Avanza la Reforma JudicialA partir de la iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y de Seguridad Publica, que el presidente Calderón hizo llegar al Congreso, los senadores y diputados intentan, una vez más, ampliar el arsenal jurídico para alcanzar lo que hasta ahora ha sido una utopía para los mexicanos: un país mas seguro y con mayor justicia penal.
El dictamen que se perfila busca hacer más rápida, eficiente y efectiva la aplicación de la justicia penal. La urgencia de atender la demanda más sentida de la población, la seguridad, llevó al Presidente a proponer, en su iniciativa, una polémica medida que ya fue descartada por los legisladores : la aplicación de medidas cautelares –arrestos, cateos, intervenciones telefónicas----sin autorización previa de un juez.
En el Senado, cámara de origen de la reforma, se dieron cuenta inmediatamente los riesgos para las garantías individuales que esta medida podría acarrear. Se inició entonces una carrera contra reloj para encontrar la fórmula que permitiera hacer más eficiente el trabajo de las policías, como lo solicita el Presidente, sin desatar una ola de atropellos.
Muchas horas de debate permitieron llegar al acuerdo de crear lo que el priista Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación, llama “Jueces de Garantías”. Estos tendrán cómo función específica cuidar que las policías no atropellen los derechos individuales, cuando apliquen la medidas cautelares.
El senador hidalguense revela también a este semanario que hay una propuesta de su partido para que la solicitud de arresto, de cateo o cualquier otra medida cautelar pueda hacerse por teléfono o por Internet, a fin de darle celeridad, como ya se hace en Colombia o en Italia.
El panista Ulises Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores, reconoce que la medida de aplicar las medidas cautelares sin la autorización previa de un juez, fue las que más polémica provocó entre los legisladores.
“El tema llevó la discusión mas amplia. Era donde había más puntos de discordancia. Después de un número importante de reuniones entre los presidentes de las diversas comisiones que estuvimos participando -- Puntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Gobernación, y Estudios Legislativos, Segunda Comisión-- hemos llegado a un acuerdo general que ya se tradujo en una conclusión Legislativa”, dice Ramírez.
--¿Cuál fue?- interrumpimos
-- La creación de este grupo especial de jueces que autoricen los cateos, las intervenciones telefónicas, los arraigos, para que con la misma contundencia que se solicitó en la propuesta del presidente, se haga, pero previa autorización judicial—repuso.
Las negociaciones están avanzadas en un 97 por ciento. La Junta de Coordinación Política, en voz de su presidente, el priista Manlio Fabio Beltrones, declaró, a mediados de la semana pasada, que la reforma estaría lista en el mes octubre próximo.
“Mediante ese acuerdo, queremos darle mejores instrumentos al gobierno mexicano, a fin de combatir con mayor eficacia los temas de seguridad pública que azotan a buena parte del país y afectan la tranquilidad de los mexicanos. También queremos generar reformas en materia de justicia que agilicen la impartición de la misma”, puntualizó Beltrones
-- ¿El PAN estaría de acuerdo en que las medidas cautelares puedan ser solicitadas por telefono o internet?—le preguntamos a Ulises Ramírez.
-- En este caso no hemos llegado a ese nivel. Lo que estamos previendo es que sea muy expedito, y que le de mayor contundencia a las acciones que ejerza la procuraduría respecto de temas vinculados a la delincuencia organizada.
* * *
Otro tema de controversia es el de los cacicazgos que se han formado dentro de las corporaciones policíacas. Muchas veces los mandos policíacos o los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo esta tarea, despiden o relevan a algunos de malos elementos, que por pérdida de confianza ya no merecen estar en estas corporaciones, pero luego los tienen que volver a instalar por resoluciones judiciales
“Se va a elevar a rango constitucional para que ya no sea así. Ser va a resguardar el derecho de los policías y los ministerios públicos, para que sean indemnizados cuando sea el caso, pero no reinstalados”, asegura Ramirez.
Añade: “Hemos visto casos en todos los niveles de gobierno que se ha tenido que reinstalar, por resolución judicial, pagarles años de sueldos caídos y reinstalarlos en sus puestos, porque había este vicio legal que provoca vicios, corrupción, cacicazgos, hacia dentro de las corporaciones policíacas.”
* * *
Un resumen ejecutivo de las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública destaca otros aspectos de la reforma constitucional que se prepara.
En materia de Justicia penal:
-- La introducción a la Constitución de los principios rectores para el cambio del sistema inquisitorio de la justicia penal, al sistema acusatorio, dentro del que se ubican los juicios orales. Se prevé un periodo de coexistencia y transición de siete años para establecer en el país el cambio de sistema.
-- El rompimiento del monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Publico, con lo que en algunos delitos no graves, los ciudadanos podrán acudir directamente al juez.
-- Mayor protección a las victimas de los delitos.
-- Protección a los testigos, sobre todo en delitos cometidos por la delincuencia organizada.
-- En algunos casos no será obligatorio el careo de victimas o testigos con el procesado.
-- Las órdenes de cateo, intervenciones telefónicas y arraigo serán utilizadas previamente por los jueces que el Poder Judicial determine para agilizar y tales medidas de forma expedita y sin fuga de información.
En materia de seguridad publica:
-- Se elevara a rango constitucional la facultad de investigación para la policía preventiva, en el ámbito de su competencia.
-- Los agentes del MP, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de a federación podrán ser removidos de sus encargos si dejan de cumplir con los requisitos de la Ley o incurren en responsabilidad, sin que tenga la obligación de reinstalarlos. Bastará con que se les pague la indemnización de Ley
-- Se facilita la extinción de dominio de los bienes asegurados en la comisión de delitos.
-- Se creará el Centro Nacional de Capacitación y Evaluación de las distintas policías, para la depuración objetiva de las corporaciones.
-- Se faculta al Congreso para legislar sobre la organización y funcionamiento de la Policía Federal.
-- Se facilita la profesionalización y especialización de una policía científica que responda a los actuales requerimientos de seguridad.
* * *
Las fuerzas políticas representadas en el Congreso, inicialmente PRI, PAN y PRD, han expresado voluntad plena para avanzar y trabajar juntos en la reforma. La pauta que ha dado la Junta de Coordinación Política es de suscribir un compromiso público en el sentido de avanzar.
“¿Qué está en el centro?”, se pregunta el senador perredista Tomás Torres, presidente de la segunda Comisión de Estudios Legislativos. El mismo responde: “La problemática severísima de seguridad pública, que es prima hermana de sangre de la justicia”.
“Por un lado –prosigue el perredista---- ejecuciones incontables, el riesgo permanente de la integridad de las personas, de sus familias, de sus bienes. Por el otro, el asunto más grande es la confianza. Están rebasadas las instituciones, particularmente en el concepto de seguridad publica: no está clara, ni definida, esa coordinación que debería de existir entre las autoridades federales, estatales y municipales, especialmente de corporaciones policíacas.”
Torres coincide en que la iniciativa del Presidente suscitó reticencias por la propuesta de autorizar medidas cautelares sin autorización previa de un juez. “Ha habido un posicionamiento mayoritario, en el sentido de suprimir esa parte”, señala.
Ya encarrerado, el senador zacatecano recuerda que en el sistema sajón, la mentira puede ser más grave que el delito, pero que en México la mentira es casi practica cotidiana. “Eso es muy grave”, recalca.
-- Pero eso es muy difícil corregirlo con leyes—atajamos.
-- Usted lo ha dicho. Me parece que en el sistema penal mexicano no necesariamente es un asunto de decretos. Hay una parte que le toca al Congreso. Podremos ver juicios orales, reparación del daño, medidas cautelares, todo lo referente a la investigación y la actuación del Ministerio Público. La ejecución de las penas. Ese es el marco legislativo. Pero hay otra parte que son los programas de gobierno. Nadie tiene confianza en la policía en México, y la Ley no va a cambiar esa condición.
“La Constitución habrá de contemplar en esta reforma el asunto de la remoción de miembros de corporaciones policíacas, definir un régimen específico de relaciones laborales, para que no vayan a los tribunales, como ocurre, luego ordenan las reinstalaciones. Esa parte puede estar en la Ley. El asunto es cuales son los programas de gobierno que pueden incidir en la realidad, en reivindicar lo más importante, que no es la ley., sino la confianza de la gente. Llega a suceder en México, y lo digo con toda responsabilidad, que el delito no siempre empieza afuera del Ministerio Público o de las instancias de investigación, a veces empieza dentro.
-- ¿Van a hacer algo con la PGR?- preguntamos a Torres.
--Yo participo de la posición del grupo parlamentario. Se ha planteado la autonomía del MP. Es decir, un Procurador General de la Republica, propuesto de una terna, votado en el seno del Congreso, pudiera ser en el Senado de la República, con una mayoría calificada. Seguramente es un mecanismo para democratizar. Sin embargo hay que ser cuidadosos. Ahora más que nunca hay debilidad de la PGR. No por quien la preside, sino porque hay una estructura laboral débil, con salarios bajos. Los ministerios públicos federales no perciben un emolumento ni siquiera a la mitad de lo de un juez federal. Los oficiales del MP reciben salarios de miseria. Es más poderoso un agente de la AFI o un delegado de la AFI, que un MP. Esa parte tiene que corregirse no a partir del nombramiento del Procurador, sino en un ejercicio de gobierno, al interior. No me parece que la mejor alternativa sea darle mando unitario a la policía, desde la Secretaria de Seguridad Pública.
El dictamen que se perfila busca hacer más rápida, eficiente y efectiva la aplicación de la justicia penal. La urgencia de atender la demanda más sentida de la población, la seguridad, llevó al Presidente a proponer, en su iniciativa, una polémica medida que ya fue descartada por los legisladores : la aplicación de medidas cautelares –arrestos, cateos, intervenciones telefónicas----sin autorización previa de un juez.
En el Senado, cámara de origen de la reforma, se dieron cuenta inmediatamente los riesgos para las garantías individuales que esta medida podría acarrear. Se inició entonces una carrera contra reloj para encontrar la fórmula que permitiera hacer más eficiente el trabajo de las policías, como lo solicita el Presidente, sin desatar una ola de atropellos.
Muchas horas de debate permitieron llegar al acuerdo de crear lo que el priista Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación, llama “Jueces de Garantías”. Estos tendrán cómo función específica cuidar que las policías no atropellen los derechos individuales, cuando apliquen la medidas cautelares.
El senador hidalguense revela también a este semanario que hay una propuesta de su partido para que la solicitud de arresto, de cateo o cualquier otra medida cautelar pueda hacerse por teléfono o por Internet, a fin de darle celeridad, como ya se hace en Colombia o en Italia.
El panista Ulises Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores, reconoce que la medida de aplicar las medidas cautelares sin la autorización previa de un juez, fue las que más polémica provocó entre los legisladores.
“El tema llevó la discusión mas amplia. Era donde había más puntos de discordancia. Después de un número importante de reuniones entre los presidentes de las diversas comisiones que estuvimos participando -- Puntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Gobernación, y Estudios Legislativos, Segunda Comisión-- hemos llegado a un acuerdo general que ya se tradujo en una conclusión Legislativa”, dice Ramírez.
--¿Cuál fue?- interrumpimos
-- La creación de este grupo especial de jueces que autoricen los cateos, las intervenciones telefónicas, los arraigos, para que con la misma contundencia que se solicitó en la propuesta del presidente, se haga, pero previa autorización judicial—repuso.
Las negociaciones están avanzadas en un 97 por ciento. La Junta de Coordinación Política, en voz de su presidente, el priista Manlio Fabio Beltrones, declaró, a mediados de la semana pasada, que la reforma estaría lista en el mes octubre próximo.
“Mediante ese acuerdo, queremos darle mejores instrumentos al gobierno mexicano, a fin de combatir con mayor eficacia los temas de seguridad pública que azotan a buena parte del país y afectan la tranquilidad de los mexicanos. También queremos generar reformas en materia de justicia que agilicen la impartición de la misma”, puntualizó Beltrones
-- ¿El PAN estaría de acuerdo en que las medidas cautelares puedan ser solicitadas por telefono o internet?—le preguntamos a Ulises Ramírez.
-- En este caso no hemos llegado a ese nivel. Lo que estamos previendo es que sea muy expedito, y que le de mayor contundencia a las acciones que ejerza la procuraduría respecto de temas vinculados a la delincuencia organizada.
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Otro tema de controversia es el de los cacicazgos que se han formado dentro de las corporaciones policíacas. Muchas veces los mandos policíacos o los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo esta tarea, despiden o relevan a algunos de malos elementos, que por pérdida de confianza ya no merecen estar en estas corporaciones, pero luego los tienen que volver a instalar por resoluciones judiciales
“Se va a elevar a rango constitucional para que ya no sea así. Ser va a resguardar el derecho de los policías y los ministerios públicos, para que sean indemnizados cuando sea el caso, pero no reinstalados”, asegura Ramirez.
Añade: “Hemos visto casos en todos los niveles de gobierno que se ha tenido que reinstalar, por resolución judicial, pagarles años de sueldos caídos y reinstalarlos en sus puestos, porque había este vicio legal que provoca vicios, corrupción, cacicazgos, hacia dentro de las corporaciones policíacas.”
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Un resumen ejecutivo de las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública destaca otros aspectos de la reforma constitucional que se prepara.
En materia de Justicia penal:
-- La introducción a la Constitución de los principios rectores para el cambio del sistema inquisitorio de la justicia penal, al sistema acusatorio, dentro del que se ubican los juicios orales. Se prevé un periodo de coexistencia y transición de siete años para establecer en el país el cambio de sistema.
-- El rompimiento del monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Publico, con lo que en algunos delitos no graves, los ciudadanos podrán acudir directamente al juez.
-- Mayor protección a las victimas de los delitos.
-- Protección a los testigos, sobre todo en delitos cometidos por la delincuencia organizada.
-- En algunos casos no será obligatorio el careo de victimas o testigos con el procesado.
-- Las órdenes de cateo, intervenciones telefónicas y arraigo serán utilizadas previamente por los jueces que el Poder Judicial determine para agilizar y tales medidas de forma expedita y sin fuga de información.
En materia de seguridad publica:
-- Se elevara a rango constitucional la facultad de investigación para la policía preventiva, en el ámbito de su competencia.
-- Los agentes del MP, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de a federación podrán ser removidos de sus encargos si dejan de cumplir con los requisitos de la Ley o incurren en responsabilidad, sin que tenga la obligación de reinstalarlos. Bastará con que se les pague la indemnización de Ley
-- Se facilita la extinción de dominio de los bienes asegurados en la comisión de delitos.
-- Se creará el Centro Nacional de Capacitación y Evaluación de las distintas policías, para la depuración objetiva de las corporaciones.
-- Se faculta al Congreso para legislar sobre la organización y funcionamiento de la Policía Federal.
-- Se facilita la profesionalización y especialización de una policía científica que responda a los actuales requerimientos de seguridad.
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Las fuerzas políticas representadas en el Congreso, inicialmente PRI, PAN y PRD, han expresado voluntad plena para avanzar y trabajar juntos en la reforma. La pauta que ha dado la Junta de Coordinación Política es de suscribir un compromiso público en el sentido de avanzar.
“¿Qué está en el centro?”, se pregunta el senador perredista Tomás Torres, presidente de la segunda Comisión de Estudios Legislativos. El mismo responde: “La problemática severísima de seguridad pública, que es prima hermana de sangre de la justicia”.
“Por un lado –prosigue el perredista---- ejecuciones incontables, el riesgo permanente de la integridad de las personas, de sus familias, de sus bienes. Por el otro, el asunto más grande es la confianza. Están rebasadas las instituciones, particularmente en el concepto de seguridad publica: no está clara, ni definida, esa coordinación que debería de existir entre las autoridades federales, estatales y municipales, especialmente de corporaciones policíacas.”
Torres coincide en que la iniciativa del Presidente suscitó reticencias por la propuesta de autorizar medidas cautelares sin autorización previa de un juez. “Ha habido un posicionamiento mayoritario, en el sentido de suprimir esa parte”, señala.
Ya encarrerado, el senador zacatecano recuerda que en el sistema sajón, la mentira puede ser más grave que el delito, pero que en México la mentira es casi practica cotidiana. “Eso es muy grave”, recalca.
-- Pero eso es muy difícil corregirlo con leyes—atajamos.
-- Usted lo ha dicho. Me parece que en el sistema penal mexicano no necesariamente es un asunto de decretos. Hay una parte que le toca al Congreso. Podremos ver juicios orales, reparación del daño, medidas cautelares, todo lo referente a la investigación y la actuación del Ministerio Público. La ejecución de las penas. Ese es el marco legislativo. Pero hay otra parte que son los programas de gobierno. Nadie tiene confianza en la policía en México, y la Ley no va a cambiar esa condición.
“La Constitución habrá de contemplar en esta reforma el asunto de la remoción de miembros de corporaciones policíacas, definir un régimen específico de relaciones laborales, para que no vayan a los tribunales, como ocurre, luego ordenan las reinstalaciones. Esa parte puede estar en la Ley. El asunto es cuales son los programas de gobierno que pueden incidir en la realidad, en reivindicar lo más importante, que no es la ley., sino la confianza de la gente. Llega a suceder en México, y lo digo con toda responsabilidad, que el delito no siempre empieza afuera del Ministerio Público o de las instancias de investigación, a veces empieza dentro.
-- ¿Van a hacer algo con la PGR?- preguntamos a Torres.
--Yo participo de la posición del grupo parlamentario. Se ha planteado la autonomía del MP. Es decir, un Procurador General de la Republica, propuesto de una terna, votado en el seno del Congreso, pudiera ser en el Senado de la República, con una mayoría calificada. Seguramente es un mecanismo para democratizar. Sin embargo hay que ser cuidadosos. Ahora más que nunca hay debilidad de la PGR. No por quien la preside, sino porque hay una estructura laboral débil, con salarios bajos. Los ministerios públicos federales no perciben un emolumento ni siquiera a la mitad de lo de un juez federal. Los oficiales del MP reciben salarios de miseria. Es más poderoso un agente de la AFI o un delegado de la AFI, que un MP. Esa parte tiene que corregirse no a partir del nombramiento del Procurador, sino en un ejercicio de gobierno, al interior. No me parece que la mejor alternativa sea darle mando unitario a la policía, desde la Secretaria de Seguridad Pública.
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