octubre, exhorta al Consejo General del IFE para que desde el inicio, y durante el proceso federal electoral 2008-2009, se apegue a los principios constitucionales de “legalidad, objetividad, certeza, independencia e imparcialidad.”

Aunque el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, firmo el punto de acuerdo elaborado en a Junta de Coordinación Política, la diputación del tricolor, junto con la del PVEM, votaron en contra por considerar que viola la autonomía del Instituto federal Electoral.

Los diputados que aprobaron el exhorto al IFE consideran que los criterios para castigar a los partidos son “inexactos e incongruentes”, y contienen violaciones a las garantías del debido proceso; con criterios distintos para el cálculo del monto de sanciones”. Según los legisladores, los criterios que siguió la Comisión de Quejas y denuncias del IFE no garantizan el apego a los principios constitucionales de la actividad electoral

El exhorto provocó molestia entre los consejeros electorales. Andrade y Gómez de plano lo rechazaron por injerencista. Son decisiones que le competen exclusivamente al Consejo General del IFE”, precisó Gómez.

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El PRD fue el partido más castigado. Le impusieron una multa de 57 millones de pesos por el plantón en el corredor Reforma-Zócalo que encabezó Andrés Manuel López Obrador. El FAP le iban a imponer una multa adicional de 13 millones por la toma de tribuna antes de la toma de protesta de Felipe Calderón, pero al final quedó en amonestación.

El PAN deberá pagar 37 millones de pesos por el envío de un millón de tarjetas de navidad en diciembre del 2005, firmadas por el entonces candidato Felipe Calderón, en plena tregua electoral. La multa al PRI fue de 12 millones de pesos por, entre otras cosas, repartir dinero en un mitin en Oaxaca y por recurrir a la vieja práctica del acarreo.

Las sanciones fueron aprobadas por el Consejo General del IFE, luego de una maratónica sesión, de casi 14 horas, que inicio el lunes 29 de septiembre, en la que llovieron descalificaciones a Andrade y Gómez, por su osadía.

“Esa rudeza innecesaria no la merecemos…”, reviró, molesto, Marco Gómez, luego de que el diputado federal del PRD, Javier Hernández, dijera en esa sesión que de los integrantes del Consejo General del IFE que sancionaron la elección del 2006, no hay uno solo que se salve.

“Fueron responsables de poner al país al borde de un problema, de un conflicto social que atentó contra la vida de los ciudadanos”, acusó el perredista.

Al IFE se le reprochó no solo la imposición tardía de las multas, sino también de violar el derecho de manifestación, y de echar más leña al fuego a un país dividido políticamente.

“No podemos dejar de sancionar a los partidos por pura prudencia política”, insistió el consejero Gómez, quien también respondió al tema de la tardanza. Recordó que el Consejo General del Instituto registró un largo y doloroso proceso de renovación parcial que le impidió hacer la tarea. “En esas condiciones era prácticamente imposible cerrar el proceso del 2006”, alegó.

Y solicitó al reportero publicar el artículo 3, inciso b, del Cofipe, para entender las sanciones aprobadas. Dice textual ese articulo: “son obligaciones de los partidos políticos: abstenerse de recurrir a la violencia o cualquier acto que tenga por objeto, o resultado, alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías, o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno.”

“Si alguien incumplió la Ley, se debe de sancionar”, subrayó.

Las reacciones de los representantes de los partidos fueron del tamaño de la multa. El mas critico, durante la sesión del Consejo General, fue el perredista Rafael Hernández, representante ante el IFE:

“Se ha pretendido presentar este conjunto de resoluciones como aquellas que van a cerrar el capítulo del 2006. La herida sigue abierta y tal parece que, en lugar de buscar que cierre y que sane, lo que se busca es echarle sal…”, aseveró.

Ya encarrerado, advirtió que sancionar al PRD por las protestas postelectorales después de la elección del 2006, y al Frente Amplio Progresista, por la toma de las tribunas constituye un precedente funesto para el sistema democrático en nuestro país. “Será, y lo digo con dolor, un día negro para la democracia mexicana”, aseguro.

Según Hernández, el IFE se convierte, por la vía de los hechos, en un instrumento represor del gobierno federal, para intentar inhibir movilizaciones sociales o actos de legisladores que éstos realizan en ejercicio de sus funciones, y que están protegidos constitucionalmente.

“Hace 40 años, en 68 los jóvenes mexicanos emprendieron una lucha por la democracia y un régimen autoritario no permitió la expresión pacífica.

“Es aberrante que hoy el Instituto Federal Electoral a quien le hemos apoyado para que tenga facultades para normar las campañas electorales, hoy se convierta en un órgano que pretenda impedir la libre manifestación y la expresión de las ideas”, subrayo.

Dora Alicia Martínez, representante del PAN ante el Instituto, enfoco sus baterías en contra de la Comisión de Quejas y Denuncias. “Pareciera que quiere beneficiar a alguien. Quiero dejar muy claro que no nos gusta como se esta haciendo el trabajo en la comisión”, manifestó.

La reacción del PRI fue más ponderada. Los tricolores no solo rehusaron firmar el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, sino que dijeron entender la intencionalidad de las multas. Sebastián Lerdo de Tejada, representante de ese partido ante el IFE, sin embargo, reconoció que los montos de las sanciones son “excesivos”.

Una constante en las intervenciones de los consejeros electorales que apoyaron las multas fue, efectivamente, que el Consejo tiene la obligación legal de resolver las quejas que se derivaron del proceso electoral pasado.

“No hacerlo sería un acto de irresponsabilidad que en nada contribuiría a extirpar del país el sentido de impunidad que en muchas ocasiones acompaña nuestra vida cotidiana”, puntualizó el consejero Francisco Guerrero.