Nuevo Cofipe ¿Libertad de expresión amenazada?

Un sentimiento de nerviosismo se percibía la mañana del jueves en la Cámara de Diputados. Tres periódicos de circulación nacional (Excélsior, Milenio y Diario Monitor) publicaban en su primera plana que el nuevo Cofipe sujetaría a los noticieros de radio y televisión a los lineamientos que establezca el Consejo General del IFE.

El asunto era grave. Había que cerrarle el paso a la idea de que en el Congreso se preparaba una atentado a la libertad de expresión y que ellos, los diputados, eran los instrumentos. Deslindarse de cualquier cosa que pareciera un intento de amordazar la libertad de los medios, en sus espacios noticiosos era urgente.

Así se lo hicieron saber los diputados de infantería a su coordinador, Emilio Gamboa Patrón, en la reunión previa que la bancada tricolor había sostenido por la mañana. La víspera, este reportero había tocado el punto con Gamboa, quien de inmediato reviró: “Si hay algo que atente contra el articulo sexto constitucional, yo estoy en contra”, dijo.

Gamboa pidió al diputado Eduardo Sánchez que saliera a los medios a neutralizar la percepción. Ya frene a los reporteros este dijo: “La posición del grupo parlamentario del PRI es que no haya una sola norma que pudiera atentar contra la libertad de expresión. No podemos permitir que ninguna autoridad, por independiente que sea, pueda dar línea a un medio de comunicación respecto de su política editorial”

El panista externo Diodoro Carrasco, presidente de la Comisión de Gobernación, hacía esfuerzos denodados por desterrar esa idea surgida, según él, de algún “retazo de borrador”, de los muchos que circulaban. “El día que se presente el dictamen, se van a despejar dudas”, dijo a este semanario.

El oaxaqueño juraba y perjuraba que ningún periodista o medio será reconvenido por las opiniones o informaciones que vierta sobre partidos o candidatos, y aclaraba que las sanciones a los medios de comunicación tienen que ver con violaciones sistemáticas a la Ley, en materia de publicidad de candidatos y partidos en campañas y precampañas.

Mas tarde, en declaraciones a los medios, precisó: “Hay una disposición en el Cofipe, que aún debe ser dictaminada en ambas cámaras, referente a que IFE tendrá facultades para que, en caso de violaciones reiteradas, sistemáticas, casi en caso de rebeldía pueda, agotando un procedimiento legal, con derecho de audiencia, ordenar la suspensión de transmisiones, pero solamente en casos graves.

Carrasco Altamirano sostuvo que esto obedece a que se le tiene que dar instrumentos al IFE para que las disposiciones en la instauración de un nuevo modelo de comunicación, partidos políticos no quede sólo en buenas intenciones.

“Se trata de que la autoridad que va a vigilar y a fiscalizar el cumplimiento de la ley en materia constitucional y de las reformas al Cofipe tenga instrumentos para actuar, de lo contrario, quedará simplemente en buenas intenciones”.

El ex secretario de Gobernación reconoció que las llamadas “campañas negras” son difíciles de erradicar. “Son parte de la democracia y de la vida política”. La propaganda sucia puede aparecer de manera anónima, o a través de internet, y es muy complicado regularlo, puntualizó. “Lo que se está prohibiendo es que la propaganda política, que se contrate medios electrónicos, radio y televisión, los partidos eviten denigrar candidatos, instituciones o a los mismos partidos”, preciso.

El Cofipe debíó haber sido presentado al Pleno en primera lectura, el pasado jueves. Pero las diferencias en los temas de los tiempos a repartir en Radio y Televisión, y las sanciones a aplicar, lo retrasaron.

“El tema es muy complejo. Hay quien propone que un medio que no se circunscriba a lo que dice la ley en materia de publicidad electoral, pueda perder la concesión”, reconoció el diputado Luís Enrique Benítez, integrante de la Comisión de Gobernación.

Añadió: “Los noticieros dispondrán de la más amplia libertad para difundir ideas y mensajes que deseen sobre los candidatos y los partidos, así como la entrevistas que estos busquen contratar. Pero hay también quienes dicen que pudiera venir la entrevistitis, como medio idóneo para substituir a los spots, y que esto hay que regularlo.”

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La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados se encuengtra en sesión permanente desde la semana pasada, no sólo para tratar de arreglar las diferencias en torno al Cofipe, sino afinar el método de verificación de loe requisitos de los aspirantes a los cargos de presidente consejero y consejeros electorales del IFE, que entrevistaran del 28 al 29 de noviembre próximo.

Una magistrada, un veterinario, un cirujano, un abogado y un veterano comunista quedaron registrados como candidatos a consejeros electorales del IFE, al cierre de esta edición, la noche del jueves. Otras 35 personas, entre ellos un actor y un ex convicto, se habían acercado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con el fin de informarse sobre la convocatoria para renovar al IFE.

Ningún notable, ningún académico de pedegree, nadie con posibilidades reales de ser consejero presidente del Instituto había atendido la convocatoria a la “amplia consulta ciudadana” que se inventaron los partidos para disfrazar lo que al final será, sin duda, una decisión cupular.

El nombre de Jorge Alcocer, asesor estrella de la Cenca y uno de los arquitectos de la reforma electoral constitucional, ha sido el más mencionado para ocupar el cargo de presidente consejero. Tiene capacidad, experiencia, sabe del tema, pero fue presidente de Fuerza Ciudadana, un partido que no logró el registro, y esta identificado con Manlio Fabio Beltrones.

“La Ley que se va a tomar en cuenta es el actual Cofipe. Alcocer no se podrá presentar”, aseguro Javier González Garza, coordinador del grupo del PRD en la Cámara baja. El Güero, como le dicen al perredista, apuesta por Clara Jusidman, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. “Tiene un gran respeto social”, destacó el perredista.

Alcocer, sin embargo, no se descarta. “Estoy revisando mi trabajo y una vez que termine revisaré la convocatoria, les daré mi decisión”, dijo el ex presidente de la desaparecida Fuerza Ciudadana y director de la revista Voz y Voto.

En un acto organizado por el TEPJF, Alcocer recordó que hace tiempo le negaron la posibilidad de ser observador electoral, con el argumento de que fue presidente de un partido. El hombre recurrió al Tribunal Electoral y ganó. El razonamiento fue que Fuerza Ciudadana ya no existe.

Días antes, la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja había quedado facultada para presentar al Pleno una lista, derivada del más “amplio consenso”, con los nombres de los candidato a presidente consejero y los dos consejeros electorales del IFE, previa consulta publica, que no pocos califican de simulación porque, alegan, los partidos ya traen sus “tapados”

“Eso no es cierto. No hay ningún acuerdo todavía. Si nosotros hacemos una mala selección, pues la gente va a cuestionarlo”, repuso la diputada perredista, Ruth Zavaleta, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, cuando los reporteros de la fuente la interrogaron sobre el tema.

El inquieto diputado de Nueva Alianza, Manuel Cárdenas, criticó el procedimiento adoptado por el Congreso, y remato: “Todo esto es una mascarada. No se ha entendido la necesidad de despartidizar el IFE”.

Consejeros del IFE, decisión cupular.

La consulta pública, “una vacilada”

La cuenta regresiva ya inició. Los diputados tienen poco más de tres semanas para elegir al sucesor de Luís Carlos Ugalde y a los otros dos consejeros electorales que deberán irse, junto con el presidente consejero del IFE, al desempleo.

La promulgación de la Reforma Electoral, el pasado 13 de noviembre, los obliga a apretar el paso. A partir de esa fecha tenían 30 días contaditos para elegir el nuevo Consejo General del IFE, pero también para modificar el Cofipe, y aprobar otras 18 leyes reglamentarias

Van retrasados. Se les atravesó el puente La convocatoria sale hasta el miércoles 21 de Noviembre. Les quedan 22 días. “Es un tema complicado, por su instrumentación técnica”, explica a Vértigo el priista Jesús Murillo Karma, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

El nuevo consejero presidente durará en el cargo seis años, y podrá ser reelecto una sola vez, de acuerdo a las reformas constitucionales aprobadas. El nuevo Cofipe, en vías de aprobación, precisa que este podrá ser substituido por notoria ineficiencia, con la aprobación de una mayoría calificada (dos tercios de los diputados.) “Tiene que haber unanimidad de que es un pendejo para sacarlo”, precisó, coloquialmente, un legislador del PRI que participa en las negociaciones.

Los otros consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada, y no podrán ser reelectos.

Se ha especulado mucho sobre los posibles candidatos a suceder a Ugalde. Nombre van y nombres vienen: Jorge Alcocer, Maria Amparo Casar, Lorenzo Córdova, Porfirio Muñoz Ledo, pero en realidad no hay nada. “No se ha manejado ningún nombre. El único que si está fuera es Ugalde”, asegura el senador del PAN, Ricardo García Cervantes, integrante de la Comisión de Gobernación.

Las prisas que se autoimpusieron los legisladores ya han provocado encontronazos entre diputados y senadores. El panista Héctor Larios, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, alzó la voz durante el conclave de coordinadores parlamentarios de ambas cámaras, celebrado a mediados de la semana en el edificio del Senado en la calle de Donceles.

Quería la aprobación en sus términos, y por la vía fast track, de las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso aprobadas previamente por los diputados. Estas modificaciones habilitan a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, que preside Larios, a presentar al Pleno de ese órgano el procedimiento, la convocatoria, y las propuestas de nombres para ocupar los cargos de consejeros. En esa Junta solo tres voces cuentan. La del propio panista y las de Javier González Garza, PRD, y Emilio Gamboa, PRI.

Larios alegaba que si las modificaciones no eran aprobadas en sus términos y por la vía fast track, no habría tiempo de abrir el “amplio proceso de consulta pública” que ordenan los cambios a la Constitución aprobados por los legisladores para, dizque, recuperar y valorar las propuestas surgidas desde la sociedad y sus organizaciones. Su tono y su actitud provocaron molestia y enojo en los senadores que, unánimes, le respondían que lo que proponía no era legal, y que podría traer consecuencias ulteriores si lo aprobaban.

La obligación de hacer una “consulta pública previa” quedaría salvada con la organización de una pasarela pública e inútil. Una tomadura de pelo a las organizaciones ciudadanas que reclaman participación en el proceso. La decisión será cupular, aunque a los legisladores no les guste que se les recuerde.

La Organización Propuesta Cívica, que había promovido la participación de la sociedad en la conformación del nuevo Consejo General del IFE, publicó un comunicado en el que expresa su malestar por la decisión de los legisladores.

“No es posible que la “amplia consulta a la sociedad”, establecida en el artículo 41 de la Constitución, se resuma a una ventanilla en San Lázaro para recibir opiniones de la ciudadanía. Eso no tiene nada que ver con una verdadera consulta a la sociedad que recoja propuestas ciudadanas, se parece más a una simulación de consulta con el único fin de avalar un proceso ajeno a la sociedad y previamente pactado entre las fuerzas políticas”, dice el texto.

Y advierte: “A los partidos políticos y personas integrantes de la Junta de Coordinación Política les debe quedar claro que la elección de los consejeros del IFE, si bien es deseable que cuente con el acuerdo político y consenso partidista, trasciende a los intereses de los propios partidos, pues más que el acuerdo de los “jugadores” para designar al “arbitro” de sus contiendas, los actores políticos por vía de la Cámara de Diputados tienen la obligación de llevar estos nombramientos de la mano de la sociedad, toda vez que el IFE antes que institución para beneplácito de los partidos, está al servicio de todos los ciudadanos del país”.

Jesús Murillo Karam, en defensa de sus pares, insistió en que la decisión no será enteramente cupular. “Hay una sutileza que a veces se nos va. La decisión va a quedar en manos del Pleno, van a resolver los diputados, con base en una propuesta de la Junta de Coordinación Política, Dígame de donde más. Tiene que venir de allí la propuesta”

¿Cuál es la diferencia? Se preguntó el hidalguense. El mismo respondió: “Que esa propuesta hay que sustentarla en un proceso de selección amplio y público, y que tiene que ser aprobada por una mayoría calificada de la Cámara de Diputados.

“Le aseguro una cosa: si cometemos un error, sería lo más grave que podemos hacer. Tenemos que buscar a alguien con tres características para ocupar el cargo de presidente consejero: imparcialidad, conocimiento y credibilidad”, manifestó

Murillo, sin embargo, acabo por admitir que será muy influyente la cúpula parlamentaria en la decisión final. “Yo espero, sin embargo, que la rebatinga se de en función de encontrar quien es el mejor, y no en función de encontrar quien es el mío”, dijo.

Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD, tampoco oculta que los nuevos consejeros serán producto de una decisión cupular. “siempre ha sido así”, dijo al reportero.

Pero aclaró: “Lo que te puedo asegurar es que no se repetirá lo sucedido en el 2003, cuando en una noche tormentosa, surgieron unos desconocidos y (entra Elba Ether Gordillo y Miguel Ángel Yunes) los nombraron consejeros del IFE.”

Observadores y analistas han señalado que la reforma electoral es un “traje a la medida” para Jorge Alcocer, asesor en la Comisión Ejecutiva de Construcción de Acuerdos del Congreso (Cenca) cercano a Manlio Fabio Beltrones y uno de los arquitectos de la Reforma Constitucional Electoral. Pero esto es rechazado en forma contundente en las dos cámaras.

“No son normas con dedicatoria o nombre propio”, rechazó el senador García Cervantes, quien participó en la redacción del artículo transitorio adicionado a la Ley Orgánica del Congreso.
-- ¿No es un traje a la medida de Jorge Alcocer?- le insistimos a Murillo Karam.

-- No está hecha para nadie.

-- ¿Porque entonces quitaron el candado que impedía ser presidente consejero a los que han sido jefes de un partido político?-reviramos.

-- Eso es un asunto menor. Independientemente de que eso se quede o se quite, todavía no está resuelto. La decisión final la toma la mayoría en un proceso que ya describí. No está hecha para que alguien sea, o para que alguien no sea. Es en función de abrirla un poco más—insistió Murillo.

En el IFE han alertado en la posibilidad de que los dos consejeros que salgan con Ugalde se amparen contra la imposición del Congreso. El actual Consejo general fue electo hasta el 2010. El propio presidente consejero ha preguntado cuales van a ser los criterios para escoger a los dos que se van que se quedan. ¿Asistencias? ¿intervenciones en el Consejo? ¿

Tres se van ahora. Otros tres hasta agosto del 2008. Los últimos tres hasta octubre del 2010.

“No hay ningún problema legal. El sustento de la modificación es constitucional. Se eligen tres nuevos consejeros, no hay problema, es el procedimiento que la propia Constitución señala. De los otros, por votación se determina quien se queda. Es un nuevo Consejo”, explica Murllo.

Puntualiza: “Los antiguos permanecen por que queremos mantener un escalonamiento, que la experiencia se vaya conjugando con el ingreso de los nuevos, todo tiene una filosofía y un propósito”.

-- ¿No hay jaloneos por el cargo de consejero presidente?—preguntamos al prista.

-- Ni siquiera han empezado. El jaloneo espero que se de en función de quien es mejor que el otro, y no de quien es mío y quien es de aquel.

-- ¿La reelección del Presidente Consejero no es un riesgo? ¿ No habrá la tentacion de quedar bien con sus patrones que son los diputados?

-- Primero, no son sus patrones. Son los que lo eligen. Es lo correcto porque es la representación nacional. Segundo: sus patrones son todos. Tendría que quedar bien con todos. La mejor forma de quedar bien con todos es haciéndolo bien. Eso en lugar de ser un problema es una ventaja.

Murillo descartó que la necesidad de quedar bien con los partidos para no perder la reelección pueda obstaculizar un trabajo imparcial del consejero presidente en le caso, por ejemplo, de las multas a los que violen la Ley electoral.

“Si se maneja con apego a la Ley y a la realidad, la multa la tiene que aguantar al que se la den. Lo que no se vale es pretender chantajear a los partidos por medio de este tipo de instrumentos. Por eso se incluyó la posibilidad de que la ineptitud se convierta en una salida”, puntualizó.

Prevalecerá la partidocracia en el IFE

El diputado Manuel Cárdenas, de la muy elbista Nueva Alianza, apenas podía creer lo sucedido 48 horas antes. Por 283 votos a favor, 32 en contra y 15 abstenciones, el Pleno en San Lázaro había facultado a la Junta de Coordinación Política, órgano considerado “la pluralidad de la Cámara”, a realizar la selección de candidatos para ocupar los cargos como consejeros del Instituto Federal Electoral. “Es una jalada, prevalecerá la partidocracia. Lo que están haciendo es coreografía y escenografía”, protestaba el legislador.

Estaba indignado por el “agandalle” de lo coordinadores parlamentarios de las tres principales fuerzas políticas, Héctor Larios, PAN, Javier González Garza, PRD, y Emilio Gamboa, PRI. Los “tres barones”, como los bautizaron los medios, habían impulsado adiciones al articulo 34 de la Ley Orgánica del Congreso, para manipular a su gusto el procedimiento y la convocatoria para la integración del parcialmente nuevo Consejo General del IFE.

La exposición de motivos de la reforma aprobada argumentaba que el Pleno de la Cámara de Diputados no tiene capacidad de ponerse de acuerdo y emitir lineamientos claros, y que por eso era necesario facultar a la Junta de Coordinación Política

Ese mismo día –jueves 8 de noviembre—la Cámara de Senadores enviaba la reforma constitucional en materia electoral al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que ocurrirá, en principio, el lunes 12 de noviembre.

A partir de su promulgación, el Congreso dispondrá de 30 días contaditos para adecuar las llamadas leyes secundarias –son 17—; elegir al consejero presidente, a dos nuevos consejeros, a tres que continuaran en sus cargos hasta el 15 de agosto del 2008; y a otros tres que lo harán hasta el 30 de octubre del 2010.

El tiempo encima. Había que ir por el carril de alta velocidad. Pero el fast track fue detenido por los senadores. En una decisión que deja entrever el jaloneo que hay entre las dos cámaras, decidieron enviar a comisiones la reforma a la Ley Orgánica, que otorga poderes plenos a la Junta de Coordinación Política para decidir quienes serán los 3 nuevos consejeros, pero también quienes salen el año próximo, y quienes completan su ciclo hasta el 2010.

El neoalianciasta Manuel Cárdenas es de la idea de traerse a delegados de las juntas estatales para cubrir los tres espacios, de nueve, que quedaran vacantes, en lo inmediato, con la salida Juan Carlos Ugalde, presidente consejero del Instituto, y otros dos consejeros.

“Están en el servicio profesional de carrera, no tienen impugnaciones. Hay más de cinco delegados que tienen más de 12 años de carrera. ¿Porqué no los traemos y dejamos a un lado notables de pedegree?”, preguntaba el elbista.

En el otro lado de la trinchera, el priista Carlos Chaurand, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,
descalificaba las expresiones de Cárdenas. “Todas son especulaciones, manejo de premisas falsas” decia.

Explicaba: La Reforma al 41 constitucional establece que la designación de los consejeros la hará la Cámara de Diputados, lo que ya estaba, pero agrega una modalidad que dice “previa consulta a la ciudadanía”.

“No será la Junta de Coordinación Política la que diga ‘esta es la convocatoria, el procedimiento y la lista de los nuevos consejeros’. Hará la propuesta al Pleno, que la tendrá que votar”, puntualizaba el priista.

Chaurand hacia notar que los requisitos de eligibilidad vigentes están en el Cofipe. “Esa es la Ley Reglamentaria al 41 constitucional, si los quieren modificar, hay que irse a la reforma del Cofipe; si no hay reforma al Cofipe se quedarán, ni mas ni menos, los requisitos que están”, subrayaba.

El artículo 41, párrafo sexto de la Fracción III del Artículo 41 constitucional, dice a la letra: “La Ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral”

Los nuevos requerimientos propuestos para ser consejero, que no se han aprobado, son los siguientes:

-- Tener titulo profesional al menos cinco años antes del nombramiento.

-- No haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral en los comicios federales previos a la designación como consejeros.

La exigencia de no haber sino candidato o dirigente de ningún partido político en los cinco años previos al nombramiento sigue vigente, pero se propone no aplicar dicha limitación a quienes, habiendo sido dirigentes o candidatos por un partido (léase Jorge Alcocer, de Fuerza Ciudadana) cuando este haya perdido ya el registro

Hay quien piensa que las adiciones a la Ley Orgánica del Congreso para facultar a la Junta de Coordinación Política constituyen una violación a la Constitución, que en su artículo 41 establece que el proceso de elección de los consejeros electorales debe quedar regulado en el Cofipe.

El diputado priista Alfredo Ríos Camarena, cuyo hijo es secretario particular de Luís Carlos Ugalde subió a tribuna, el pasado martes, a cuestionar las facultades que se le dan a la Junta de Coordinación Política, con las modificaciones aprobadas a la Ley Orgánica del Congreso.

“Lo que se nos está proponiendo es, una vez más, el error jurídico. No puede ser la Ley Orgánica del Congreso reglamentaria del 41 constitucional, y este, en la reforma, implica una gran consulta (a la ciudadanía). No fue fijado el procedimiento. Se requiere necesariamente checar ese procedimiento en el Cofipe”, dijo el veterano legislador.

Y mas: “No se establece en este fast track reforma de la Ley Orgánica. No se establece porque no se puede hacer. Los nuevos elementos para integrar el Consejo, las características que deben tener, de acuerdo con esta sociedad; los nuevos consejeros, para que después no los acusemos de incapacidad o de oportunismo.

“Pero no se hizo. Y no se hizo porque los señores coordinadores de todas las fracciones parlamentarias ni tuvieron tiempo, no se dieron el tiempo, y ahora están presionados con un transitorio relativamente importante de la Reforma Constitucional. Queda un mes. A esta prisa parlamentaria corresponde una actitud de error jurídico. Podemos ser el hazmerreír de los juristas mexicanos y, además, podemos implicar la construcción de amparos y de otras acciones de inconstitucionalidad”, advirtió.

Ríos Camarena fue secundado en su alegato por el diputado Miguel Ángel Jiménez, coordinador del grupo de Nueva Alianza. “Estamos haciendo una propuesta que a todas luces es un esfuerzo por ajustar tiempos. Hay prisas que por lo menos se antojan sospechosas, y que no corresponden a los tiempos democráticos que vive este país”, alertó el hombre.

Jiménez también advirtió que si no se respetan los procedimientos legislativos, la puerta se abriría a una serie de impugnaciones, acciones de inconstitucionalidad y amparos. “Para poder avanzar en este procedimiento, tendríamos que reformar primero el Cofipe”, aseveró.

E de Nueva Alianza hizo notar que no se ha hablado de cómo se habrá de nombrar al famoso contralor del IFE, que Ugalde ve como una peligrosa cuña de los partidos a los consejeros.

El propio Ugalde (El Universal, 8-11-08) augura también problemas jurídicos cuando los legisladores deban de escoger cuales consejeros se van primero y cuales después. ¿Porque unos sí y otros no? ¿Por qué unos antes y otros después? Pregunta el consejero presidente.

“Siendo un órgano colegiado, no hay manera, salvo la evaluación subjetiva o política, para definir quienes se van y quienes se quedan. Y eso nuevamente coloca al IFE en una posición de vulnerabilidad frente a los partidos políticos”, remata.

German ya es candidato de unidad

Su figura destacaba en el salón de sesiones de San Lázaro. Llevaba ropa casual en un escenario de trajes y corbatas. “Voy a Tabasco a alcanzar al Presidente”, justificó el diputado Gerardo Priego Tapia, originario de la inundada y damnificada entidad. Eran las dos de la tarde del miércoles 31 de octubre.

No sabía aún que el senador Fernando Gonzáles abandonaría poco después la contienda por la presidencia del PAN “Las cuentas no me salen como para que yo pudiera hacer un papel con posibilidades de ganar la dirigencia nacional”, diría con realismo y modestia el ex gobernador de Aguascalientes.

Eso dejaba a Gerardo como el único candidato a legitimar la elección de Germán Martínez, paisano y compadre del presidente Calderón. El registro era de pensarse. El riesgo de hacer el ridículo es real. Al registro de Germán habían asistido 20 dirigentes estatales. Los demás mandaron su respaldo por escrito. El mensaje era claro. A lo máximo que Gerardo podía aspirar era a jugar el papel de Everardo Moreno cuando enfrentó a Roberto Madrazo por la candidatura presidencial del PRI.

En la casa de campaña de Germán ni siquiera tomaban en serio su candidatura. “Hay que ver si logra los diez votos necesarios para registrarse”, comentó irónico uno de los colaboradores del candidato. Aún así, Gerardo decidió mantener la incógnita. “El lunes decido si voy…”, dijo a este semanario.

Priego, un panista de nuevo cuño, aspira a aglutinar a los inconformes que rechazan el pragmatismo y las “alianzas perversas” (léase el SNTE) a las que ha recurrido el PAN para conservar el poder. Esa ha sido su bandera desde que dejó la secretaria de Vinculación Ciudadana del CEN del PAN, luego de su ruptura con el polémico Manuel Espino.

Sus adversarios critican a Priego Tapia por las ligas que en el pasado mantuvo con destacados priistas, pero también con el cuestionado empresario, Carlos Cabal Peniche, quien pasó varios años en las cárceles de Australia y fue aliado de Roberto Madrazo.

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Vuelta para atrás. Lunes 29 de octubre. 13:02 horas. Germán Martínez miró su reloj. Llevaba dos minutos en la improvisada tribuna colocada el auditorio del CEN. José Espina, secretario general del CEN, aún no bajaba de sus oficinas para iniciar el registro de la candidatura del ex secretario de la Función Pública. Al sucesor de Espino lo acompañaba su esposa y el primogénito de Carlos Castillo Peraza, quien lleva el mismo nombre

El número 2 del CEN del PAN no tardaría en bajar. Apenas apareció en el auditorio se inicio el acto. Espina y Carlos Castillo hijo pronunciaron una breves palabras. Llegó el turno de Germán. “Vamos a regresar a tu papá al partido”, fue lo primero que dijo. Sus palabras parecían una denuncia contra Manuel Espino. Un llamado de atención a la línea adoptada por el duranguense, muy lejana a la ideología del desaparecido político yucateco.

Era el de Martínez un discurso crítico, que se pretendía de unidad. Por momentos se volvía demagógico. “Se equivocan, dentro y fuera, quienes creen que la unidad está convocada en torno a personas. La unidad que se pide y exige en Acción Nacional es alrededor de las ideas sociales del PAN…

“En el PAN la unidad es de esencia, no de coyuntura; es de verbo no de adjetivo. Es de cortina, no de ocurrencia. Nuestra unidad nace en la libertad y no vive en la consigna ni la línea. Se reproduce en el debate y no en la cerrazón de quien piensa diferente”, aseveraba Germán.

Sus palabras se inscribían en la operación seducción que semanas atrás emprendió para jalar el apoyo de los sectores ultraconservadores del partido, a los que alguna vez llamó “meones de agua bendita”, parafraseando a un icono del panismo: Adolfo Chrislieb Ibarrola.

Una semana antes de su registro, Germán invitó a comer en su casa de Quiroga, Michoacán, al muy conservador gobernador de Jalisco, Emilio Marquez, y a ese militante de la “vela perpetua” que es Fernando Guzmán, secretario de gobierno en la entidad.

Y más: Martínez fue fotografiado cuando salía de las oficinas del gobernador de Morelos, Marco Adam, la semana anterior a su registro. La imagen fue publicada en diarios de circulación nacional. El morelense no es ultra, pero fue secretario de comunicación del CEN en la primera etapa de Manuel Espino.

Germán ha sostenido también reuniones con panistas guanajuatenses que se incluyen en ese vasto concepto en que es El Yunque. El gobernador de la entidad, Juan Manuel Oliva, fue uno de los 10 firmantes de la solicitud de registro del ex secretario de la Función Pública. Oliva es un espinista convertido al calderonismo por la fuerza de la condición humana.

Otro firmante no calderonista del registro fue Santiago Creel, quien controla un 10 por ciento de los consejeros nacionales. El ex aspirante a la candidatura presidencial del blanquiazul decidió alinease con Germán, sabedor de que no tiene adversario enfrente. Antes de que Germán acudiera a registrarse, el presidente del Senado hizo público su respaldo al calderonista. “Tengo un candidato (para dirigir al PAN) y es Germán Martínez”, dijo.
Otras firmas de apoyo a Martínez fueron las de Luís Felipe Bravo Mena, ex dirigente nacional; Mariana Gómez del Campo, dirigente del PAN en el DF, Cesar Nava, secretario particular del presidente, Gabriela Ruiz, ex tesorera del CEN, Tarsicio Navarrete, ex diputado federal.

La cargada ha sido tan grande que no deja lugar a dudas hacia donde ira el voto de los consejeros. Pase lo que pase, el PAN ya tiene su “candidato de unidad”.