Cambios al formato del Informe

Un primero de septiembre diferente.

El Palacio Legislativo, escenario de todas las batallas políticas, tenía ese lunes una apariencia normal. Allí, donde cada año se levantaban impenetrables muros de acero, no había un solo retén.

Mucho menos uniformes, cascos, toletes y escudos, que año con año le daban al sitio una apariencia de zona de guerra. La prepotencia y grosería del Estado Mayor brillaban por su ausencia.

Dentro de San Lázaro no había efervescencia. El Corral de la Ignominia, como se le denomina al lugar asignado a los reporteros en el salón de sesiones, ni siquiera se llenó.

En el palco de invitados, la estrella era la dirigente del PRI, Beatriz Paredes. Por ese lugar desfilaban y se inclinaban diputados de tricolor. Hacían fila para saludarla.

Pero nadie más. Ni Germán Martínez, líder nacional del PAN, ni Guadalupe Acosta Naranjo, presidente substituto del PRD, invitados al evento, se aparecieron por el lugar.

Mucho menos los grandes empresarios, directores de los medios, embajadores o representantes de las Iglesias, que año con año asistían puntualmente a la ceremonia.

La primera fila de curules ya no la ocupaban los integrantes del gabinete.

A Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, le había tocado la tarea de entregar el Informe por escrito al diputado del PRI, Cesar Duarte, presidente de la mesa directiva.

Lo hizo por la mañana, antes de la sesión de Congreso General, que reunió a diputados y senadores para la apertura del periodo ordinario. La ceremonia de entrega no rebasó los seis minutos

Era un primero de septiembre diferente. Se había perdido fastuosidad, espectacularidad y efervescencia, pero se había ganado orden y tranquilidad.

La apertura del periodo se llevaba a cabo en un ambiente de civilidad, a pesar de que unos veinte diputados del Frente Amplio Progresista tomaron brevemente la tribuna y desplegaron sus pejemantas en la vespertina sesión.

Los cambios al formato del Informe, derivados de las reformas a los artículos 69 y 93 de la Constitución, habían hecho posible el milagro. Por primera vez no se pesaban gritos ni consignas en el Palacio Legislativo un primero de septiembre, otrora “Día del Presidente”, que la pluralidad transformó en día de ¡Péguele al Presidente!

En el salón de sesiones, sin embargo, se expresaban dudas sobre la conveniencia del nuevo formato, que exime al Presidente de la República de la obligación de asistir físicamente a entregar el Informe. Los cambios a la Carta Magna lo obligan únicamente a acudir al Congreso a colgarse la banda presidencial y rendir la protesta de Ley.

¿Se ganó en la rendición de cuentas? ¿En el diálogo entre poderes? ¿Le conviene al Congreso no tener contacto directo con el jefe de la Nación a lo largo de su gestión? son preguntas frecuentes entre preocupados legisladores, que no están de acuerdo que este formato.

Samuel Palma, diputado del PRI, integrante de la comisión de Puntos Constitucionalesque trabajó en las modificaciones a la Carta Magna, manifestaba era uno de los inconformes por el hecho de que el jefe de la Nación ya no está obligado a comparecer ante esa representación popular.

El legislador tricolor recordó que la propuesta inicial para modificar el formato incluía la posibilidad de que alguna de las cámaras citara al Ejecutivo, una vez cada año, seis o siete meses después de que entregara el Informe por escrito. “pero no hubo acuerdo, el PAN se opuso”, dijo a Vértigo.

El senador del PAN, Santiago Creel, afirmó que los cambios a la Constitución se derivan del comportamiento que ha tenido el PRD en los últimos informes. A Vicente Fox no lo dejaron entrar siquiera al salón de sesiones, mientras que Felipe Calderón apenas pudo llegar a la tribuna para hacer entrega de su primer informe.

El ex presidente de la mesa directiva de la cámara alta reconoció que el nuevo formato, al que considera “temporal”, le resta poder de interlocución al Congreso frente al Ejecutivo. “La comunicación entre los dos poderes se debe dar en forma permanente y no en silencios intermitentes”, puntualizó.

Rene Arce, senador del PRD, se congratula que se le haya quitado al Informe del presidente la “fastuosidad”. Reconoce que al eliminar el viejo formato se termina también con los enfrentamientos y la discordia que esa ceremonia traía consigo cada primero de septiembre.

Pero el perredista se sumó también a los que consideran que eliminar la obligación de que el presidente comparezca ante el Congreso de la Unión no favorece a la rendición de cuentas, ni al diálogo entre los poderes. “es un asunto que tendremos que revisar”, subraya.

Para Arce, lo ideal hubiera sido que el Congreso copiara el formato que se aplica en la Asamblea Legislativa durante el Informe del Jefe de Gobierno de la Ciudad. El Ejecutivo local responde a las preguntas que le hacen los grupos parlamentarios representados en ese órgano legislativo.

No fue fácil que Marcelo Ebrard aceptara el debate con los asambleístas. Estaba convencido que la Comisión de Gobierno de la ALDF, encabezada por el perredista Víctor Hugo Círigo, de Nueva Izquierda, quería tenderle una celada.”Ahora hasta le gusta. El dialogo ha sido respetuoso y le da la oportunidad de responder”, subraya Arce.

El diputado del PAN, Cristian Castaño, vicepresidente de la mesa directiva en San Lázaro, reconoce igualmente que hay cosas que mejorar en la reforma que se hizo al Informe Presidencial, en virtud de que, incluso, el propio Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa en la Comisión Permanente, desde el año pasado, para que pudiera haber interpelaciones al Jefe del Ejecutivo y se produjera un diálogo más franco, abierto y transparente entre los dos poderes.

“Evidentemente pues esto no pudo cristalizarse. Allí está la iniciativa en comisiones. Me parece que sí se puede avanzar más para hacer ese diálogo abierto. Puede haber interpelaciones al Jefe del Ejecutivo, independientemente de que sí hay un avance en el hecho de citar a secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de los organismos paraestatales y descentralizados, bajo protesta de decir verdad, eso hay que decirlo, también: ha sido un avance”, puntualizó.

Cada una de las cámaras realizará el análisis del Informe, y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información, mediante pregunta por escrito, que deberá ser respondida en un plazo no mayor a los 15 días naturales, a partir de su recepción.

Los legisladores podrán citar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores de las entidades paraestatales; quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.

Si el pleno o las comisiones consideran que el compareciente incurrió en omisiones o faltas graves en la rendición de sus informes, el presidente de la cámara que corresponda lo comunicará al presidente de la República, por conducto del secretario de Gobernación. Los funcionarios podrían incurrir en un delito si se comprueban esas faltas u omisiones, porque están bajo protesta de decir verdad. “Podríamos llevarlos a juicio político si le mienten al Congreso”, advirtió.