El Congreso quedó a deber

El plazo de 100 días “no aplica en las Cámaras”: legisladores.



La cuenta regresiva terminó el sábado 29 de diciembre. Se cumplieron los 100 días de plazo de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el pasado mes de agosto. Los legisladores quedaron a deber en las tareas que les fueron encomendadas en el famoso documento leído por el entonces secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa, el único funcionario que con honestidad asumió el reto lanzado por el empresario Fernando Marti: si no pueden renuncien.

Diputados y senadores, es cierto, trabajan en los últimos días a marchas forzadas en algunos de los compromisos plasmados en el famoso documento suscrito por el Presidente Calderón, los gobernadores, representantes del Congreso. Pero el sábado llegaron a Palacio Nacional, sin haber concretado ninguna de las leyes reglamentarias del decreto constitucional en materia de seguridad y justicia, aprobado hace cinco meses.

El Acuerdo Nacional urgía legislar contra el narcomenudeo; establecer mecanismos en la Ley de Ejecuciones de Sanciones Penales, para impedir la preliberación de plagiarios y de aquellos delincuentes que cometan actos ilícitos con violencia. Se solicitaba también aprobar una Ley General contra el Secuestro, y otorgar más recursos a estados y municipios para combatir la criminalidad.

En esto último si alcanzaron el objetivo. Hay más recursos para la seguridad. Pero intereses partidarios y disputas que rayan en lo pueril, impidieron que las leyes se aprobaran antes de que venciera un plazo fijado en el Acuerdo que, por lo demás, no reconocen.

“El plazo no es aplicable al Poder Legislativo”, dijo a Vértigo el diputado del PRI, Cesar Camacho, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja. “El único plazo válido es el fin del periodo ordinario, que es el 15 de diciembre, aunque eventualmente, por los días de sesión, pudiera ser el 11 de diciembre.”

El diputado panista, Christian Castaño, coincidió en que el debate parlamentario sobre temas medulares, como son seguridad y justicia, no puede sujetarse a los 100 días. “No podemos arriesgarnos a tener errores u omisiones, y sacar leyes al vapor, para que luego nos digan ‘mira como legisla el Congreso”, puntualizó.

Otro priista, Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, profundizó: “la Ley requiere de debate, de análisis. No podríamos sujetarnos a determinados plazos en la elaboración de las leyes, por razones mediáticas o de conveniencia”, dijo.

Rivera recordó que, en el tema de seguridad, el Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente Calderón, tiene muchos pendientes. “Allí está Chihuahua, que es un estado en llamas; está baja California, está todo el país. Vivimos una situación de extremo peligro. Se han cumplido algunos aspectos, pero no podemos decir que se ha resuelto”, destacó.

El mismísimo coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón, les dijo a los reporteros de la fuente que las cámaras pretenden hacer leyes buenas “y no para salir en los medios o justificar algunas cosas.”

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“¡No me digas mentiras…!”, tronó el diputado César Camacho, en la ríspida conversación telefónica que sostenía con el senador del PAN, Alejandro González Alcocer. Le dijo mas: “Si eres honrando, la Ley de Seguridad no es mía. Dices que Rivera la quiere llevar allá, y que Chucho (Murillo Karam) la quiere traer acá. No es así, pero si así fuera, no es mi bronca”

A Camacho no le había gustado nadita que el panista ex gobernador de Baja California hubiera declarado a Vértigo que las negociaciones sobre las leyes de seguridad y justicia estaban paralizadas por una bronca entre priistas.

“Hay una guerra de protagonismos entre diputados y senadores del PRI. Cesar Camacho quiso llevarse a la Cámara de Diputados la Miscelánea Penal y enviar al Senado la Ley de Seguridad, pero los priistas de aquí no lo permitieron. Eso nos tiene paralizados desde hace dos meses”, aseguró al semanario el legislador azul.

“Eso es grilla barata; es triste que se trate de politizar un tema tan serio como es la seguridad”, reviró el diputado del PRI, Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad en San Lázaro. Rivera achacó el retraso en la aprobación de la Ley de Seguridad a la poca disposición del gobierno federal, y del PAN, para ceder a las cuatro demandas del PRI y el PRD.

Estas cuatro exigencias son: que el presidente de la República presida el Consejo Nacional de Seguridad Publica, y no el Secretario de Seguridad Pública; 2) Que el Instituto para Evaluar y Certificar a los cuerpos policíacos sea autónomo; 3) que no se vulnere la soberanía local con la retención de los recursos, en caso que algún gobierno estatal o municipal rehúse coordinarse con la Federación; y 4) la creación del Instituto de Prevención del Delito

“La Secretaría de Gobernación está obstruyendo, porque de allí depende la estructura del Consejo Nacional; algunas disposiciones del control que quieren tener sobre los estados, y el sistema de información y prevención del delito”, aseguró Rivera Bedoya.

La bronca mayúscula son los dineros. La Ley obliga a coordinarse a los tres niveles de gobierno. Si un estado, o un municipio, se rehúsa a hacerlo, la Federación podría retenerle los recursos de seguridad, para alinearlo. “Es un mecanismo de presión fáctica. No puede haber ese margen de discrecionalidad. Esto puede devenir en la pretensión federal de imponer determinada medida”, advirtió Camacho.

Larios, el panista, considera que el fondo del asunto es que los gobernadores se rehúsan a transparentar el uso de recursos, que en varios estados ni siquiera se han ejercido. Datos del gobierno federal aseguran que en el 2008 hay un subejercicio de 7 mil millones de pesos.

“Ellos dicen que la Federación quiere imponerse a los estados, mediante esa facultad de retener los recursos cuando no se quiera coordinar. Le echan la culpa al gobierno federal de que no hay avances en materia de seguridad, y luego ves las cuentas que no han sido tocadas; recursos que públicos que vienen de partidas asignadas a seguridad y a los gobiernos estatales o municipales, no ejercen”, precisó Christian Castaño.

En el Senado, paralelamente, se anunció la posibilidad de no clausurar el periodo de sesiones el 11 de diciembre próximo, como se tenía previsto, y alargarlo el tiempo que sea necesario para legislar la Miscelánea Penal, la Ley de Extinción de Dominio y, quizás, la Ley para Combatir el Narcomenudeo.

La Ley que está a punto de aprobarse en la Cámara de Diputados es la de Seguridad Publica. Lleva un 97 por ciento de avance, según el panista Edgar Olvera, secretario de la Comisión de Presupuesto. Un grupo de trabajo, integrado por dos diputados de cada partido, trabajó durante el fin de semana para resolver las cuatro diferencias y tener el dictamen listo para el lunes 1 de diciembre.

“La expectativa es que el martes suba a tribuna y con dispensa de trámites --primera y segunda lectura—se apruebe ese mismo día”, precisó Camacho.