Luces y sombras de la reforma de Justicia Penal.

“Se me paran los pelos de punta”: el ombusdman.

La Cámara de Diputados se prepara para debatir esta semana la minuta de Reforma de Justicia Penal, pendiente desde el pasado mes de diciembre. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo y modificada por el Senado, será sometida al pleno de los diputados a más tardar el jueves 21 de febrero.

La reforma, apoyada por el PRI, el PRD y algunos de La Chiquillada, establece un modelo “acusatorio y garantista” -- primero se investiga y luego se procede en contra del presunto delincuente y no al revés—, pero integra polémicas medidas, como el allanamiento sin orden judicial, o la incomunicación del inculpado, que le paran “los pelos de punta” al ombusdman, José Luís Soberanes.

Modifica 10 artículos constitucionales –16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123- para, entre otras muchas cosas, introducir en la carta magna figuras como el arraigo, cateo, allanamiento; incomunicar a los inculpados en caso de que se trate de delincuencia organizada; admitir como prueba las comunicaciones privadas, extraditar antes de que finalice un proceso penal.

En el lado positivo, establece la figura de jueces de garantía o de control (encargados de hacer respetar las garantías individuales); crea un sistema de defensoría pública de calidad; disminuye el número de delitos sancionados con prisión preventiva, permite a los reos encarcelados por delitos patrimoniales menores a 5 mil pesos permanecer en libertad hasta que se dicte la sentencia.

Incluye, igualmente, una definición de lo que es delincuencia organizada y permite al estado confiscar bienes sobre los cuales existan pruebas suficientes que son instrumento, objeto o producto de ilícitos (extinción de dominio).

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“Es pura esquizofrenia…”, soltó el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, luego de escuchar las quejas del perredista Juan Guerra, sobre los cambios que el Senado le hizo al dictamen sobre Reforma de Justicia Penal, que ya había sido aprobado por la Cámara baja.

Los senadores privaron al Procurador General de la República de la facultad de acceder a información financiera, bursátil, fiduciaria y electoral, cuando tenga que ver con la investigación de un delito. Eso, para Juan Guerra, no es otra cosa que “proteger el lavado de dinero y a los políticos corruptos”.

El legislador mexiquense no ocultaba su extrañeza por la postura de Guerra. Es un argumento absolutamente endeble, decía, el Procurador va a tener acceso a esta información, pero no en forma directa. Y remataba: “ahora resulta que una facultad aprobatoria, con cierta peligrosidad, que fortalece al Ministerio Público, es apoyada por el PRD”,

La oposición a este y otros puntos que tienen que ver con el allanamiento sin orden de un juez, el cateo, la incomunicación y la extradición, han provocado no solo la oposición del PRD, que votará en contra de la reforma, sino también reacciones adversas en distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos.

“Todos sabemos como funcionan las policías en este país. Te puedo mencionar los casos de miles de gentes que han sido arrolladas por las policías y el Ejército. ¿Ahora vamos a tener confianza así como así?”, preguntó Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD, en charla con Vértigo.

Abundó: “En esa ley hay cosas que no tienen sentido. No tiene sentido que, sin decir agua va, se arraigue a una persona. Eso es anticonstitucional. No tiene sentido la incomunicación. Tampoco tiene sentido, porque es un problema de soberanía nacional, que cuando tu capturas a alguien por un delito cometido el México y empieza el proceso de juicio, lo puedas extraditar, sin terminar el proceso. A quien se le ocurre. Eso es entregarle a Estados Unidos mucho más que la dignidad”, puntualizó el perredista.

De aprobarse la iniciativa, lo que parece amarrado para esta semana, las policías podrán ingresar, sin orden judicial, a un domicilio, cuando exista una amenaza, actual o inminente, a la vida de una persona. Ese es el punto que más rechazo suscita.

“Entre la inviolabilidad del domicilio y la protección de la vida, optamos por lo segundo”, defiende César Camacho. El priista, uno de los más entusiastas promotores de la reforma, admite, sin embargo, que el allanamiento sin autorización judicial tiene sus riesgos. “Es una facultad delicada”, dice. Camacho aclara que habrá control judicial expost. Es decir, si un policía ejerce irresponsablemente esa facultad, podría ir a la cárcel. “Tiene que estar justificado”.

Explica, además, que si en el allanamiento se encuentran evidencias de cualquier otro tipo –por ejemplo, si en un secuestro encuentran droga- el hallazgo es nulo. La idea es evitar la “siembra de pruebas”, dice.

La diputada del PAN Omeheira López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, coincide con González Garza en que la aprobación de esta medida representa riesgos para los derechos humanos. “Puede haber excesos, no contamos con una policía capacitada. Tenemos que mejorar el sistema policial”, asegura.

De todas maneras, ella votará a favor. “Ya no podemos perder más tiempo, ni ceder a los chantajes (del PRD). El reclamo de mayor seguridad allí está. Pero además, en estos momentos, como está la parte legal, hay más riesgos para los derechos humanos que con los cambios a esta reforma”, justifica la legisladora del PAN.