El IFE, otra vez en la encrucijada.

La partidocracia ataca de nuevo.




No podemos dejar de aplicar sanciones por prudencia política. “Ya lo hicimos en el 2006 y nos acusaron de omisión, la labor del IFE es aplicar la Ley”, recordó el consejero electoral Marco Gómez Alcanzar, al explicar a Vértigo los criterios que guiaron la imposición de cuantiosas multas a los partidos que violaron el Cofipe en el proceso electoral 2005-2006.

Los partidos no solo anunciaron su decisión de impugnar las sanciones ante el TEPJF, sino que, a través de sus diputados, solicitaron implícitamente la remoción de Gómez y de Virgilio Andrade de sus asientos en la Comisión de Quejas y Denuncias que elaboró el dictamen con las multas, en un polémico exhorto al IFE con fuerte olor a represalia.

El punto de acuerdo, aprobado por el PAN, PRD, PT, Convergencia y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, en la sesión del jueves 2 de octubre, exhorta al Consejo General del IFE para que desde el inicio, y durante el proceso federal electoral 2008-2009, se apegue a los principios constitucionales de “legalidad, objetividad, certeza, independencia e imparcialidad.”

Aunque el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, firmo el punto de acuerdo elaborado en a Junta de Coordinación Política, la diputación del tricolor, junto con la del PVEM, votaron en contra por considerar que viola la autonomía del Instituto federal Electoral.

Los diputados que aprobaron el exhorto al IFE consideran que los criterios para castigar a los partidos son “inexactos e incongruentes”, y contienen violaciones a las garantías del debido proceso; con criterios distintos para el cálculo del monto de sanciones”. Según los legisladores, los criterios que siguió la Comisión de Quejas y denuncias del IFE no garantizan el apego a los principios constitucionales de la actividad electoral

El exhorto provocó molestia entre los consejeros electorales. Andrade y Gómez de plano lo rechazaron por injerencista. Son decisiones que le competen exclusivamente al Consejo General del IFE”, precisó Gómez.

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El PRD fue el partido más castigado. Le impusieron una multa de 57 millones de pesos por el plantón en el corredor Reforma-Zócalo que encabezó Andrés Manuel López Obrador. El FAP le iban a imponer una multa adicional de 13 millones por la toma de tribuna antes de la toma de protesta de Felipe Calderón, pero al final quedó en amonestación.

El PAN deberá pagar 37 millones de pesos por el envío de un millón de tarjetas de navidad en diciembre del 2005, firmadas por el entonces candidato Felipe Calderón, en plena tregua electoral. La multa al PRI fue de 12 millones de pesos por, entre otras cosas, repartir dinero en un mitin en Oaxaca y por recurrir a la vieja práctica del acarreo.

Las sanciones fueron aprobadas por el Consejo General del IFE, luego de una maratónica sesión, de casi 14 horas, que inicio el lunes 29 de septiembre, en la que llovieron descalificaciones a Andrade y Gómez, por su osadía.

“Esa rudeza innecesaria no la merecemos…”, reviró, molesto, Marco Gómez, luego de que el diputado federal del PRD, Javier Hernández, dijera en esa sesión que de los integrantes del Consejo General del IFE que sancionaron la elección del 2006, no hay uno solo que se salve.

“Fueron responsables de poner al país al borde de un problema, de un conflicto social que atentó contra la vida de los ciudadanos”, acusó el perredista.

Al IFE se le reprochó no solo la imposición tardía de las multas, sino también de violar el derecho de manifestación, y de echar más leña al fuego a un país dividido políticamente.

“No podemos dejar de sancionar a los partidos por pura prudencia política”, insistió el consejero Gómez, quien también respondió al tema de la tardanza. Recordó que el Consejo General del Instituto registró un largo y doloroso proceso de renovación parcial que le impidió hacer la tarea. “En esas condiciones era prácticamente imposible cerrar el proceso del 2006”, alegó.

Y solicitó al reportero publicar el artículo 3, inciso b, del Cofipe, para entender las sanciones aprobadas. Dice textual ese articulo: “son obligaciones de los partidos políticos: abstenerse de recurrir a la violencia o cualquier acto que tenga por objeto, o resultado, alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías, o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno.”

“Si alguien incumplió la Ley, se debe de sancionar”, subrayó.

Las reacciones de los representantes de los partidos fueron del tamaño de la multa. El mas critico, durante la sesión del Consejo General, fue el perredista Rafael Hernández, representante ante el IFE:

“Se ha pretendido presentar este conjunto de resoluciones como aquellas que van a cerrar el capítulo del 2006. La herida sigue abierta y tal parece que, en lugar de buscar que cierre y que sane, lo que se busca es echarle sal…”, aseveró.

Ya encarrerado, advirtió que sancionar al PRD por las protestas postelectorales después de la elección del 2006, y al Frente Amplio Progresista, por la toma de las tribunas constituye un precedente funesto para el sistema democrático en nuestro país. “Será, y lo digo con dolor, un día negro para la democracia mexicana”, aseguro.

Según Hernández, el IFE se convierte, por la vía de los hechos, en un instrumento represor del gobierno federal, para intentar inhibir movilizaciones sociales o actos de legisladores que éstos realizan en ejercicio de sus funciones, y que están protegidos constitucionalmente.

“Hace 40 años, en 68 los jóvenes mexicanos emprendieron una lucha por la democracia y un régimen autoritario no permitió la expresión pacífica.

“Es aberrante que hoy el Instituto Federal Electoral a quien le hemos apoyado para que tenga facultades para normar las campañas electorales, hoy se convierta en un órgano que pretenda impedir la libre manifestación y la expresión de las ideas”, subrayo.

Dora Alicia Martínez, representante del PAN ante el Instituto, enfoco sus baterías en contra de la Comisión de Quejas y Denuncias. “Pareciera que quiere beneficiar a alguien. Quiero dejar muy claro que no nos gusta como se esta haciendo el trabajo en la comisión”, manifestó.

La reacción del PRI fue más ponderada. Los tricolores no solo rehusaron firmar el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, sino que dijeron entender la intencionalidad de las multas. Sebastián Lerdo de Tejada, representante de ese partido ante el IFE, sin embargo, reconoció que los montos de las sanciones son “excesivos”.

Una constante en las intervenciones de los consejeros electorales que apoyaron las multas fue, efectivamente, que el Consejo tiene la obligación legal de resolver las quejas que se derivaron del proceso electoral pasado.

“No hacerlo sería un acto de irresponsabilidad que en nada contribuiría a extirpar del país el sentido de impunidad que en muchas ocasiones acompaña nuestra vida cotidiana”, puntualizó el consejero Francisco Guerrero.